Los conservadores pretenden hacer a Balaguer presidenta del Tribunal Constitucional

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

La magistrada María Luisa Balaguer Callejón, en una imagen de archivo.
La magistrada María Luisa Balaguer Callejón, en una imagen de archivo. J. P. Gandul | Efe

Tiene opciones de imponerse a Conde-Pumpido si Segoviano vota a su favor

02 ene 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

En el Gobierno de Pedro Sánchez todo estaba previsto para que cuando el Ejecutivo nombrara los dos magistrados del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los dos que le corresponden, el cambio de una mayoría conservadora a una progresista culminara con la designación de Cándido Conde-Pumpido como presidente del tribunal de garantías. Sin embargo, el movimiento de los vocales conservadores del CGPJ de proponer a la progresista María Luisa Segoviano, que fue finalmente elegida en detrimento de José Manuel Bandrés, muy próximo a Conde-Pumpido, podría complicar ese plan.

Nadie duda que el presidente que se elija será del sector progresista. Pero, dentro de ese espacio, la magistrada María Luisa Balaguer está dispuesta a disputar la presidencia a Conde-Pumpido, el preferido por el Gobierno. La pugna podría resolverse por un solo voto, dado que la mayoría es ahora mismo de siete a cuatro a favor de los progresistas, ya que el Senado no ha designado al sustituto del magistrado conservador Alfredo Montoya, que se retiró por razones de salud el pasado mes de junio.

El Gobierno no está dispuesto a pactar a ese sustituto, que correspondería al sector conservador, hasta que el PP no se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los conservadores están decididos a votar a Balaguer como presidenta porque consideran que Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es demasiado próximo al PSOE.

Si a esos cuatro votos conservadores se suma el de la propia Balaguer y el de la recién incorporada Segoviano, aupada por los populares, la rival de Conde-Pumpido se impondría por una mayoría de seis a cinco.

Sería la segunda mujer

En teoría, cada uno de los magistrados del Constitucional elige a quien quiere que sea presidente de manera independiente, sin seguir consignas políticas de ningún tipo y sin que existan candidaturas oficiales. Pero todos saben que Conde-Pumpido se postula. Y también lo hace Balaguer, de larga trayectoria en defensa del feminismo, que se convertiría, en caso de obtener la presidencia, en la segunda mujer que accede al cargo tras María Emilia Casas. Algo que podría jugar a su favor en la votación.

Los dos candidatos cumplen con la norma no escrita de estar en el último tercio de su mandato, como es tradición al elegir al presidente. Una vez que el Gobierno ha designado para ocupar las dos plazas que le corresponden nombrar al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex asesora de la Moncloa Laura Díez, que representan dos votos seguros para el candidato gubernamental Conde-Pumpido, la clave está en el sentido del voto de María Luisa Segoviano, cuyo perfil independiente del poder político estaría más cerca de María Luisa Balaguer.

Un Tribunal Constitucional presidido por Conde-Pumpido garantizaría al Gobierno un matiz favorable a sus intereses en las cuestiones más relevantes que el tribunal tiene pendientes, mientras que uno presidido por Balaguer tendría un perfil de izquierda, pero sin ningún tipo de sumisión al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

María Luisa Balaguer: Catedrática, independiente y experta en temas de igualdad 

María Luisa Balaguer Callejón (Almería, 1953) es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Granada. En 1980 inició su etapa como docente universitaria en Derecho Constitucional en las facultades de Derecho y Periodismo de la Universidad de Málaga. En el 2003 se convirtió en la primera catedrática de Derecho Constitucional de Andalucía. Fue consejera electiva del Consejo de Consultores de Andalucía entre el 2005 y el 2017, año en que fue nombrada magistrada del Tribunal Constitucional por designación del Senado. Considerada como una experta en temas de igualdad, Balaguer ha dirigido la revista Artículo 14, una perspectiva de género editada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). También ha dirigido dos congresos de Derecho Constitucional organizados por el Parlamento de Andalucía en los años 2002 y 2003. Balaguer ha expresado su deseo de convertirse en presidenta del Tribunal Constitucional y es la única rival posible de Cándido Conde-Pumpido.

Cándido Conde-Pumpido: Ex fiscal general del Estado y jurista próximo al PSOE 

Cándido Conde-Pumpido Tourón (A Coruña, 1949) es el elegido por el sector socialista del Gobierno para ascender a la presidencia del Tribunal Constitucional. Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela, Conde-Pumpido inició su carrera profesional como juez de Primera Instancia e Instrucción en Puebla de Sanabria (Zamora) y O Carballiño (Ourense). En febrero de 1981 ingresó como magistrado en la Audiencia Provincial de San Sebastián. En 1985 fue designado presidente de la Audiencia Provincial de Segovia. En 1995 fue ascendido a magistrado de la Sala Segunda del Supremo En abril del 2004 fue nombrado Fiscal General del Estado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces se le considera próximo al PSOE. En el 2012 regresó al Supremo y en marzo del 2017 fue elegido miembro del Tribunal Constitucional. Está casado con la magistrada del Supremo y actual vocal del CGPJ Clara Martínez de Careaga y tiene tres hijos.

El CGPJ lleva más de cuatro años en funciones por la falta de acuerdo entre PP y PSOE 

La designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le correspondía nombrar al Consejo General del Poder Judicial ha conseguido rebajar la tensión entre el Gobierno y el consejo, pero el bloqueo se mantiene en lo que afecta a la renovación del propio CGPJ, que lleva cuatro años en funciones.

El retraso generado por la negativa del PP a llegar a un acuerdo que debe contar con una mayoría de tres quintos de las Cortes, y que por tanto hace imprescindible su participación en el pacto, llevó al Gobierno a modificar en marzo del 2021 la ley del Poder Judicial, prohibiendo que el consejo hiciera nombramientos en la carrera judicial mientras se encuentre en funciones.

El objetivo era forzar al PP a avenirse a un acuerdo, pero esa decisión ha provocado un colapso de la Justicia que ha hecho que en este momento haya ya 72 plazas de magistrados vacantes, es decir, casi un tercio de la cúpula judicial pendiente de renovación. 

Contrarreforma de la ley

El pasado mes de julio, sin embargo, el deseo del Gobierno de proceder a la renovación del Constitucional para cambiar la mayoría conservadora por una progresista hizo que el Ejecutivo modificara su propia reforma, estableciendo la salvedad de que el CGPJ en funciones pueda nombrar exclusivamente a los dos miembros del tribunal de garantías que le corresponde, fijando para ello un plazo que terminaba el 13 de septiembre y que acabó superándose, hasta que el pasado martes se procedió a la elección de César Tolosa y María Luisa Segoviano.

Tras varios intentos de acuerdo fallidos, el bloqueo se mantiene en lo que afecta a la renovación del CGPJ y esa situación no tiene visos de solucionarse a corto plazo. El PP insiste en vincular la renovación a un cambio en el sistema de elección, de manera que los jueces elijan a la mayoría del consejo. El Gobierno rechaza esa fórmula y urge a los populares a cumplir con su obligación constitucional.

La cercanía de las elecciones autonómicas y municipales hace aun más improbable que se alcance un acuerdo político que acabe con la situación de interinidad en el CGPJ y establezca una mayoría progresista en el consejo.