La Fiscalía se une a la ofensiva de Sánchez y pide que se abra una causa contra el juez Peinado
ESPAÑA
El Ministerio Público reclama al TSJM que admita la demanda del presidente contra el magistrado por prevaricación por prohibirle que declarara por escrito en las diligencias contra Begoña Gómez
12 sep 2024 . Actualizado a las 12:25 h.La Fiscalía se une a la ofensiva de Pedro Sánchez contra el juez que investiga a su esposa por tráfico de influencias y corrupción y pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que admita su querella por «prevaricación judicial» contra Juan Carlos Peinado.
El Ministerio Público, en esencia, considera que «no se puede descartar a priori» que el juez que ha abierto diligencias previas a Begoña Gómez efectivamente incurriera en esa supuesta prevaricación de la que le acusa el presidente pues -entiende la Fiscalía- Peinado pudo incurrir en una «resolución arbitraria o injusta» en su decisión de prohibir a Sánchez declarar por escrito en este procedimiento, tal y como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permite a las autoridades, entre ellas al jefe del Ejecutivo.
Sánchez, a través de la Abogacía del Estado y en un movimiento sin precedentes, el pasado 30 de julio, tras acogerse en Moncloa a su derecho a no declarar contra su mujer y guardar silencio ante el instructor, se querelló ante el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid por la «necesidad de defender la institución que representa la Presidencia del Gobierno» frente a la «arbitrariedad» de Peinado.
La demanda que firmaba la letrada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro, veía una clara prevaricación en la actuación de Peinado en su empeño por interrogar en persona a toda costa al presidente, incluso a sabiendas de que no podía hacerlo una vez que él había manifestado su intención de limitarse a responder un cuestionario, tal y como le ampararía la Ley de Enjuiciamiento Criminal por tratase de hechos que no son ajenos al cargo que actualmente ostenta Sánchez. Según los servicios jurídicos, Peinado ha «violentado sin motivación posible» la ley para intentar interrogar en persona al presidente con «una finalidad extraprocesal».
«Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada contraviene la normativa que la regula (Ley de Enjuiciamiento Criminal), despojando a quien ostenta, la Presidencia de uno de los poderes del Estado, de las garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable», zanjaba la querella.
Aunque la querella, posteriormente ampliada el 31 de agosto, enumeraba diversas resoluciones que Sánchez consideraba injustas o de dudosa motivación, el eje de la demanda con la que el jefe del Ejecutivo pretende el apartamiento de la carrera judicial de este magistrado -la prevaricación está castigada con hasta 15 años de inhabilitación- era esa negativa del instructor a dejarle declarar por escrito.
Peinado se lo denegó y le respondió que, según el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entendía que estaba facultado para tomarle declaración en Moncloa o en su despacho oficial al tratarse de hechos de los que no había tenido conocimiento por su cargo. Esgrimió el juez que solo le iba a cuestionar como esposo de Begoña Gómez y por las actividades de su cónyuge, algo que -apunta la Abogacía en su escrito- no tiene sentido cuando la acusación es el tráfico de influencias, una figura que solo se puede cometer por alguien haciendo uso de su autoridad.
Posteriormente, a finales de agosto Sánchez amplió su querella aduciendo que la labor del magistrado «contraviene la doctrina existente» y que supone una «injusticia intrínseca». Esa ampliación tuvo lugar después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordase que las partes personadas en la causa en la que investiga a Gómez pudiesen acceder al vídeo de la declaración del presidente como testigo, que tuvo lugar en el Palacio de La Moncloa el 30 de julio.