Alberto González Amador está siendo investigado por fraude fiscal y falsedad documental, tras detectar movimientos sospechosos de sus sociedades durante la pandemia
12 mar 2024 . Actualizado a las 15:17 h.La Fiscalía de Madrid ha presentado en los juzgados de instrucción una denuncia contra Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil.
Así consta en una denuncia, adelantada por elDiario.es y a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el fiscal imputa estos tres delitos a Alberto G. A., Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S. Según el texto de la denuncia la pareja de Ayuso habría defraudado a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021. Hacienda habría detectado movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de Ayuso por su enriquecimiento durante la pandemia, a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.
El fiscal les acusa de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía investiga a raíz de un informe de la Agencia Tributaria un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación que duró dos años «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades».
«Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce «determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito».
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar «un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer».
Diligencias de investigación
A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que ha derivado en al presentación de la citada denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.
Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el período comprobado corría a cargo de un administrador único Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.
En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, «se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación».
Facturas falsas
Según el fiscal, se dedujo «indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados, facturas que fueron giradas por las mercantiles MKE Manufacturing SA de CV, Gayani LTD, Purpura Star SL, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo SL, Desarrollo de CEE El Manantial SL, Bianconera Spa SL y Ginmosur SL».
Por ejemplo, se expone que «en el ejercicio 2020, se dedujo la factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mke Manufacturing SA de CV en la que actuaba como representante Maximiliano Eduardo N. G., empresa que no realizó ningún servicio o trabajo a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería Y Procesos Sociedad Para El Fomento Del Medioambiente SL».
Según consta en la denuncia, en el ejercicio 2021, Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente Quiron Salud, haciéndolo a través de la empresa Masterman & Whitaker SL, de la que es socio único y administrador Alberto G. A.
«Dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios, los cuales se prestaban con medios de Maxwell Cremona, buscando Alberto G. con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman&Whitaker SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener», recoge el documento.
Presunto fraude de 350.000 euros
La Agencia Tributaria sostiene que por los períodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, «se dejó de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía, de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público».
La denuncia señala que «en el presente caso, como elemento objetivo del tipo, concurre indiciariamente la conducta defraudadora, que consiste en reflejar en la declaración del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería Y Procesos Sociedad Para El Fomento Del Medioambiente SL unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades reflejadas a lo largo de nuestro escrito».
«Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recoge.
Petición de explicaciones
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha manifestado que ve «fundamental» que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, comparezca en la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de la pandemia para dar cuenta de la denuncia de la Fiscalía contra su pareja por un tema fiscal. Asimismo, le ha criticado que sea muy locuaz para insultar a los demás y muy timorata cuando tiene que asumir responsabilidades : «Más transparencia y menos fruta». De la misma forma, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, retomó la metáfora y dijo que «le gusta la fruta, pero en concreto las manzanas podridas», para también vincular este suceso al caso Koldo: «Son casos de corrupción del bipartidismo porque el PP y el PSOE llevan tanto tiempo gobernando en España que piensan que las instituciones son suyas y que el dinero de los españoles es suyo».
El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha pedido explicaciones y ha animado a la dirigente popular a que lo haga sin insultar, sin hablar «de ETA» o diciendo que «España se rompe mañana por la mañana». Así lo ha expresado el también líder de Más País en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha denunciado que además de la actual pareja de la presidenta madrileña, otros miembros de la familia de la dirigente «utilizan lo público como si fuera un botín», mencionado a sus padres, a su hermano y a una expareja. «Esto en las familias normales no pasa», ha ironizado.
Mediante las redes sociales también se ha pronunciado el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, para alertar de que la pareja de Ayuso, a tenor de lo expuesto por la Fiscalía, también «aprovechó la pandemia para enriquecerse». «Esto es la libertad para la famiglia: la ley de la selva», ha espetado. El también diputado de la formación y líder de IU en Andalucía, Toni Valero, ha afirmado que «no hay PP bueno» y augura que Ayuso tendrá una «ocurrencia provocadora» para intentar «desviar la atención de la corrupción que le rodea».
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ya ha exigido a la presidenta regional que dé explicaciones sobre este supuesto fraude .«Si es que no vale la doble moral en política... Con las barbaridades que hemos escuchado estos días y hoy vemos esto», afirma el líder del PSOE-M y senador, Juan Lobato, en un audio remitido a los medios en el que expresa su «total confianza» en la Justicia y en la Agencia Tributaria.
Lobato ha afirmado que antes de pedir responsabilidades a Ayuso hay que exigirle «explicaciones», «que diga si sabía algo de esto y de cómo ha podido beneficiarle», por ejemplo para comprar el piso en el que ambos viven en Madrid y que, según algunos medios, costó un millón de euros, que quizá «ha podido realizarse en parte con dinero defraudado a todos los españoles». «Que salga hoy mismo, que dé la cara con transparencia y normalidad y que nos explique si sabía o no algo de esto», ha insistido el líder socialista madrileño. La ministra de Sanidad y exportavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, ha dejado en su cuenta de X un enlace con la información y el comentario «se iban a forrar igual».
Pero en su defensa sí ha salido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, que remarcó en una entrevista en Onda Cero que «si hay una inspección de la Agencia Tributaria que afecta a la pareja de Ayuso, tendrá que responder como cualquier ciudadano de nuestro país. Y que yo sepa, Ayuso no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria».