El principal implicado del caso Cuarteles introdujo a su contacto para que probase un producto «único y novedoso» en la comandancia de A Coruña
ESPAÑA
Se trataba de un corcho para impermeabilizar fachadas y cubiertas que no contó con la garantía preceptiva en ninguna obra
15 mar 2023 . Actualizado a las 08:47 h.El teniente general Pedro Vázquez Jarava, principal imputado en el caso Cuarteles, donde se investigan presuntas irregularidades en la contratación de obras de reforma para 13 comandancias de la Guardia Civil, introdujo al constructor que se encargaba de realizarlas, Ángel Ramón Tejera de León, como un empresario que tenía un producto «único y novedoso» para impermeabilizar fachadas y cubiertas que era necesario probar, según el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press.
Vázquez Jarava, que fue subdirector general de apoyo del Instituto Armado, y Tejera de León, alias Mon, empresario que aparece en el sumario del caso Mediador, son dos de los cuatro imputados en la causa que dirige el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid, junto al teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre el 2015 y el 2017, y el también empresario Salvador Gutiérrez.
En un atestado de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, del 4 de febrero del 2022, se señala que, de las declaraciones como testigos de los distintos jefes de Comandancia (al menos los de A Coruña, Albacete, Ávila y Valladolid), «se desprende el interés» de Vázquez Jarava «de realizar pruebas o ensayos con dicha técnica o producto novedoso en distintos acuartelamientos del cuerpo durante el 2016 y el 2017, para comprobar sus posibilidades y resultados».
En concreto, la Benemérita refleja la declaración como testigo del responsable de la Comandancia de A Coruña, según la cual recibió una llamada diciendo que Vázquez Jarava «había decidido que probaría un producto novedoso que existía en el mercado, con un componente de corcho que mejoraba el aislamiento de fachadas y cubiertas, informándole de que habían seleccionado distintas comandancias con diferentes climatologías para aplicar el producto y hacer pruebas».
Los investigadores relatan asimismo un episodio en el que Vázquez Jarava «comentó al coronel jefe de la Comandancia de Alicante que había unas empresas (las de Mon) que disponían de un producto único y novedoso para combatir las humedades».
Registrado por otra empresa
No obstante, la Guardia Civil destaca que «este producto, registrado con el nombre de corcho proyectado por su fabricante (Decoproyect), comenzó a comercializarse a mediados del 2011», encontrándose referencias de su aplicación en cuarteles desde principios del 2014, «más concretamente en acuartelamientos pertenecientes a la Comandancia de Huelva», por el propio Mon.
El Instituto Armado explica que la Angrasurcor, una de las empresas de Tejera de León, se registró como aplicador homologado del corcho proyectado, lo que le permite hacerse responsable de «una mano de obra bien ejecutada», mientras que Decoproyec garantiza «las buenas condiciones del material suministrado».
«Para formalizar la garantía se debe solicitar la revisión de la obra por un técnico especializado de Decoproyec para la posterior expedición de dicha garantía», pero «no existen cartas de garantía sobre las personas y/o empresas mencionadas», resalta la Guardia Civil.
Así, expone que «ninguna de las obras de impermeabilización de fachadas y cubiertas mediante la aplicación de corcho proyectado ejecutadas en acuartelamientos de la Guardia Civil por Tejera de León cuenta con la garantía de 10 años ofrecida por el fabricante».
Hasta 100.000 euros por un derribo
El citado atestado refleja que la mayoría de las obras consistían en «impermeabilización de fachadas y cubiertas» y en pintura, pero también constan unos trabajos de demolición del acuartelamiento de Garachico, en Tenerife.
Según la Guardia Civil, el expediente se tramitó por el procedimiento de emergencia por un precio de 168.523,93 euros obteniendo la adjudicación Angrasurcor, a pesar de que tiene como objeto social «la realización de obras de reforma e impermeabilización, no relacionado aparentemente con trabajos de demoliciones y derribos», «ni cuenta con elementos materiales y personales para llevarlos a cabo».
