La UE propone una armonización penal que obligaría a España a endurecer los nuevos tipos de malversación
ESPAÑA
En la última reforma impulsada por el Gobierno de coalición, se rebajaron las penas en caso de que no exista ánimo de lucro a una horquilla máxima de tres a cuatro años de prisión, mientras que Bruselas quiere fijar un castigo de al menos cinco años de cárcel
04 may 2023 . Actualizado a las 08:19 h.La Comisión Europea plantea una pena máxima de al menos cinco años para delitos de malversación en toda la Unión Europea, según la propuesta de directiva presentada este miércoles para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en el continente, una iniciativa que obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación, informa Europa Press.
Bruselas pide que las infracciones penales referidas a soborno, malversación, tráfico de influencias y abuso de funciones sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos cinco años, un suelo para la pena máxima de cada delito que, en el caso de España, supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.
Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de dos a doce años de prisión y de seis a veinte de inhabilitación), pero precisando que debe haber «ánimo de lucro» cuando la autoridad o funcionario público «se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».
Sin ánimo de apropiación
Además, creó dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas», con penas de seis meses a tres años de cárcel e inhabilitación de uno a cuatro.
Y un segundo tipo para «la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», sancionado con de uno a cuatro años de prisión y de dos a seis de inhabilitación. Conforme al proyecto de Bruselas, los dos nuevos tipos no se ajustarían a esa horquilla, por contemplar penas máximas de tres y cuatro años, por debajo de ese umbral de cinco señalado por el Ejecutivo comunitario.