Cinco mujeres se querellan contra un policía infiltrado en el independentismo en Barcelona
ESPAÑA
Las denunciantes lo acusan de delitos de abusos sexuales, tortura, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos
14 feb 2023 . Actualizado a las 10:03 h.Cinco mujeres activistas de los movimientos sociales y anarquistas de Barcelona se han querellado contra un agente del Cuerpo Nacional de Policía al que conocieron como Dani e identifican como D.H.P. por utilizarlas, según aseguran, para obtener información del movimiento independentista catalán entre el 2020 y el 2022 al tiempo que mantenía relaciones íntimas con ellas.
En concreto, acusan al policía infiltrado de delitos de abusos sexuales continuados, tortura y subsidiariamente contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos. Dicen las denunciantes que no habrían tenido relaciones sexuales con él de haber sabido que era policía. Y extienden la querella contra el superior jerárquico del agente.
El tal Dani se asentó en el barrio barcelonés de Sant Andreu, acudía al gimnasio del centro social okupado La Cinètika, participaba en movilizaciones antidesahucios y en los famosos cortes de la avenida Meridiana. Según el semanario La Directa, destacaba la adaptación estética del agente a los grupos en los que estaba infiltrado: tatuajes relacionados con el anarquismo, corte de pelo con cresta, pendientes de aro, camisetas antifascistas y antipoliciales. En fin, camuflaje perfecto.
El funcionario pronto se integró en los círculos de activistas del barrio y habría mantenido relaciones con, al menos, ocho de sus integrantes de las que de momento cinco lo han denunciado por, según aseguran, utilizarlas para acceder a reuniones y obtener información. Así lo afirman las abogadas Anaïs Franquesa, Mireia Salazar, Laia Serra y Sònia Olivella, del colectivo pro derechos humanos Iridia y el sindicato CGT.
Las letradas consideran que el espionaje supone «violencia institucional sexualizada», dado que, reprochan, habría utilizado las relaciones con las activistas «para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas». Consideran que «se trata de unos hechos muy graves, puesto que en ningún caso es aceptable que un policía encubierto utilice las relaciones sexo-afectivas con activistas para obtener información y apuntalar su identidad encubierta para infiltrarse en el tejido asociativo y sindical» y del espacio independentista. Y, denuncian, «se estaba abocando a mujeres politizadas a traicionar sus creencias y valores».
Recuerdan que un juez puede autorizar actuar «bajo una identidad supuesta» otorgada por el Ministerio del Interior, pero defienden que únicamente «conductas delictivas graves y peligrosas avalarían este método de investigación». Añaden que la «infiltración de agentes está prevista y acotada en el campo de la delincuencia organizada y de la lucha antiterrorista», aunque admiten la existencia de ambigüedad en el marco legal. «Este caso quedaría fuera de este supuesto, ya que el objetivo era monitorizar movimientos sociales, y/o desestructurarlos, lo que supone una grave vulneración de derechos civiles», añaden, como los de asociación y reunión.
En cuanto a los delitos de agresión sexual, argumentan que «no puede haber consentimiento si no es libre e informado». Y en este caso, remarcan, «se puede considerar viciado», ya que las mujeres, subrayan, no habrían consentido de haber sabido que se trataba de un agente de policía.
También consideran que el agente incurrió en un delito de tortura porque se ha atentado «de manera directa contra la integridad moral de las personas afectadas».
Comparecencia de Marlaska
En la misma línea, apuntan a una posible revelación de secretos, en cuanto el infiltrado obtuvo datos sobre la ideología, afiliación sindical, religión, sexualidad y creencias de las querellantes, que pudo «compartir con sus jefes».
El consejero del Interior catalán, Joan Ignasi Elena (ERC), que hace referencia a un segundo agente encubierto en el movimiento independentista, I.J.E.G., ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aclare «quién dio la orden de infiltración» y si existe una autorización judicial. ERC, CUP, Junts, PDECat, Bildu y BNG se han unido para pedir que Marlaska rinda cuentas en la comisión de Interior.