La líder de Junts pide que se anule el juicio por corrupción contra ella
11 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Aislada y acorralada. Así ha afrontado la expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs la primera jornada del juicio, en el que se ha sentado en el banquillo acusada de prevaricación y falsedad documental. Se enfrenta a seis años de prisión por haber fraccionado, presuntamente, contratos públicos cuando era directora de la institución de las letras catalanas para favorecer a un amigo, Isaías Herrero, acusado también en la causa. Hay un tercer procesado, Andreu Pujol, que se expone a tres años de cárcel por colaborar en la presunta corrupción.
La defensa de Borràs ha reclamado la suspensión del juicio. Ha argumentado que el tribunal que la juzga no es competente ni imparcial, por haber hecho declaraciones en contra del procés, y ha alegado que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. La defensa de Borràs, que dirige Gonzalo Boye, ha pedido la suspensión del procedimiento, tras denunciar un pacto entre las otras dos defensas con la Fiscalía para «incriminar» a la expresidenta. La Fiscalía afirma que ese pacto no se ha formalizado. «Herrero está en este juicio como acusado, no como acusador», ha mantenido su letrada, replicando a los abogados de Borràs. Las defensas de los tres acusados han chocado durante la vista.
Correos comprometedores
El juez ha señalado que «no tiene constancia de un pacto previo», pero la defensa de Borràs lo ha dado por hecho y la Fiscalía no lo ha negado. Este pacto es un duro revés para los intereses de la expresidenta del Parlamento. Tanto Herrero como Pujol buscan una rebaja de pena a cambio de incriminar a la líder de Junts, como ocurrió en el juicio del Palau de la Música, en el que Félix Millet admitió el 3 % pagado a Convergència. Hasta el momento de la declaración de los acusados, el 20 de febrero, no se sabrá hasta qué punto inculpan a Borràs.
La defensa de la líder de Junts ha reclamado además que se anulen como prueba pericial los correos electrónicos que intercambiaron Borràs y Herrero y en los que se describe la mecánica de cómo fraccionar los contratos para burlar los controles administrativos, los célebres «trapis» entre ambos. El letrado sostiene que los Mossos los obtuvieron sin aval judicial y no se respetó la cadena de custodia.
La expresidenta de la Cámara catalana se juega su carrera política en el juicio. Algunos de los suyos ya la han dejado caer, pues solo una parte de Junts acudió a arroparla frente al TSJC antes del inicio de la vista. Y destacaron más las ausencias que las presencias. Ni ERC, ni la CUP ni Òmnium Cultural enviaron representación. La ANC, sí, pero de perfil bajo. Una parte del secesionismo se niega a respaldarla, pues considera que se trata de un caso de corrupción. Ella se presenta como una víctima de la «represión» del Estado. No acudieron a arroparla ni el candidato a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ni Artur Mas. Le faltó ese calor. Sí contó con el de su marido y el de su hija.