El pequeño Nicolás se enfrenta a casi diez años de prisión por canjear información policial por favores

Javier Arias Lomo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El pequeño Nicolás, en el banquillo de los acusados
El pequeño Nicolás, en el banquillo de los acusados Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La Fiscalía le imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal y revelación de secretos

03 feb 2023 . Actualizado a las 17:27 h.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita nueve años y nueve meses de prisión para el Pequeño Nicolás por crear una red dedicada a la obtención de información policial de manera ilícita. Se trata de la causa en la que está acusado de liderar una trama policial para conseguir datos reservados que luego usaba para hacerse pasar por miembro del Gobierno y en la que el fiscal le imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos y cohecho activo.

Ahora se sentará en el banquillo junto a tres policías municipales de Madrid, un guardia civil que estaba entonces en la Casa Real y el que era coordinador de Emergencias en el Consistorio, Emilio García Grande. Dos de los agentes y el Pequeño Nicolás tenían un chat llamado Departamento de Seguridad Nacional en el que, según el sumario, quedó reflejada la operativa: el Pequeño Nicolás les pedía datos reservados, como matrículas, y luego les pagaba con «lechugas» o «rábanos morados», en referencia a los billetes.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, Francisco Nicolás comenzó a pedir informaciones acerca de la titularidad de varias placas de matrículas a los otros dos acusados en la causa, un funcionario y un cabo de la Policía Municipal de Madrid. Ambos consiguieron acceder a la aplicación Objetos del Cuerpo Nacional de Policía dado que estaba autorizados «pero solo en el ejercicio de la funciones que tienen encomendadas y en el marco de una concreta actuación policial en la que participen». De ahí que toda consulta que se produjera al margen de dichos parámetros, no estaba autorizada.

Los datos relativos a las matrículas eran utilizados en algunos casos por el acusado para contactar con los titulares de las placas «a quienes hacía creer que tenía relación con distintos organismos y autoridades de las Administraciones Públicas y les ofrecía su ayuda para hacer gestiones ante las mismas, con la única finalidad de obtener dinero a cambio de una intermediación que, en realidad, era ficticia». A cambio de la información, los dos funcionarios de la Policía Municipal de Madrid obtenían gratificaciones económicas.