Por ello, relatan los investigadores, el derribo lo llevó a cabo el Grupo Nino, que emitió facturas a la contrata principal, la empresa de Mon, «por el precio conjunto de 62.000 euros, impuestos incluidos, aun cuando el importe del contrato adjudicado a Angrasurcor totaliza 168.523,93 euros». Es decir, subcontrató por «un precio considerablemente inferior».
«Incremento exponencial de las obras»
En general, los investigadores afirman que durante la época de Vázquez Jarava como responsable de la Subdirección General de Apoyo -entre del 2 de octubre del 2015 y el 15 de enero del 2018-, se produjo «un incremento exponencial y aparentemente inusual» en la adjudicación de obras a Mon, «tanto en importes facturados como en unidades territoriales afectadas».
Asuntos Internos recoge que el teniente coronel Antonio García Lloret, otrora comandante responsable de la Jefatura de Personal y Apoyo de la Comandancia de Alicante, declaró ante la Guardia Civil que en el 2016 «no tuvieron problemas en cuanto al crédito« porque se les liberaron 500.000 euros, «cuando en otros ejercicios lo corriente solían ser unos 300.000 euros».
La Benemérita detalla que las descentralizaciones de crédito extraordinarias normalmente se solicitan a la Unidad de Gestión Económica de la Zona de la Guardia Civil de la comunidad autónoma que corresponda, si bien en este caso «es posible que se solicitaran directamente a Madrid».
Para Asuntos Internos es claro que en todas las unidades territoriales indicadas la decisión de contratar con Tejera de León «vino determinada» por Vázquez Jarava, que «a estos efectos, directamente o por medio de dicha Subdirección General de Apoyo estableció contactos previos con los jefes de zona».
Sin embargo, la Guardia Civil recalca que «buena parte de las partidas presupuestarias se corresponden con trabajos no ejecutados, ejecutados solo de manera parcial, de manera deficiente o defectuosa o sobredimensionados en relación con los verdaderamente realizados, no obstante haber sido facturados y cobrados».
Agasajos con viajes a la Champions y hoteles
A cambio de estas adjudicaciones, la Guardia Civil indica que Mon habría pagado a Vázquez Jarava con viajes, hoteles y partidos de fútbol. En un informe con fecha de 26 de abril del 2021, Asuntos Internos analiza los viajes pagados por Mon de los que supuestamente se habría beneficiado el teniente general para ir a las finales de Champions League en Milán (Italia) en mayo del 2016 y en Cardiff (Reino Unido) en junio del 2017.
En el caso de la final de Cardiff, precisa que Vázquez Jarava viajó junto a su sobrino y una tercera persona sin identificar mencionando un importe de 1.410,66 euros. En cuanto a la final de Champions en Milán, se recogen dos billetes de avión ida y vuelta desde Madrid «a favor» de Mon y el hijo de Vázquez Jarava, con gastos por 1.950 euros.
Asuntos Internos también recoge un alojamiento en el Hotel Barrosa Palace (Cádiz) en septiembre de 2016 del que se beneficiaron Vázquez Jarava y varios miembros de su familia, así como el propio Mon. Alude además a una estancia, dos meses después, del teniente general, el empresario y sus respectivas mujeres en el Hotel Trip Cádiz La Caleta.
También analiza la estancia de «fin de año» en Lanzarote, concretamente del 27 de diciembre del 2016 al 3 de enero del 2017. Y una factura de la agencia Viajes Timanfaya por 1.328 euros «expedida a nombre de la empresa Angrasurcor» que corresponde a seis billetes de avión de ida y vuelta desde Madrid para Vázquez Jarava, su mujer, suegra, hija, yerno y una nieta.
Asuntos Internos descubrió la trama de los cuarteles en 2017 pero la investigación fue boicoteada
Melchor saiz-pardo
Una investigación del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil detectó la trama de las falsas obras en los cuarteles de la institución hace seis años. Sin embargo, la dirección general del cuerpo, que entonces dirigía José Manuel Holgado Merino, nombrado por el ministro popular Juan Ignacio Zoido, dio carpetazo al asunto, después de que el propio general implicado en primera persona en los supuestos chanchullos boicoteara la investigación y recomendara archivar un caso de corrupción que le salpicaba de lleno.
