La Mesa del Parlamento catalán rechaza suspender a Salvadó y Jové por el referendo ilegal del 1-O

Europa Press BARCELONA

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El Parlament, durante una sesión plenaria
El Parlament, durante una sesión plenaria David Zorrakino - Europa Press

Junts defiende que hay una «persecución política» contra su presidenta, ya que a ella se le aplicó el 25.4 y a estos dos diputados de ERC no, por lo que defiende la supresión de este artículo

22 nov 2022 . Actualizado a las 19:34 h.

La Mesa del Parlamento catalán rechaza suspender a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les abriese juicio oral el pasado viernes por los preparativos del 1-O, una iniciativa que ha decaído con los votos en contra de los miembros de ERC, Junts y CUP y la abstención del PSC.

El grupo parlamentario de Vox pidió a la Mesa la aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament que contempla suspender de derechos y deberes a los diputados a los que se les abra juicio oral por presuntos casos relacionados con la corrupción. Se trata del mismo artículo que se aplicó a la presidenta de Junts, Laura Borràs, cuando fue suspendida como presidenta del Parlament.

La Mesa ha aprobado por mayoría que «no se da el supuesto de hecho habilitante para aplicar la suspensión» de Jové y Salvadó, al no considerar que se les haya abierto juicio oral por un caso relacionado con la corrupción. Junts defiende que hay una «persecución política» contra su presidenta, ya que a ella se le aplicó el 25.4 y a estos dos diputados de ERC no, por lo que defiende la supresión de este artículo.

En varios apuntes en Twitter recogidos por Europa Press, Borràs ha asegurado que «la aplicación automática que se hizo del artículo 25.4 ha quedado acreditado hoy que es una aberración democrática», en referencia a cuando se le aplicó a ella.

La líder de Junts, que ha asegurado que «el 1-O se hizo un referéndum y eso no es delito», también ha criticado a quienes ahora han votado en contra de aplicar el 25.4 y en julio votaron a favor de su suspensión sin ningún informe previo de los letrados, ha matizado.

Borràs considera que se le aplicó este artículo «de forma automática, fraudulenta e irregular», y ha sostenido que el 25.4 no da seguridad jurídica y se incluyó en el reglamento en el 2017 sin el visto bueno de los letrados, ha dicho textualmente.