El presidente pospone un mitin en Sevilla para entrevistarse con Biden el 12 de mayo
07 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.No es probable que una reunión de corte internacional vaya a tener una incidencia directa y sustancial en el voto de los españoles el próximo día 28, cuando se celebran elecciones en todos los municipios de España y doce comunidades autónomas, pero en el PSOE han recibido como un regalo inesperado el que le hizo la Casa Blanca: la invitación a Pedro Sánchez a Washington para reunirse con Joe Biden justo el 12 de mayo, el mismo día en que empieza la campaña. «Quizá no moviliza por sí solo, pero, igual que pasa con los datos económicos, este tipo de cuestiones te hacen ganar cierta credibilidad, que haya más predisposición a escucharte cuando hablas de cosas que sí afectan al día a día», dice uno de los responsables de estrategia electoral de un territorio socialista.
Cuando en junio del 2021 las expectativas de un encuentro con el presidente estadounidense, durante una cumbre de la OTAN en Bruselas, se convirtieron en una conversación de apenas unos segundos mientras ambos recorrían la escasa distancia entre el gran vestíbulo donde se hizo la foto de familia de los mandatarios a la sala del plenario, la oposición corrió a sacar tajada y a situar el paseíllo como prueba de la irrelevancia del jefe del Ejecutivo. Sánchez ya se desquitó un año después cuando recibió a Biden en la Moncloa, como anfitrión de la cita de la Alianza Atlántica en Madrid en un momento trascendental por la entonces reciente invasión rusa de Ucrania. Pero la cita de este viernes refuerza el perfil internacional que con tanto mimo ha tratado de construir durante su mandato.
La visita a Washington se produce apenas mes y medio después de la que el presidente realizó al presidente chino Xi Jinping a finales de marzo en el marco del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y, como aquella, viene condicionada por el hecho de que España va asumir la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre del año. Por esa razón, es previsible que Sánchez y Biden aborden la guerra en Ucrania, la transición energética o la relación con América Latina, pero también tratarán asuntos bilaterales que, en algunos casos, pueden reavivar tensiones ya conocidas con los socios de coalición en el Gobierno.
La base de Rota
Sin ir más lejos, en junio del pasado año se anunció, para enfado de Unidas Podemos, el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la base naval de Rota con dos nuevos destructores que se sumarían a los cuatro ya integrados en el escudo antimisiles de la OTAN. El acuerdo para hacerlo efectivo se cerrará en los próximos días y debería ser ratificado tanto por el Consejo de Ministros como por el Congreso de los Diputados, porque supone una modificación del convenio de cooperación en materia de defensa de 1988.
Hay también sobre la mesa otros acuerdos potencialmente conflictivos; en este caso, con la oposición, como el que hace referencia a la acogida regular de inmigrantes latinoamericanos procedentes de los «centros de tramitación» que Estados Unidos creará en Guatemala y Colombia con el objetivo de rebajar la presión migratoria sobre su frontera. La cantidad de personas que podrían llegar a España por esa vía no ha sido aún concretada aunque en un primer momento se apuntó a una cifra «simbólica». El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones inscribe el pacto dentro de los programas internacionales de «impulso de la migración regular» que ya están en funcionamiento en varios países de América Central y del Sur.
En su viaje a Washington -que le ha obligado a posponer un día uno de los mítines centrales de la campaña del PSOE, el que protagonizará en Sevilla-, Sánchez tendrá que tratar además uno de los principales objetos de desencuentro entre Estados Unidos y la UE, el plan de Biden para luchar contra la inflación, plasmado en centenares de miles de millones de euros en subvenciones a sus empresas verdes siempre que la cadena de valor de la producción se quede en el país. El Gobierno entiende que la iniciativa, que perjudica a las empresas españolas en el sector de la energía, podría contravenir las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y no descarta su denuncia, aunque trabaja en una respuesta conjunta con el conjunto de países europeos.