La bronca política, el bloqueo de la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional y el deterioro de las instituciones marcan el aniversario
11 dic 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La Constitución cumple 44 años sin posibilidad alguna de que se reforme dado el enfrentamiento total entre los dos grandes partidos. ¿Está en peligro el espíritu constitucional? ¿La bronca política, agravada por la supresión del delito de sedición y la reforma del de malversación, el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional o los cambios propuestos por el Gobierno para desbloquear el nombramiento de sus dos magistrados en este órgano, son un ataque a dicho espíritu? Los expertos alertan de la gravedad de lo que está pasando.
La celebración
Utilización partidista. «En cierto modo, la celebración de los aniversarios de la Constitución se ha ‘rutinizado', de forma tal que las diferentes comprensiones de su texto y de su espíritu ya entran en el ámbito de la libre y legítima discusión pública», señala Carlos Barrera. Esto, explica, «vale incluso para los tiempos que corren, en los que distintos episodios parecen contradecir el supuesto consenso constitucional por parte de los partidos mayoritarios». En su opinión, «cada cual la celebrará, como es habitual, arrimando el ascua a su sardina y nadie se sorprenderá por ello; y tampoco faltarán acusaciones de unos contra otros de intentar utilizar la Constitución como instrumento para sus intereses partidistas, pero esto tampoco es nada nuevo».
Reivindicación
Ambiente tóxico e insultos contra el consenso constitucional. Xavier Arbós cree que «precisamente ahora tiene sentido celebrarla, especialmente por evocar el proceso constituyente y los primeros pasos del sistema constitucional». En primer lugar, «por la capacidad de consenso que está detrás del éxito de la Constitución, un consenso que hoy parece imposible, con un ambiente tóxico en el Congreso». En segundo lugar, «por el sentido institucional que existió». El constitucionalista recuerda, por ejemplo, que los nombramientos de magistrados para el Tribunal Constitucional o de vocales del Consejo General del Poder Judicial «suscitaban poca o nula controversia, y a las personas nombradas se les reconocía su capacidad de actuar con independencia, en lugar de pegarles la etiqueta del sector que los había nombrado y suponer que actuarían de acuerdo con él». Verónica Fumanal ve «necesario reivindicar el espíritu de la Constitución y de lo que la hizo posible, el entendimiento de los diferentes, la cesión para el consenso, el respeto al adversario y a la pluralidad ideológica». Todo esto «es lo que está en juego y lo que se cuestiona cada vez que se insulta al adversario político». Por eso, concluye, «es tremendamente importante reivindicar nuestra Constitución y el espíritu que la hizo posible».
El significado
Algo lejano, 44 años perdidos. «En España la Constitución nace tras un período de dictadura, por lo que siempre tiene ese poso de celebración histórica por lograr dejar atrás dicho régimen», sostiene Santiago Martínez. Pero «conforme avanza el tiempo, cada vez hay más parte de la población que no percibe la trascendencia de dicho logro y que ve la Constitución como algo lejano».
Sobre todo si a esto le sumamos que «todos los partidos, sobre todo el PSOE y el PP, un día enarbolan la bandera constitucional y defienden la carta magna a capa y espada, y al siguiente la transgreden, la retuercen y la manipulan según les interese, y todo esto con la connivencia del resto de poderes del Estado, ya que existe un círculo vicioso que impide que exista una verdadera división de poderes en España». Y, advierte: «Hay que decirlo, ya son 44 años perdidos sin que se hagan las reformas necesarias porque a nuestra partitocracia no le interesa».
Poder Judicial
Los partidos, responsables. Arbós considera que sí hay un deterioro de las instituciones constitucionales. «Los máximos responsables son los partidos, que dejaron de buscar el consenso para pensar en términos de cuotas», asegura. «El PP tiene una responsabilidad suplementaria, al negarse a colaborar en la renovación del CGPJ», explica. Y, más recientemente, «hay que añadir el comportamiento reprobable del CGPJ, incapaz de cumplir con la imposición legal de proponer dos candidatos al Tribunal Constitucional». Barrera opina que «más que deterioro de las instituciones habría que hablar de deterioro de la clase política responsable del correcto funcionamiento de las instituciones, que es donde ahora mismo más hay que poner el foco».
