Sánchez ignora la resistencia de Podemos y enfila para elevar las penas del «solo sí es sí»

L. Pérez / J. Arias / A. Azpiroz MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, la ministra Reyes Maroto, candidata a la alcaldía de Madrid, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado en la presentación de la candidatura socialista al ayuntamiento de la capital
El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, la ministra Reyes Maroto, candidata a la alcaldía de Madrid, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado en la presentación de la candidatura socialista al ayuntamiento de la capital Ricardo Rubio | EUROPA PRESS

Evita desgastarse en el choque con sus socios, mientras Montero reitera que cede en ajustar la norma, pero no en el consentimiento

05 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta unas horas de negociación críticas entre los dos socios que se sientan en el Consejo de Ministros, que ayer continuaban «trabajando», según uno de sus integrantes, para intentar consensuar una reforma de la ley del «solo sí es sí» sin pacto todavía a la vista, tal y como constataron a este periódico fuentes tanto del PSOE como de Unidas Podemos.

Los socialistas, que tras haber dilatado el margen negociador a este lunes o, todo lo más, el martes en busca de la firma de los morados a la proposición de ley que pretenden llevar al Congreso, delimitan el terreno por mandato del jefe del Ejecutivo: el cambio normativo será «inmediato» —la intención es que el pleno de la Cámara Baja se pronuncie el 14 de febrero— para frenar a futuro la sangría de reducciones de condena a delincuentes sexuales; y con o sin la anuencia de la ministra Irene Montero y los suyos, las penas «van a elevarse en cualquier caso» ante la presión que ejercen sobre el Gobierno las ya 400 atenuaciones del castigo a sentenciados por abusos y violaciones.

El nudo gordiano seguía ayer donde estaba. Mientras el Ministerio de Justicia dirigido por la magistrada de carrera Pilar Llop, sus compañeros de cuerda en el Ejecutivo y el PSOE inciden en el plan para corregir al alza las horquillas penales y reintroducir el factor distintivo de la violencia y la intimidación, asegurando que ello no pone en peligro la máxima de que solo es lícito un contacto sexual si es consentido, sus aliados siguen interpretando que las propuestas del ala socialista suponen, en la práctica, regresar a los presupuestos previos del Código Penal aunque se mantenga en un único tipo delictivo el abuso y agresión; es decir, a que sean las mujeres las que tengan que someterse a un «calvario probatorio» para demostrar un ataque sexual si no ha mediado un acto violento o no se ha resistido a él.

El viernes, Justicia envió una nueva alternativa a Igualdad, que, a su vez, ha remitido seis contrapropuestas a Llop desde diciembre. 

Ceder en parte

Tal y como informó este periódico, Igualdad se aviene a subir las penas —Justicia planea retornar, por ejemplo, a los seis años de mínima en el tipo básico de violación frente a los cuatro actuales— y endurecer algunas agravantes; pero no a reincorporar la circunstancia violenta que, a su juicio, acaba con la conquista del libre consentimiento. Ayer, en un acto con candidatos de Podemos en Murcia y ante un público que se levantó a aclamarla cuando hizo bandera del «solo sí es sí», Montero incidió en su mensaje para dar a entender que quiere un acuerdo, aunque no a cualquier precio. La ministra reiteró su disposición a «ceder» para que salga una reforma «unitaria» del Gobierno, pero también que no transigirá en el consentimiento.

Traducido, según fuentes próximas a la ministra: los socialistas «saben que hemos cedido muchísimo» y que «no vamos a poder aceptar» un «rescate» de «la violencia y la intimidación». «Lo que no se puede es reformar el Código Penal sin tener los mínimos fundamentos de Derecho Penal», ironiza una responsable socialista que, como otros, cree que Montero siembra confusión al supeditar el reacomodo de las penas a un libre consentimiento que ya estaba presente en normas pasadas. El cruce ayer de intervenciones públicas entre la titular de Igualdad y el presidente de su Gobierno, quien presentaba la candidatura de Reyes Maroto a la Alcaldía de Madrid, vino a escenificar cómo de tensas están las cosas en el Gobierno.

Mientras Montero, en un discurso apasionado, enarbolaba la ley porque «está bien hecha», pese a tragarse el sapo de tener que tocarla y preguntaba una y otra vez, retando al PSOE, «¿quién manda aquí?» frente a la «reaccionaria derecha» política, judicial y mediática, Sánchez llegó, desgranó su intervención y se fue sin mención alguna a una crisis de consecuencias impredecibles para la coalición. Fuentes socialistas justificaron el silencio porque «la posición está clara»: «Las víctimas, en el centro. Esto tiene que modificarse de inmediato», zanjan.

El elocuente mutismo de Sánchez evidencia el cortafuegos que trata de establecer ante un incendio, el de las rebajas de penas, que se ha vuelto imparable en puertas del 28M y después de haber pospuesto, en vano, la decisión de enmendar la norma para que la discordia no anidara. A ambos aliados les invade el vértigo ante lo que supondría que el PSOE presentara la próxima semana en el Congreso una reforma en solitario, con el PP, que denuncia «la chapuza» normativa, esperándole en la esquina con el apoyo prestado de sus votos.