Este periódico ha tenido acceso a los documentos del SAI que revelan que el 18 de abril del 2017 Asuntos Internos entregó a la secretaria de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del instituto armado cuatro ejemplares de un informe titulado Borrador Informe Fiscalía en el que ya se desvelaba el «incremento de los contratos adjudicados por distintas unidades de la Guardia Civil al empresario Ángel Ramón Tejera de León, así como indicios de ilicitud». Tejera, más conocido como Mon es el empresario canario cuyo nombre también aparece en el caso Mediador como amigo tanto del general Francisco Espinosa Navas, en prisión acusado de ser uno de los cabecillas de la trama del diputado socialista Tito Berni, como del coronel José María Tienda Serrano, hasta la pasada semana responsable de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, cuando fue cesado precisamente por su estrecha relación con Mon.
Según fuentes de la investigación, en ese documento ya se anticipaban buena parte de las acusaciones y sospechas que ahora constan en el sumario del denominado caso cuarteles. Dentro del mismo están siendo investigadas 193 obras, sobre todo pequeños trabajos de impermeabilización, en las comandancias de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid. Hasta ahora, se han localizado adjudicaciones presuntamente irregulares a Mon entre el 2008 y el 2019 por valor de 3.302.654,42 euros por encargos que directamente no se realizaron o se hicieron a medias.
Sin embargo, ese informe revelador de la existencia de una trama de corrupción en el seno de la Guardia Civil fue ordenado enterrar en mayo del 2017 por el teniente general Pedro Vázquez Jarava, entonces jefe de la Subdirección General de Apoyo y precisamente el mando amigo de Mon que estaba ordenando a sus subordinados contratar con las tres empresas de reformas de Tejera, a pesar de que estas estaban radicadas en Tenerife, muy lejos de las comandancias donde hacían falta las supuestas reparaciones.
Se exculpó a sí mismo
El propio Vázquez Jarava, sorprendentemente y sin que ello no levantase ninguna suspicacia en el cuerpo, fue el encargado de auditar su propia presunta actuación delictiva y, obviamente, el veredicto fue favorable. El mando concluyó literalmente: «por entender que en las actuaciones informadas no existe indicio de delito, no es preciso dar traslado a la Fiscalía del informe de Servicio de Asuntos Internos».
La cúpula del Ministerio del Interior de la época, a la vista de la documentación del SAI, dio por buenas las explicaciones exculpatorias del teniente general sin más investigaciones. Y así, el 27 de diciembre del 2017, Holgado, entonces director general de la Guardia Civil, dictó una resolución ordenando el «archivo del expediente del SAI relativo al incremento en la facturación de las empresas del contratista Ángel Ramón Tejera, así como el cese de la actuaciones». O sea, que se dejara de investigar el caso.
No obstante, el tema no murió ahí. Según los documentos de Asuntos Internos el 29 de mayo del 2018, solo tres días antes de que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy y Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, a Asuntos Internos le fue remitida copia de una denuncia anónima que había llegado poco antes a la Secretaría de Estado de Seguridad que «relataba las presuntas irregularidades en materia de contratación en la Comandancia de Ávila», siempre a favor de Mon.
Esa denuncia anónima, ahora sí, sería la que posteriormente daría lugar al caso cuarteles, ya que Vázquez no pudo pararla de nuevo, pues se había jubilado en enero del 2018. A pesar de que el poder de influencia del teniente general desapareció hace más de cinco año con su paso a la reserva, lo cierto es que el caso judicialmente apenas ha avanzado desde entonces. Es más, la existencia de esta enorme trama de corrupta no salió a la luz pública hasta hace dos semanas cuando se supo la vinculación de Mon también con la trama de Tito Berni.
