Los líderes del «procés» condenados pedirán su absolución con la entrada en vigor de la reforma del código penal
ESPAÑA
El Tribunal Supremo tiene previsto abrir de oficio un expediente de revisión de las sentencias esta misma semana
11 ene 2023 . Actualizado a las 12:23 h.La entrada en vigor este jueves de la reforma del código penal abre una nueva vía a los líderes independentistas condenados por el procés, que van a pedir al Tribunal Supremo la revisión de la sentencia y la absolución de todos los delitos que les impuso en octubre del 2019, tal y como informa El País.
El Tribunal Supremo tiene previsto abrir de oficio un expediente de revisión de las sentencias y pedir a las partes que informen sobre el efecto que esa reforma debe tener en las penas impuestas los nueve líderes independentistas. Sus defensas han explicado al citado diario que solicitarán la absolución de todos los delitos (también del de malversación) y pedirán que queden excluidas las penas de inhabilitación, para que puedan presentarse como candidatos en próximas elecciones municipales. Está previsto que el Alto Tribunal abra el expediente esta misma semana.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 23 de diciembre la ley orgánica aprobada un día antes en el Senado, a iniciativa del Gobierno y con el apoyo de ERC, con la que se elimina del Código Penal el delito de sedición y se modifica el de malversación. Los afectados de ERC y JxCat pueden presentar los escritos de revisión de condena a partir de este jueves. Ahora bien, el propio Tribunal Supremo puede revisar de oficio la sentencia y pedir informes a la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Vox -que ejerció de acusación popular-, y a las defensas.
De los condenados en el Supremo por el desafío al Estado en el 2017, cuatro lo fueron por los delitos de sedición y malversación. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (ERC) se llevó la condena más elevada: 13 años de cárcel e inhabilitación. Y a los exconsejeros Raül Romeva (Exteriores, Junts pel Sí), Dolors Bassa (Trabajo, ERC) y Jordi Turull (Presidencia, JxCat) se les impusieron 12 años de prisión.
El Supremo también condenó, pero solo por sedición, a 11 años y seis meses de cárcel e inhabilitación a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell (ERC), a 10 años y medio a los exconsejeros de JxCat Joaquim Forn (Interior) y Josep Rull (Territorio), y a 9 años a los exlíderes de la ANC Jordi Sànchez y de Òmnium Jordi Cuixart. El Gobierno los indultó a todos del delito de sedición, que ahora desaparece, y verán además rebajadas sus condenas por malversación si no se observa lucro personal. La reforma trae beneficios para todos ellos en los años de inhabilitación a los que fueron condenados.
Pero hay al menos otra treintena de ex altos cargos de la Generalitat, como el ahora diputado de ERC Josep Maria Jové y el presidente del Puerto de Barcelona, Lluis Salvadó, que estaban en Economía con Junqueras, y que siguen pendientes de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por malversación y desobediencia. El cambio en la ley obligará a modificar las acusaciones fiscales y de la Abogacía del Estado, y tipificar los hechos con los nuevos tipos penales, por lo que sus condenas, además de ser menos gravosas ahora, se dilatarán en el tiempo.
Asimismo, los otros beneficiados del cambio legislativo son los huidos de la Justicia el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Educación) y Lluís Puig (Cultura), pero también la republicana Marta Rovira, huida a Suiza.
Los expresidentes de la ANC y de Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, condenados a nueve años de cárcel por el procés y ya indultados, no pedirán al Tribunal Supremo que los absuelva a raíz de la reforma del Código Penal, aunque el tribunal podrá revisar de oficio sus penas.
El Gobierno ve lógico el paso de los independentistas
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ve «lógico» que los abogados de los condenados por el procés pidan su absolución al Tribunal Supremo (TS) cuando este jueves entre en vigor la reforma del Código Penal y ha recalcado que le corresponde ahora a la Sala Segunda revisar la condena de inhabilitación porque la de prisión ya fue indultada.
En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, el ministro ha asegurado que estas peticiones se corresponden con el funcionamiento «absolutamente normal» después de una reforma del Código Penal por la que se ha modificado la tipificación de los hechos que ocurrieron en el año 2017 en Cataluña.
«Ahora son unos hechos y tipología diferente y, por tanto, lo que procede es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pueda revisar la condena de inhabilitación porque la condena de prisión ya fue indultada», ha apuntado el ministro.
Bolaños ha hecho hincapié en que las nuevas penas son superiores a la inhabilitación que tienen en este momento los dirigentes independentistas condenados porque el Código Penal ahora establece penas de inhabilitación tanto para los desórdenes públicos agravados como para la malversación, de tal manera que, «sumando esas dos penas, suma la posibilidad de que haya 14 años de inhabilitación».
A renglón seguido, el ministro ha apuntado que es competencia del TS decidir si procede reducir la pena respecto al Código Penal anterior en materia de inhabilitación o si, por el contrario, corresponde la aplicación de la disposición transitoria mantener los trece años que están dentro del umbral de las penas que se han establecido. A partir de ahí, ha señalado el ministro que las partes defenderán a sus clientes y los jueces deberán aplicar la ley.
Con todo, ha puesto en valor que las penas ahora son europeas y con esta homogeneización «no hay excusa» para que no se aplique el Código Penal fuera de las fronteras. «Me parece que aplicar una ley que nos homogeneiza creo que es una manera de que funcionen las instituciones con total normalidad», ha añadido.
La reforma de la malversación genera la primera petición de revisión de penas para corruptos
La Fiscalía Anticorrupción ya tiene encima de la mesa la primera revisión del delito de malversación tras la reforma penal pactada por el Gobierno con ERC para beneficiar a los condenados y encausados del «procés». En concreto, el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Acuamed -la investigación que estalló en el 2016 y afecta a varios contratos de la empresa pública de aguas de las cuencas mediterráneas- ha solicitado al Ministerio Público que examine el auto de procesamiento por si cabe reducir las penas de la malversación sin ánimo de lucro, como recoge la modificación legal para este supuesto. El juez que investiga el caso, Manuel García Castellón, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito en el que solicitaba el procesamiento de los imputados por si tiene que hacer alguna modificación a raíz de la reforma del Código Penal.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, rechazó este martes, en su comparecencia habitual tras el Consejo de Ministros, que la decisión suponga la confirmación de los temores expresados tanto por algunos dirigentes del PSOE como por los propios fiscales a que la nueva norma provoque una cascada rebajas de condenas en casos de corrupción similar a la producida como consecuencia de la entrada en vigor de ley del «solo sí es sí»y de la que ya se han beneficiado más de un centenar de agresores sexuales.
Rodríguez defendió que la solicitud del juez no es más que un «trámite procesal» lógico cuando se ha producido una reforma y subrayó que, además, afecta a un caso aún en instrucción en el que no hay sentencia ni condena. Pero, sobre todo, argumentó que lo que no permitirá en ningún caso la modificación, defendida por el Ejecutivo como un paso más dentro de su política de apaciguamiento del independentismo y por la «convivencia» en Cataluña, es que «ningún tipo de corrupción quede sin reproche penal».