Juzgan al exconsejero de Interior Buch por poner escolta a Puigdemont tras su huida
ESPAÑA
La Fiscalía pide para él seis años de cárcel por malversación y prevaricación
28 jun 2023 . Actualizado a las 22:13 h.El exconsejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, se sienta desde ayer en el banquillo de los acusados. Buch, nombrado en el 2018 por Quim Torra, se enfrenta a seis años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. La Fiscalía lo acusa de haber contratado a un agente de los Mossos como asesor para que siguiera prestando labores de escolta al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su huida a Bruselas, en octubre del 2017.
El policía que hizo presuntamente estas labores, Lluís Escolà, era escolta de Puigdemont cuando este presidía la Generalitat. Lo ayudó a salir de España tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y habría seguido siendo su escolta en Waterloo, gracias a la presunta tapadera urdida por el exconsejero.
Ahora se enfrenta a cuatro años de cárcel como cooperador necesario. «La designación de Lluís Escolà para el cargo de asesor constituía un acto de mera arbitrariedad, que respondía únicamente al propósito de procurar desde el Gobierno catalán, y con cargo a los fondos públicos ,un servicio de escolta permanente al procesado rebelde, Carles Puigdemont», según la Fiscalía.
Un mando de los Mossos, encargado de la investigación del caso, Toni Rodríguez, ha ratificado la versión de la Fiscalía.
El intendente, en cualquier caso, no vio irregularidades en la contratación de Escolà como asesor. Este alto mando no puede afirmar que Escolà no cumpliera con las funciones de asesor en materia de seguridad que le había encargado el consejero, pero pone en duda que hiciera esas funciones. En primer lugar, porque de los 224 días en los que ejerció como asesor, la policía pudo probar que al menos 103 de ellos estuvo en el extranjero. Según este mando policial, no fue el único agente que prestó labores de escolta a Puigdemont. Ha identificado cinco, «aunque sabemos que hay bastantes más», ha afirmado.
Escolà fue expedientado por los Mossos, según Toni Rodríguez, por haber ayudado al expresidente a salir de España, primero a Francia, en coche, y más tarde a Bruselas, en avión. No comunicó a sus superiores que el líder de Junts había «abandonado precipitadamente el territorio». La División de Asuntos Internos de los Mossos abrió un expediente a Escolà, que aprovechó sus vacaciones, días libres y una baja para estar con el dirigente nacionalista, con quien tenía una «gran afinidad». Más tarde fue nombrado asesor de la consejería, pero no escondió cuál era su función. «Era muy prolífico en redes sociales y más cuando pasó a ser asesor. Fotografiaba dónde estaba, hacía proclamas independentistas, proclamaba que era escolta en activo y que estaba protegiendo al presidente», ha afirmado.
El intendente ha denunciado además injerencias políticas en los Mossos para que Escolà pudiera hacer funciones de escolta a Puigdemont. En mayo del 2018, Albert Ballesta, que relevó a Puigdemont en la alcaldía de Gerona y era director de servicios territoriales de Interior en Gerona, llamó al comisario Ferran López para que concediera una excedencia a Escolà. Se negó. Entonces se activó la opción de designarlo asesor. La Fiscalía acusa al exconsejero Buch de haber malversado unos 52.000 euros, que era el sueldo que se le asignó el sargento como asesor.
La Fiscalía pide juzgar por terrorismo a doce cedeerres
La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama juzgar a doce miembros de los comités de defensa de la república (CDR) por el delito de pertenencia a organización terrorista. Además, para ocho, solicita la apertura de juicio oral para que se sienten también en el banquillo por los delitos de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables y delito de estragos, de carácter terrorista y en grado de tentativa.
El pasado abril, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dio por concluida la investigación y procesó por terrorismo a los doce miembros de los cedeerres, acusados de estar dispuestos a emplear la violencia para lograr la independencia de Cataluña. Inicialmente, fueron 13 procesados, pero el magistrado archivó la causa para uno por razones médicas. El delito de pertenencia a una organización terrorista comporta penas de seis a 12 años de prisión.
Los procesados fueron detenidos el 23 de septiembre del 2019 en diferentes localidades de Barcelona. Algunos reconocieron que planeaban la ocupación del Parlamento y admitieron la compra de explosivos para sabotajes. Dos quedaron en libertad ese día, pero los demás fueron enviados a prisión provisional. En enero del 2020, fueron puestos en libertad con cargos los dos últimos miembros de este grupo de CDR. El juez considera que forman parte de los equipos de respuesta táctica, una organización vinculada a los CDR.