Page carga contra Sánchez: «No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena»
ESPAÑA
El presidente de Castilla-La Mancha anuncia que presentará una iniciativa legislativa que impida a un territorio hacer una consulta de manera unilateral y avisa que irá al Constitucional si Cataluña promueve un referendo en el que «no hablen todos los españoles»
13 dic 2022 . Actualizado a las 16:48 h.El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado muy crítico con el acuerdo entre el PSOE y ERC para eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación y señaló que «no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena» y que el Código Penal no se puede hacer «a la medida de los culpables».
En rueda de prensa en Ocaña (Toledo), tras la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, García-Page ha afirmado que este es un «momento grave» para la política española, «de los que quedan grabados en la retina colectiva», y ha subrayado que «no puede salir nada bueno de una medida tan injusta para el resto de los españoles».
Page avanzó que como presidente autonómico presentará una iniciativa legislativa que impida la posibilidad de hacer ningún tipo de consulta que afecte al conjunto de los españoles si no hablan todos los españoles ya que «si se habla de la soberanía nacional, hablamos todos». También anunció que irá al Tribunal Constitucional si Cataluña promueve una consulta.
El barón socialista se pronunciaba precisamente el mismo día que la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado la reforma que elimina el delito de sedición del Código Penal y lo convierte en uno de desórdenes públicos agravados y que rebaja a 4 años la pena máxima del de malversación cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, como acordaron ayer por la tarde el PSOE y ERC.
Con 19 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV), 17 en contra (PP, Vox, Cs, JxCat y CUP) y una abstención (EH-Bildu), la comisión ha avalado una amplia reforma del Código Penal que afecta de lleno a los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del procés y por los que está procesado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica.
El texto, que se votará en un pleno extraordinario el jueves para pasar al Senado y poder ser aprobado definitivamente antes de fin de año, incluye también cambios en el sistema de mayorías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando elige a los magistrados del Tribunal Constitucional para sortear el actual bloqueo.
Los socios del gobierno han aprovechado la reforma además para introducir un delito de enriquecimiento ilícito y reformar el Código Penal en relación al de desórdenes públicos y en materia laboral, al castigar con cárcel, por ejemplo, la contratación de falsos autónomos. Varios grupos han criticado la tramitación acelerada de esta iniciativa, prácticamente sin debate, y PP, Vox y Ciudadanos han acusado al Gobierno de violar las reglas del Estado de derecho para satisfacer las exigencias de los independentistas catalanes que los sostienen en la Moncloa.
El Gobierno elude las críticas
La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha eludido hoy las críticas del presidente de Castilla La Mancha. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha evitado pronunciarse hasta en tres ocasiones sobre las valoraciones realizadas por Emiliano García Page. La ministra se ha limitado a defender la modificación de la malversación, alegando que introduce un tipo nuevo, aunque sin responder a las preguntas de los periodistas en las que recuerdan que baja la pena para algunos malversadores e incluso, en algunos casos, impide que vayan a la cárcel.
Según Isabel Rodríguez, las modificaciones legales que están llevando a cabo, tanto la supresión de la sedición como la reforma de las penas por malversación de fondos públicos, son para «solucionar problemas de convivencia» que heredaron del Gobierno anterior tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y ha alegado que en aquel momento la situación de Cataluña era la segunda preocupación de los españoles mientras que ahora está en el puesto cuarenta. «Es lo que heredó este Gobierno y con valentía afrontó Pedro Sánchez», ha exclamado.
«Uno de los objetivos era la recuperación de la convivencia y la concordia, estamos tomando decisiones pensando en este objetivo de gran magnitud, el tiempo nos está dando la razón», ha añadido. Incluso ha alegado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno «se cumple la Ley en Cataluña».
Por su parte, el portavoz socialista, Francisco Aranda ha defendido el «ejercicio reglamentario y democrático» de su capacidad legislativa y ha recordado que el objetivo del Gobierno es «recuperar puentes rotos» en Cataluña. Frente a quienes alertan de que la rebaja de la malversación puede dañar la lucha contra la corrupción, ha querido dejar claro que en ningún caso se despenaliza el desvío de fondos públicos.
El delito de malversación se limita sin despenalizarlo, ha coincidido la portavoz de ERC, Carolina Telechea, quien ha considerado que la reforma es «positiva», aunque mantienen discrepancias en torno a la nueva regulación de los desórdenes públicos y ha recordado que su objetivo último sigue siendo la independencia.
El portavoz del PP, Luis Santamaría, ha acusado al Gobierno de «tender un puente de plata a Junqueras» para que pueda ser candidato a la Generalitat y se ha mostrado convencido de que Sánchez, «cautivo» de sus alianzas, pasará a la historia «por deconstruir España y demoler el pacto de la transición». «Es un claro y evidente golpe de Estado institucional», ha afirmado el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, quien ha denunciado además un «fraude procesal», ya que los servicios jurídicos de la Cámara alertaron, sin éxito, de que las enmiendas relativas al CGPJ y al Constitucional eran impropias de la reforma en curso. Para Ciudadanos se trata de «uno de los más graves atentados de la historia de la democracia» y su portavoz, Edmundo Bal, ha advertido además de que beneficiará no solo a Junqueras o Puigdemont, sino también a políticos como José Antonio Griñán (PSOE), condenado por los ERE, o Jorge Fernández Díaz (PP), procesado por el caso Kitchen.
Unidas Podemos apoyó ayer tarde la rebaja de la malversación, pero este martes el presidente del grupo, Jaume Asens, no ha dicho ni una palabra sobre ese punto. En términos generales, ha dicho, la «reforma es positiva», aunque persisten «sombras» sobre el delito de desórdenes. Desde el PNV, Mikel Legarda ha considerado que se trata de un paso en la buena dirección para desjudicializar el procés, la misma tesis de EH-Bildu, que confía todavía en mejorar la reforma, y de PDECat. Sin embargo, Josep Pagès, de JxCat, ha rechazado una iniciativa que sigue considerando sedicioso el 1-O, mismo argumento de la CUP para rechazar la proposición.
Los cambios penales
En el centro de la iniciativa está la transformación del delito de sedición en uno agravado de desórdenes públicos, lo que rebaja la pena máxima de 15 a 5 años. Con la reforma de la malversación, se mantienen las penas cuando haya ánimo de lucro, pero se crean nuevos tipos con penas inferiores cuando no hay enriquecimiento personal. Por ejemplo, quien dé al patrimonio público, que le corresponda administrar, «una aplicación diferente de aquella a la que estuviere destinado» será castigado con cárcel de 1 a 4 años e inhabilitación de 2 a 6 años «si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado». Si no se produce ese daño o entorpecimiento grave, la pena será de inhabilitación para cargo público de 1 a 3 años y multa de 3 a 12 meses. Para ERC, está claro que, con esta reforma, la organización del 1-O en ningún caso tendrá pena de cárcel.
