Artur Mas y otros ocho exconsejeros pagarán casi 5 millones por la consulta independentista del 2014
28 feb 2023 . Actualizado a las 10:16 h.El Tribunal de Cuentas se mantiene en sus trece: no habrá rebajas al pago que deben de hacer el expresidente catalán Artur Mas junto a otros ocho exconsejeros por desviar fondos públicos para financiar la consulta independentista del 9N del 2014. La condena del máximo órgano de control de cuentas públicas mantiene así que todo el equipo de exgobernantes deben abonar a la Generalitat un monto de casi cinco millones de euros.
El exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, presentó un recurso para pedir que se rebajara el pago de 4.988.620,11 euros a unos 590.547,63 euros al que se adhirieron el expresidente Mas, la exconsejera Irene Rigau y los otros condenados por «uso indebido de fondos públicos» en el 2018 y que previamente habían sido condenados por el Tribunal Constitucional (TC) un año antes a dos años de inhabilitación. El Tribunal de Cuentas desestimó este recurso de forma unánime.
Aval del Constitucional
Los mandatarios catalanes sostenían como argumento que el Consejo de Garantías Estatutarias promulgó un dictamen para llevar a cabo un «proceso participativo» de los ciudadanos catalanes para determinar si se quería una independencia o no. El TC alegó que el proceso de consulta era ilegal, y el Tribunal de Cuentas argumentó en su sentencia que, la diferencia entre «proceso participativo» y «consulta ciudadana» era irrelevante, puesto que el hecho fue igualmente condenado por el Constitucional.
Por tanto, la resolución del órgano fiscalizador de la economía pública consideraba que el argumento de Homs y el resto de líderes soberanistas carecía de valor, dado que una condena no es argumento favorable para la reducción de la multa impuesta.
El pago de la deuda con la Generalitat no es equitativo. Es decir, según el grado de responsabilidad de cada uno de los condenados, deberán pagar más deuda, que incluye también intereses. El expresidente Mas es quien más cantidad ha de desembolsar. Además, desde la condena inicial hasta la resolución del Tribunal de Cuentas, el monto aumentó en 40.000 euros, puesto que quedó probado que la compra de unos 7.000 portátiles no tuvieron como destino centros educativos, sino que sirvieron para utilizarlos en la consulta.
Con todo, a los dirigentes catalanes les queda una carta para jugar, que es recurrir la resolución del Tribunal de Cuentas ante la Sala de lo Contencioso, aunque no tiene visos de prosperar.