Creado tras las informaciones periodísticas sobre Begoña Gómez persigue «reforzar la transparencia de nuestra democracia», según el Gobierno
01 oct 2024 . Actualizado a las 18:32 h.La Comisión Interministerial de seguimiento del Plan de Acción por la Democracia, el plan de control de medios del Gobierno, ha comenzado a funcionar esta mañana, bajo la presidencia del ministro Félix Bolaños. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha informado este martes, tras el Consejo de Ministros, de que la comisión se ha constituido esta mañana en el Complejo de la Moncloa, y que se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de septiembre la creación de la comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, e integrada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como vicepresidente, además de otros miembros del ejecutivo.
«El Plan de Acción por la Democracia persigue materializar y profundizar en las recomendaciones adoptadas por la Comisión Europea en el 2020 y el 2023, reforzando la transparencia de nuestra democracia», según el Gobierno.
El plan en sí fue aprobado el pasado 17 de septiembre, y suscitó el rechazo del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijoo, lo considera un intento de «controlar a los medios de comunicación» y lo relaciona con la investigación judicial a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
El Gobierno pretende controlar cada tres meses a los medios de comunicación
Una comisión formada por seis ministros empezará a funcionar en octubre
G. B.
El Gobierno pone en marcha de inmediato su plan para controlar la labor de los medios de comunicación. La perspectiva es que el llamado Plan de Acción por la Democracia comience a ser operativo en un mes. Para ello, el Gobierno tiene previsto aprobar el próximo martes un real decreto que incorpora la creación de una comisión interministerial, en la que participarán seis ministros, encargados de realizar el seguimiento del desarrollo de las medidas que el pasado martes presentó el Gobierno.
La comisión ministerial estará formada por los titulares de Presidencia, Félix Bolaños; el de Cultura, Ernest Urtasun; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Hacienda, María Jesús Montero; el de Economía, Carlos Cuerpo y el de Transformación Digital, Óscar López. Tres de esos ministros, Bolaños, Montero y López, forman parte del núcleo de poder más cercano al presidente del Gobierno.
La previsión, según la información publicada este jueves por el diario Abc, es que ese organismo político evalúe al menos cada tres meses el grado de cumplimiento del plan antes de que las 11 líneas de actuación previstas y las 31 medidas que comprende el proyecto pasen por el Congreso, a pesar de que el horizonte temporal para el desarrollo completo del plan abarca hasta el año 2027, es decir, un período de tres años. La conclusión es que el Gobierno comenzará a hacer una labor de seguimiento de los medios desde el mes de octubre, para comprobar si lo que se publica se ajusta o no a la verdad.
El Gobierno, según está previsto, se reserva la posibilidad de actuar cuando considere oportuno sobre el grado de cumplimiento y ejecución del plan, de acuerdo con «con los indicadores previstos en los planes o programas que ejecuten o desarrollen». La comisión interministerial hará una valoración final del cumplimiento, pero efectuará también una evaluación «intermedia que controle el grado de implementación y el impacto producido».
La creación de esta comisión no tendrá ninguna repercusión en los Presupuestos ya que no supone un aumento del gasto público y funcionará con los medios materiales y personales de los que ya disponen los seis ministerios. Se ajusta, según el borrador del decreto listo para su aprobación en el próximo Consejo de Ministros, al principio de seguridad jurídica «pues resulta plenamente coherente con el resto del ordenamiento jurídico y su sistema de fuentes». Garantizará ademas el principio de transparencia.
La comisión estará adscrita al ministerio dirigido por Bolaños y tendrá como funciones el «impulso y coordinación de las medidas que haya de adoptar la Administración General del Estado en el seno del Plan de Acción por la Democracia», así como el «seguimiento periódico de las propuestas y actuaciones de los departamentos ministeriales». Además, vigilará el grado de cumplimiento de las mismas y tendrá la posibilidad de modificar el contenido del plan con medidas conducentes a su mejora y al cumplimiento del mismo.
El Gobierno ha prescindido del trámite de consulta pública porque «se trata de una norma organizativa que carece de un impacto significativo en la actividad económica y no impone obligaciones relevantes a los destinatarios». Igualmente, ha prescindido de «los trámites de audiencia e información pública» y no reserva papel alguno para las autonomías en el plan.
La CNMC no conocía el plan
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, aseguró este jueves que desconocía que tendrá que llevar un registro de medios, pero que si el Congreso le da el mandato legal para asumirlo, la institución ejercerá esa función con responsabilidad, rigor técnico e independencia. «El anuncio nos sorprendió a nosotros igual que a todo el mundo el mismo martes», dijo. La portavoz del PP, Tristana Moraleja, le había preguntado si la «decisión arbitraria del Gobierno» podría comprometer la independencia de la CNMC, al pretender convertirla «en órgano de control y censura de los medios de comunicación».