EH Bildu ha presentado a terroristas en sus listas desde al menos el año 2015
ESPAÑA
Díaz Ayuso insiste en ilegalizarlo y niega que esté echando «un pulso» a Feijoo
25 may 2023 . Actualizado a las 11:38 h.La asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) no se conforma con la respuesta negativa de la Fiscalía General del Estado a su petición de ilegalización de EH Bildu. En un escrito dirigido al Ministerio Público, solicita que investiguen las candidaturas electorales de ese partido desde el año 2011, asegurando que ha detectado hasta 23 terroristas en las listas, aparte de los 44 que concurren al 28M. Según explica la asociación, la ley avala la ilegalización del partido político por llevar reiteradamente «listas contaminadas»
El artículo 9.3.c de la Ley Orgánica de Partidos Políticos señala que un partido será declarado ilegal cuando incluya «regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas».
DyJ pide revisar desde el 2011
La Fiscalía subrayó que el precepto «exige la inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo en las listas electorales cuando se haga de modo regular y no meramente ocasional».
DyJ aporta en su escrito un listado de 23 candidatos condenados por el terrorismo de ETA bajo las siglas de EH Bildu desde el 2011. Nueve en las elecciones municipales del 2015; uno, a las autonómicas vascas del 2016; y 13, a las generales y municipales del 2019.
El presidente de DyJ, Daniel Portero, que firma el escrito, indica que se trata de un cálculo aproximado, «como mínimo», que prueba «la reiteración de presentación de ‘listas contaminadas' desde el año 2011». Esto demuestra, a su juicio que EH Bildu «vulnera claramente el artículo 9 de la ley de partidos» y, en consecuencia, solicita a la Fiscalía que, como «defensor de la legalidad», «se amplíe la investigación de los candidatos a Vizcaya, Álava y Navarra durante los períodos electorales posteriores al 2011».
La ilegalización de un partido político compete a una sala especial del Tribunal Supremo, pero el proceso solo puede iniciarse a instancias de la Fiscalía o del Gobierno. La ley detalla además que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado podrán instar a su vez al Ejecutivo a que solicite la ilegalización de un partido, quedando entonces obligado el Gobierno a hacerlo.
La polémica sobre la posible ilegalización enfrenta a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, partidaria de la prohibición, y a la dirección nacional del partido, que la descarta. Este viernes, Ayuso aseguró que «no es un pulso al PP ni muchísimo menos a mi presidente. Es un pulso a Bildu». Pidió al PP revisar los mecanismos para pedir al Congreso y el Senado y «a lo mejor cuando haya otras mayorías», instar al Tribunal Supremo «a que miren» si es «legal o no», ya que es un proyecto que «atenta contra los derechos fundamentales, la libertad y la vida».
Génova no respalda a Ayuso
«Son los mismos, han ido cambiando de chaqueta, Herri Batasuna, Batasuna, Sortu...», añadió Ayuso, que subrayó que se siente «obligada» a defender este discurso porque se afilió al PP por esto «hace 20 años».
Alberto Núñez Feijoo ha eludido cualquier polémica con Ayuso, pero la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, precisó este viernes en referencia a lo dicho por la presidenta madrileña que «las afirmaciones son de cada uno» y por tanto «son sus afirmaciones». Para la dirección nacional del PP, la cuestión «clave» en este momento está en el plano político, no judicial, porque se trata de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aclare si va a seguir manteniendo sus pactos con Bildu tras las elecciones del 28 de mayo.