El juez implica a la exconsejera de la Generalitat Alba Vergés por «discriminar» a policías con las vacunas del covid

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

Imagen de archivo de Alba Vergés, actualmente vicepresidenta primera del Parlamento de Cataluña y diputada de ERC.
Imagen de archivo de Alba Vergés, actualmente vicepresidenta primera del Parlamento de Cataluña y diputada de ERC. Marta Pérez | EFE

El su escrito, el magistrado afirma que la decisión de retrasar las dosis a policías nacionales y guardias civiles fue «arbitraria, injusta y discriminatoria»

09 nov 2023 . Actualizado a las 17:07 h.

El juez que investiga el retraso en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña ha ofrecido a la exconsejera de Salud Alba Vergés declarar voluntariamente como imputada, al concluir que participó en la decisión «discriminatoria» de suspender el proceso por su «desprecio» hacia estos colectivos.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona comunica a Vergés, que por su cargo de diputada y vicepresidenta del Parlament por ERC es aforada, que se la investiga por el retraso en la vacunación de agentes de estos dos cuerpos y le da un plazo de veinte días para que decida si quiere prestar declaración de forma voluntaria, antes de elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En su escrito, el juez remarca que el retraso en la vacunación por el Covid-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña fue «arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria» y además también fue «irrazonable e inexplicable», por lo que «solo encuentra una explicación en sentimientos de desprecio hacia colectivos de funcionarios por estar integrados en cuerpos nacionales».

El magistrado acuerda además mantener como imputado al e de Salud Josep Maria Argimon, quien aportó a la causa unos wasaps que incriminaban a Vergés en las decisiones sobre el calendario de vacunación, lo que motivó que la Fiscalía pidiera que el caso se remitiera al TSJC.

Vergés, de ERC, dio instrucciones en marzo del 2021 a los responsables de Salud Pública, a través de una miembro de su gabinete, para detener la vacunación por el covid a policías nacionales y guardias civiles: «La consejera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo», según detalla el wasap aportado por la defensa de Argimon.

Según el juez, este wasap, del 24 de marzo de 2021, supone una prueba «inequívoca» que evidencia la «directa participación» de Vergés en la decisión de suspender ese día la vacunación «ya programada» para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.

En su auto, el juez remarca que, con su «ilegal» decisión, la Consejería de Salud «vino a suprimir de facto la prioridad que en la vacunación ostentaban estos colectivos profesionales, cuyas funciones resultan esenciales para la sociedad y convivencia pacífica de los ciudadanos», por lo que considera que se adoptó «en flagrante y grosera contradicción» con la Ley.

Por ello, además de prevaricación administrativa, el juez también aprecia indicios de un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que con esta decisión «se puso en grave riesgo la salud e incluso la vida de miles de funcionarios de policía a los que se privó de vacunar en plena pandemia, al tiempo que se les exigía cumplir con las funciones que les vienen legalmente encomendadas».

El juez sitúa como responsables de la decisión, además de Vergés, a su exnúmero dos, Marc Ramentol, que era secretario general del departamento; a Argimon, que era responsable de Salud Pública —y que meses después sustituyó a la consejera hasta que Junts abandonó el Gobierno catalán—; al exdirector del Instituto Catalán de la Salud Adrià Comella, y al exdirector de Servicios de Salud Francesc Xavier Rodríguez.

El juez rechaza archivar la causa contra Argimon, que negó que tomara la decisión y aportó al juzgado los mensajes que incriminan a Vergés, al considerar que Ramentol le implicó en su declaración judicial y que por su cargo como secretario de Salud Pública «no podía ignorar una decisión de tanta gravedad y notoriedad», además de que no mostró «oposición alguna a tan flagrante decisión arbitraria».

Por el contrario, exculpa a la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, y a la exdirectora del Área de Organizaciones y Profesionales del CatSalut Sara Manjón.

El juez recuerda en su resolución que la Generalitat inició la vacunación de los agentes de los cuerpos de seguridad y emergencias el 12 de febrero de 2021 y que hasta el 24 de marzo se habían suministrado dosis al 77 % de agentes de los Mossos d'Esquadra, al 68 % de policías locales, al 69 % de los Bomberos de la Generalitat, al 77 % de la Guardia Urbana de Barcelona, al 66 % de los Bomberos de Barcelona y solo a un 3,6 % de policías nacionales y a un 2,8 % de guardias civiles.

Además, subraya que el 24 de marzo la Generalitat acordó paralizar la vacunación de los funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña con menos de 60 años —la gran mayoría—, y que mantuvo esta suspensión hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio un ultimátum a Salud el 27 de abril del 2021 para equiparar su inmunización a la de los agentes autonómicos y municipales en diez días.

En su escrito, el juez recuerda la «perplejidad» que mostraron la delegada del Gobierno en Cataluña y los ministerios de Sanidad de la época ante la decisión de la Generalitat de suspender el proceso de vacunación el 24 de marzo, pese a que ya estaba programada y los medios personales e inyecciones estaban dispuestos para llevarlo a cabo.

«Poca dificultad entraña reputar como ilegal, arbitraria y claramente discriminatoria» la decisión que se atribuye a los altos cargos de Salud, insiste el juez.