Yolanda Díaz avanza un pacto para derogar la ley mordaza y el PSOE la corrige

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareñó MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante el debate en el Congreso.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante el debate en el Congreso. FERNANDO ALVARADO / EFE

El Gobierno quiere privar de financiación pública a los medios que practiquen el «pseudoperiodismo»

17 jul 2024 . Actualizado a las 09:06 h.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este martes que Sumar y el PSOE han alcanzado un acuerdo para derogar la ley de seguridad ciudadana, conocida por su detractores como ley mordaza, en el marco de las medidas de regeneración democrática anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según afirmó Díaz, el acuerdo incluye también la ley de publicidad y comunicación institucional, que privará de subvenciones y financiación pública a aquellos que «practicando el pseudopreriodismo» vulneren los códigos deontológicos de la profesión de periodista.

Sin embargo, la parte socialista del Gobierno rebajó el alcance de lo pactado con sus socios a una revisión del Código Penal en lo relativo a los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado o las ofensas contra sentimientos religiosos. Se suprimirán las injurias al Gobierno de la nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ejército. Es decir, que la reforma alcanzará la parte de la norma que tiene que ver con la libertad de expresión. «Sí que vamos a abordar la modificación de esa ley mordaza, pero única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias», precisó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

En el acuerdo se contempla la modificación de la ley de seguridad ciudadana en su artículo 36. Ahora, el delito de difundir imágenes de actuaciones policiales deberá ser algo constatable. La situación de peligro o riesgo cierto generado deberá ser constatable y reflejarse en el acta o en la denuncia. «No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión», indicará el nuevo articulado de la ley.

Derecho al honor

Según el portavoz de Sumar Enrique Santiago, se ha pactado también la ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El objetivo de esta modificación es ofrecer una reparación pública a aquellas personas investigadas «con proyección pública» y sobre las que se generan «cientos de titulares» en instrucciones judiciales prolongadas en el tiempo, pero que finalmente no acaban con la apertura de un juicio oral. «Eso debe tener una reparación para el buen nombre de la persona», indicó Santiago.

En este sentido, subrayó que la clave está en posibilitar a aquellos investigados «presentados ante la sociedad como un infractor y un delincuente» una reparación pública «con el mismo impacto y la misma altura que esos mensajes de descrédito».

Podemos advierte al Gobierno de que no anuncie acuerdos sobre la norma sin consultarle

El coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna reclamó «cautela» al Gobierno con el anuncio de la derogación de la ley mordaza, dado que ahora solo conocen un mero titular de prensa que no ha sido acordado con socios de investidura, y manifestó que en materia de regeneración democrática «no pueden aceptar medidas cosméticas».

Concretamente, instó al Ejecutivo a esclarecer si la iniciativa que propone se basa en el texto que decayó en la pasada legislatura, que no contó con el apoyo de aliados habituales como Bildu y ERC, o si se aspira a ir más allá e incluir dentro medidas como la prohibición del uso de pelotas de goma o la supresión de las devoluciones en caliente de migrantes.

Así lo trasladó en rueda de prensa en el Congreso después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, avanzara que PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para derogar la ley de seguridad ciudadana, conocida por su detractores como ley mordaza. «Lo que sabemos por ahora es que es un anuncio, otra promesa más, que no viene pactada con los socios de la investidura y que, por tanto, habrá que estudiar en profundidad», advirtió Sánchez Serna.