El ministerio de Zoido cerró el caso Cuarteles pese a haber constatado múltiples ilegalidades
ESPAÑA
El carpetazo se dio tras recibir un informe que denunciaba hasta diez irregularidades
26 mar 2023 . Actualizado a las 18:19 h.El 27 de diciembre del 2017, José Manuel Holgado, entonces director general de la Guardia Civil, firmó la «orden de archivo» de la investigación del Servicio de Asuntos Internos (SAI) sobre la lluvia de contratos que el cuerpo estaba adjudicando a las firmas del empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon. En ese documento, el máximo responsable del cuerpo en la época de ministro del popular Juan Ignacio Zoido ordenó dar carpetazo a las pesquisas que ya por entonces acorralaban al teniente general jefe del mando de Apoyo e Innovación y eje central del caso Cuarteles, Pedro Vázquez Jarava.
Holgado cerraba el caso bajo el argumento literal de que «no existen en las actuaciones informadas acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, ni conductas contrarias a la ética profesional en las haya visto involucrado personal destinado en la Dirección General del cuerpo». Según los documentos judiciales, el 4 de enero del 2018 el propio Vázquez Jarava remitió la orden de Holgado al entonces jefe de Asuntos Internos, Alfonso López Malo, para insistirle en que dejara de investigarle. En su resolución de archivo, el hombre de Zoido aseguraba ordenar el cierre a la vista de que ni la jefatura de Asuntos Económicos ni la jefatura de Servicio de Apoyo ni el Mando de Apoyo en Innovación (este último dirigido por el propio general ahora imputado) habían constatado ninguna irregularidad. Pero eso no era así, según revelan ahora los documentos que obran en poder del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, que investiga las presiones y órdenes de Vázquez Jarava para que hasta 13 comandancias adjudicaran 195 contratos por valor de más de tres millones de euros a su amigo Mon.
Sin libre competencia
El citado informe de la Jefatura de Asuntos Económicos, lejos de dar su bendición al carpetazo de la investigación, denunciaba que las adjudicaciones a Mon violaban todos los principios de la contratación pública. Ese documento, que Holgado esgrimió para cerrar el caso, alertaba de hasta una decena de graves irregularidades. El informe, fechado el 31 de agosto del 2017, cuatro meses antes de la orden de archivo de la investigación, estaba firmado por dos tenientes coroneles.
La primera irregularidad denunciada es que en las adjudicaciones «con carácter general» no figuraba «memoria o documento análogo» que justificara la necesidad de emprender esas obras de reforma. El dosier detectaba también la ausencia de la «salvaguarda de la libre competencia», ya que las cuatro empresas beneficiarias (las cuatro firmas de Mon, Angrasurcor, Solocorcho, Canarycork, Impermekork) «cuentan con las mismas personas como administradores y apoderados», al margen de que han sido «casi siempre las únicas consultadas». El quinto contratista de estas adjudicaciones era un empleado de Tejera de León. Asuntos Económicos destaca que «incluso los formatos de documentos presentados cuando concurren a las licitaciones son prácticamente idénticos».
El informe también alertaba a Holgado de que de «ninguna» de las empresas de Mon «tiene personal ni infraestructura específica para el desarrollo de los trabajos de construcción, reparación y conservación que se contratan». Es más, el dosier revelaba que Mon se había visto obligado a subcontratar a otras empresas de aislamiento o para demoler instalaciones obsoletas.
Asuntos Económicos también denunciaba la «lejanía del domicilio social de las empresas respecto a buena parte del lugar de ejecución de las obras», dado que se trataba en muchos casos de empresas canarias que ganaban concursos para hacer pequeñas reparaciones en cuarteles desperdigados por la península.
Ese documento ya alertaba igualmente de que las comandancias no habían podido explicar por qué estaban contratando masivamente a las empresas de Mon y que la única pista recabada que es que muchas adjudicaciones «habían sido gestionadas desde órganos centrales de la Dirección General del cuerpo», algo totalmente anómalo tratándose de obras de muy escasa envergadura.