El Poder Judicial celebrará un pleno extraordinario el 20 de diciembre para votar a los candidatos al Constitucional

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Reunión de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el pasado septiembre, para negociar los nombramientos de dos magistrados del Tribunal Constitucional.
Reunión de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el pasado septiembre, para negociar los nombramientos de dos magistrados del Tribunal Constitucional. CGPJ | EUROPA PRESS

En el orden del día solo constan dos aspirantes, César Tolosa y Pablo Lucas, pero podrán sumarse más

15 dic 2022 . Actualizado a las 21:57 h.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes día 20, a partir de las 17.00 horas, para debatir el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al órgano de gobierno de los jueces. Una elección que debería haberse realizado en junio pasado y que desde hace tres meses está fuera del plazo legal por la posición frentista contra el Gobierno del denominado bloque conservador del consejo. 

 La convocatoria de la sesión por el presidente suplente del CGPJ, el vocal Rafael Mozo, responde a la solicitud de los vocales del citado sector conservador, 9 de los 18 que forman parte del pleno en la actualidad. Estos han logrado adelantar dos días la votación prevista para el jueves, día 22 de diciembre. Su objetivo era evitar por todos los medios la ejecución de la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos en las Cortes y que afecta al sistema de elección del CGPJ (se pasaría de mayoría cualificada a simple) y a la eliminación del examen a los magistrados propuestos para la corte de garantías, precisamente para saltar el bloqueo que ejercen los vocales conservadores del consejo y los magistrados de la misma sensibilidad en el TC. Los consejeros firmantes de esta iniciativa, nombrados en el 2013 por el Grupo Parlamentario Popular, son Nuria Díaz, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona y Wenceslao Olea. 

Este grupo presentó este miércoles los nombres y currículos de sus dos candidatos, los jueces del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas, cumpliendo así los requisitos establecidos en el acuerdo de la presidencia del pasado día 13 de diciembre.

De este modo, el orden del día del 20 incluirá la propuesta de nombramiento como miembros del tribunal de garantías de estos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, así como la de «aquellos otros candidatos que podrán proponer los vocales hasta el mismo momento del inicio de la sesión, de conformidad con la regla cuarta del procedimiento aprobado por el pleno extraordinario de 8 de septiembre del 2022».

La convocatoria del martes se ha realizado «en atención a las agendas y viajes programados por los vocales, con la finalidad de asegurar su asistencia al pleno y lograr un mayor consenso», afirmó el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado.

El factor Bandrés

Tras este movimiento del pleno, ahora está por ver si el bloque progresista presenta a la votación a su candidato al Constitucional, el también magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, al que algunos vocales conservadores no ven con buenos ojos por su cercanía al Gobierno y al magistrado del Constitucional Cándido Conde-Pumpido, candidato a presidir la corte de garantías si se consuma la renovación y el cambio de mayorías pretendido por el Gobierno: de la conservadora actual a progresista.

Cualquier acuerdo que se alcance el martes sobre los aspirantes en liza requiere 11 de los 18 votos, una mayoría cualificada de tres quintos. Los conservadores tienen garantizados nueve votos y podrían alcanzar diez si finalmente se suma Vicente Guilarte. En este contexto cuentan además con la previsible abstención en la votación del consejero Enrique Lucas, hermano de uno de los candidatos designados por los conservadores, para forzar a que los dos magistrados elegidos sean los que proponen y dejar fuera de la carrera a Bandrés, candidato de los progresistas.

El moderado Lucas, propuesto para evitar a Bandrés

Los dos candidatos del sector conservador para acceder al Tribunal Constitucional, César Tolosa y Pablo Lucas, se añaden al del sector progresista, José Manuel Bandrés.

César Tolosa Tribiño (Segovia, 1957), magistrado del Tribunal Supremo desde el 2014, preside la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Llegó a la carrera judicial en 1982 y desde entonces desempeñó su trabajo en Molina de Aragón (Guadalajara) y en Arenas de San Pedro (Ávila). En 1984, ascendió a magistrado y fue enviado a Palma de Mallorca.

En el 2004 fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, desde donde llegó al Supremo. Ha ejercido de docente e impartido cursos y escrito libros y artículos jurídicos.

Pablo Lucas es magistrado de la sala que preside Tolosa desde noviembre del 2001, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio.

Es el encargado de controlar la actividad del CNI y estaba en el primer listado de nueve candidatos dado a conocer por los vocales progresistas el pasado octubre. Pablo Lucas es hijo de Pablo Lucas Verdú, el prestigioso y ya fallecido catedrático salmantino del Constitucional, cargo que desempeñó en la Universidade de Santiago durante unos años, y gran amigo de Enrique Tierno Galván. Acaba de ser propuesto por el sector conservador. Dio el visto bueno a la exhumación de los restos de Franco.

Por último, el progresista José Manuel Bandrés defendió la inmersión lingüística en Cataluña cuando en la década de los ochenta ejerció en la Audiencia Territorial de Barcelona y propuso en el 2001 la descentralización del órgano de gobierno de los jueces. Fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde destacó por un voto particular que firmó en 1986 cuando avisó de que la actuación del expresidente del Gobierno catalán Jordi Pujol al frente de Banca Catalana merecía una «sanción penal».