Los partidos
Vox, máximo responsable. Fumanal apunta que «el máximo responsable es Vox y su animadversión a los adversarios políticos que considera que son enemigos». «Existen pocos partidos políticos que nieguen la necesidad de que exista pluralidad política, la extrema derecha quiere erradicar cualquier tipo de ideología que sea opuesta a la suya, por eso son de corte neofranquista», añade. De hecho, «ellos se erigen como los sucesores y los únicos que reivindican de forma abierta el franquismo».
Diseño Constitucional
Bipartidismo sin contrapesos. «La Constitución fue diseñada en un período como fue la Transición en la que era necesaria una estabilidad que solo podría lograrse dándole fuerza y demasiado margen de maniobra a los partidos políticos», afirma Martínez. «Se fomentó un sistema bipartidista, que al margen de sus pros y contras, estableció un intervencionismo omnímodo en todos los poderes del Estado», añade. «El partido que gobierna acaba controlando absolutamente todo sin que haya un sistema de check and balances, de contrapesos como en los modelos anglosajones», concluye.
Una reforma imposible por los enfrentamientos
Todos los años, al conmemorar la aprobación de la Constitución de 1978, se plantea el tema de su reforma para ponerla al día y subsanar sus defectos. Los constitucionalistas señalan como cambios necesarios retocar el título VIII relativo a las autonomías para definir y concretar un modelo territorial descentralizado que la Constitución solo prefiguraba; derogar la preeminencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona; reformar profundamente el Senado: o precisar mejor los procedimientos y los tiempos de la investidura. El actual escenario político de máxima polarización, que incluso impide cumplir el mandato constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, hace imposible que se acometa cualquier cambio. Ni siquiera ha habido acuerdo para cambiar el término «disminuido» por «persona con discapacidad» en la carta magna.
Sea como fuere, Barrera considera que «eso no significa eludir el debate de la necesidad de una reforma constitucional en un futuro a medio plazo, aunque ahora mismo no se dan las condiciones». «Como quiera que queda Constitución, en su actual texto, para rato, lo que cabe exigir es un pacto de no agresión a su espíritu por parte de aquellos partidos que dicen que creen en ella, lo que situaría en el extrarradio a aquellos que han declarado públicamente que quieren, de un modo u otro, dinamitarla, aunque sea con maneras sutiles que, por más inadvertidas, son las más peligrosas que las abiertamente hostiles», concluye.
Las cinco mejoras para avanzar y adaptar la Carta Magna a nuestros tiempos
Santiago Martínez da algunos ejemplos de «cómo la Constitución del siglo XX debería avanzar a una del siglo XXI»:
1.- «El sistema de listas cerradas provoca que el partido regule y legisle de espaldas a los intereses reales de los ciudadanos y que los políticos nunca tengan que rendir cuentas ante su electorado. El votante español es un mero votante de unas siglas, y el partido de turno con ese voto tiene un cheque en blanco para hacer cuanto quiera. Así que durante 4 décadas la población ha visto cómo los Gobiernos de turno han usado descaradamente las instituciones a su conveniencia».
2.- «El gasto público institucional cada vez es mayor, y existe una clara sobrerrepresentación en todas las Cámaras de representación territorial, ya que al final sus diputados son meros ejecutores de las indicaciones de voto que establece el partido. Para eso no es necesario tener tantos sueldos públicos, el diputado le debe el cargo al partido y no directamente a la ciudadanía. Estas son cuestiones que la ciudadanía observa, existe una clara inflación institucional y orgánica».
3.- «La disfuncionalidad del Senado, ya que cabe preguntarnos para qué vale realmente un senador o una senadora».
Bloqueos
4.- «Y lo que está sucediendo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial es la enésima señal en estas cuatro décadas de que algo huele mal en la Justicia española. Pasan los años y nuevamente porque no interesa no se hacen las reformas necesarias para despolitizar los órganos rectores del Poder Judicial así como los miembros de los altos tribunales. Designaciones de exministros para altos cargos de la judicatura o la Fiscalía hacen flaco favor a la anhelada independencia judicial que toda democracia avanzada debería tener».
5.- «Por último, toda democracia que se precie debería permitir un debate sereno acerca de la jefatura del Estado, y, obviamente, las ultimas polémicas respecto a nuestro rey emérito tampoco han ayudado a una valoración positiva de la ciudadanía respecto a la Constitución y sus diferentes órganos institucionales».