El juez del caso de Begoña Gómez cede la parte principal a la Fiscalía Europea

M. balín / M. Sainz MADRID /COLPISA

ESPAÑA

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez
Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

Incluye los contratos que la sociedad pública Red.es firmó con la empresa de Barrabés

12 jun 2024 . Actualizado a las 09:54 h.

El juez que instruye la causa penal sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez ha preferido finalmente evitar un conflicto con la Fiscalía Europea y cederle la considerada parte principal de su investigación, al menos a tenor de las pesquisas desarrolladas hasta el momento. De esta forma, la Fiscalía que actúa en representación de la UE se encargará de los contratos que la sociedad pública Red.es firmó con una UTE en la que participó una empresa de Juan Carlos Barrabés, patrocinador del máster liderado por la esposa del presidente del Gobierno, y que fueron financiados con fondos europeos.

Así lo resolvió este martes el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, despejando la duda que existía respecto a si recurriría ante el Tribunal Supremo el decreto de advocación que le remitió la Fiscalía Europea, decisión que hubiera abierto un conflicto competencial. En todo caso, el magistrado mantiene el resto de las diligencias sobre las conductas de la mujer de Pedro Sánchez, cuya citación en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios mantiene para el próximo 5 de julio. No ocurre igual con las declaraciones como testigos de varios responsables de Red.es, que ha resuelto ahora anular.

Las pesquisas referidas a las adjudicaciones que esta sociedad estatal, dedicada a la economía digital, realizó al empresario Juan Carlos Barrabés por más de 10 millones de euros tras las cartas de recomendación de la esposa del jefe del Ejecutivo —en medios técnicos se conocen como declaraciones de interés, y suelen aportarlas las sociedades que acuden a concursos públicos— componen hasta ahora la parte mollar de la causa penal sobre Begoña Gómez. Ahora pasan a manos de la Fiscalía de la UE «exclusivamente respecto de los hechos y delitos [...] relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley, sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos», señala el juez en su última resolución, informa Europa Press.

La semana pasada, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron, por orden de la Fiscalía Europea, en la sede de Red.es para recabar información sobre esos contratos con Barrabés. Allí hicieron copia de una serie de correos electrónicos y también volcaron el contenido de los discos duros de varios ordenadores, además de recopilar otros elementos de prueba no precisados. La Fiscalía de la UE se interesó por vez primera en este caso el pasado 26 de abril, cuando preguntó al juez si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.

Los fiscales delegados que se encargarán de estas diligencias serán Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate. Su interés principal será determinar si hubo un mal uso de los fondos europeos que utilizaba la citada sociedad estatal en sus adjudicaciones, así como el papel que tuvieron en todo este asunto las «recomendaciones o avales» concedidos por la esposa de Sánchez a la empresa de Barrabés, quien ayudó a Gómez a montar el Máster en Transformación Social Competitiva que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

El caso Globalia

En cuanto a la parte de la causa que mantiene el juez Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid ya ha avanzado que no ve materia para acusar a Gómez por el otro eje de la denuncia original que presentó el sindicato Manos Limpias, en concreto, sus reuniones con altos responsables de Globalia, matriz de Air Europa, en vísperas del rescate multimillonario de la aerolínea. No obstante, el colectivo Hazte Oír, que es acusación popular en estas diligencias previas, ha ampliado su acusación contra la mujer del presidente del Gobierno a los presuntos delitos de administración desleal, malversación e intrusismo por haberse apropiado en su nueva empresa —siempre según esta asociación— de un software que pagó la Universidad Complutense.