El fiscal general pide restringir la acción popular en pleno caso Begoña Gómez
ESPAÑA
Álvaro García Ortiz reivindicó en la apertura del Año Judicial la imparcialidad del ministerio público
09 sep 2024 . Actualizado a las 16:57 h.El fiscal general del Estado aprovechó este jueves su discurso con motivo del inicio del año judicial para reclamar ante el Rey una revisión del sistema de las acusaciones de acción popular. Álvaro García Ortiz lanza esta petición en medio de la investigación por corrupción de Begoña Gómez. Precisamente el proceso contra la esposa de Pedro Sánchez se inició a raíz de una denuncia del seudosindicato Manos Limpias.
«La utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal», justificó García Ortiz.
Según añadió, «en ocasiones, y respecto de un mismo hecho considerado noticiable, se informa desde perspectivas no solo distintas sino total e interesadamente contradictorias, sin que el contraste de la veracidad de los datos parezca ser un extremo relevante ni para el que la transmite, ni para los que la reciben». Esta aseveración coincide con los planes del Gobierno para poner coto a las noticias falsas.
El fiscal general reivindicó también la imparcialidad del Ministerio Público, pese a las críticas desde la oposición que han llegado a definirlo como un títere al servicio de Moncloa.
Posible imputación
García Ortiz sigue pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso contra su renovación como fiscal general y sobre su imputación por la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Fue el pasado 15 de julio cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevó al Supremo la causa en relación a la querella de González Amador para que decida si imputa a García Ortiz por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionarios.
La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso de fraude fiscal en el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
A ello se suma el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz como fiscal general después de que el anterior CGPJ le declarara no idóneo para el cargo, algo inédito en democracia.