«Es un error, a mí me gusta el bricolaje», dice el jubilado acusado de enviar cartas bomba a la Moncloa o la embajada de Ucrania

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El jubilado burgalés Pompeyo González, a su llegada a la Audiencia Nacional
El jubilado burgalés Pompeyo González, a su llegada a la Audiencia Nacional Isabel Infantes | EUROPAPRESS

La Audiencia Nacional juzga a Pompeyo González por su presunta autoría en el envío de seis artefactos caseros a instituciones que apoyan a Ucrania. La Fiscalía pide 22 años de prisión

13 may 2024 . Actualizado a las 16:53 h.

El miércoles 25 de enero de 2023, tras casi dos meses de una exhaustiva investigación policial en varias provincias, fue detenido en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro Pompeyo González. Este jubilado de 75 años, antiguo funcionario del Ayuntamiento de Vitoria, donde trabajó como enterrador, que presuntamente envío las cartas bomba a varias empresas e instituciones, entre ellas la Moncloa y la embajada de Ucrania, por su apoyo a este país tras la invasión del Ejército ruso.

En el juicio que se celebra desde este lunes en la Audiencia Nacional, y a quien la Fiscalía reclama 22 años de cárcel para el único acusado por delitos de terrorismo y lesiones, el policía que le detuvo la noche del 25 de enero del pasado año ha declarado como testigo sobre los pormenores de su actuación.

El funcionario con número profesional (TIP) 77.233 relató que tras acceder a la vivienda y arrestar al sospechoso le llamó la atención que «estaba muy tranquilo» y luego le dijo unas palabras: «Os habéis confundido, yo soy una persona a la que le gusta el bricolaje», le dijo Pompeyo González.

El acusado no llevaba teléfono y en los «cinco o seis días» que este agente dirigió las vigilancias en las inmediaciones de su vivienda observó todas sus costumbres. «Era muy maniático con las horas. Salía solo sobre las 9.30 de la mañana. Nos encargamos de vigilar la basura que echaba. Fotografiábamos lo que había dentro. Había tornillos, clavos grandes, cerillas raspadas... no descarto que limpiase el piso dos días antes de su detención», admitió el agente.

Junto al investigador declararon otros agentes y peritos, que relataron la complejidad de las pesquisas para dar con el detenido. Pompeyo González, por su parte, prefirió intervenir en último lugar y el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara lo ha aceptado. Tendrá entonces la ocasión de aclarar si fue el autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones, entre ellas al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Estados Unidos o la la Embajada de Ucrania entre noviembre y diciembre del 2022. Cabe destacar que la Fiscalía pide que sea condenado a una pena de 22 años de cárcel por un delito de terrorismo con resultado de lesiones, por las sufridas por el empleado de la embajada ucraniana Mykola Velychko, y un delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.

Imagen de la carta bomba que llegó a la Embajada de Ucrania en Madrid
Imagen de la carta bomba que llegó a la Embajada de Ucrania en Madrid

Un sello con la imagen del monte de Santa Trega, clave en su detención 

El hombre fue arrestado en enero de 2023, en plena vía pública, en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, en el marco de la operación Konvert (sobre postal en ucraniano). Los agentes de los Tedax y la Policía Científica, acompañados del detenido y con ayuda de perros detectores de explosivos, procedieron a la entrada y registro de su domicilio, donde vivía solo. Los servicios antiterroristas llegaron a buscar y descartar vínculos del arrestado con el espionaje ruso, tal y como apuntaban los servicios secretos de Estados Unidos, y publicó por aquel entonces The New York Times, citando fuentes de la Administración de aquel país. 

Desde el principio, la Brigada de Información de Madrid centró sus pesquisas en algún residente en Castilla y León, ya que las cartas llegaban desde una provincia limítrofe al centro logístico de Correos en Valladolid, desde fueron reenviadas a sus destinos. La otra pista clave para llegar al jubilado fueron los sellos usados, ya que se trataba de una edición conmemorativa con la imagen del Monte Santa Trega, en A Guarda, de 2,70 euros, de solo 135.000 unidades y que solo fue distribuida en algunas de las principales oficinas de la entidad en abril del 2023. El visionado de las cámaras de seguridad de esas oficinas también fue determinante. Lo que no arrojó ninguna pista relevante fue la intensa investigación que la Comisaría General de Información y la Policía Científica realizaron sobre el material usado en las cartas bomba. La sustancia deflagrante era de origen pirotécnico, que se podía adquirir en multitud de establecimientos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Las seis misivas

El primero de los envíos supuestamente realizados por el ahora procesado tuvo como destinatario a Pedro Sánchez. La carta fue detectada por los servicios de seguridad de Presidencia, pero Interior no desveló el hallazgo hasta que se supo que formaba parte de una campaña más amplia de misivas. El 30 de noviembre se recibió una segunda carta en la embajada de Ucrania en Madrid y causó rasguños en un dedo a un empleado de la delegación diplomática. Posteriormente, se fueron detectando, sin llegar a explosionar en ningún momento, misivas explosivas en la empresa de armamento Instalaza, con sede en Zaragoza, que fabrica los lanzagranadas que España está enviando en apoyo del ejército ucraniano; la sede del Ministerio de Defensa, la base área de Torrejón de Ardoz; y la embajada de Estados Unidos en Madrid. Los servicios de Información de la Policía Nacional concluyeron entonces que los paquetes se habían remitido desde España.