Las penas por hechos similares son más altas en Alemania, Francia e Italia
19 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado diferentes argumentos para justificar la reforma del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas en el juicio del procés. Pero los razonamientos que ha esgrimido el jefe del Ejecutivo hasta ahora no se corresponden con la realidad.
Compromiso
No fue en la investidura. Sánchez asegura que la reforma del delito de sedición fue un compromiso que asumió en su investidura. Pero lo cierto es que en su discurso de investidura no citó en ningún momento la sedición, a pesar de que sí lo hicieron PP, Cs y Vox. Ese compromiso tampoco aparece en el acuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos.
«Europeizar» el delito
Las penas son más altas. El presidente del Gobierno habló de la necesidad de europeizar el Código Penal para que sea «más o menos homologable» al que tienen otras democracias europeas. Y citó concretamente los casos de Alemania, Francia e Italia. Pero las leyes de esos países en lo que afecta a figuras delictivas similares, lejos de ser más benévolas, tienen penas mayores, tal y como explicó el Tribunal Supremo en su informe sobre la tramitación de los indultos.
En Alemania, esos hechos se consideran «alta traición» y son castigados con penas que van desde los 10 años hasta la cadena perpetua. El Código Penal alemán entiende por alta traición el intento «con fuerza o amenaza de fuerza» del que emprenda acción para «socavar la existencia continuada de la República Federal de Alemania» o «cambiar el orden constitucional basado en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania».
En Francia se castiga con penas de hasta cadena perpetua a los dirigentes de un movimiento insurreccional, los ataques a los intereses fundamentales de la nación, entendiendo por tal su independencia, la integridad de su territorio, su seguridad y la forma republicana de sus instituciones.
En Italia se sancionan con una pena de cárcel no inferior a 12 años los «ataques violentos contra la integridad, la independencia o la unidad del Estado». En Portugal, el Supremo señala que se castiga con entre 10 y 20 años de cárcel el delito de traición consumado o intentado para quienes, con abuso de funciones soberanas, intentan separar de la patria una parte del territorio portugués. En Bélgica, el atentado que tenga por objeto «destruir o cambiar la forma de Gobierno o el orden de sucesión al trono» se castiga con pena de 20 a 30 años.
Delito de hace dos siglos
Se reformó en 1995. Otro argumento de Sánchez es que no se pueden juzgar hechos del siglo XXI con leyes del siglo XIX, asegurando que la redacción del delito de sedición en el Código Penal es del año 1822. Lo cierto es que las penas por sedición que aplicó el Supremo se recogen en los artículos 544 y 545 del Código Penal reformado en 1995 por el entonces ministro de Justicia socialista Alberto Belloch. Esas penas están, por tanto, actualizadas y no son los trabajos forzosos a perpetuidad y otros castigos que figuraban en el Código Penal de 1822.
El artículo vigente establece que «los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad». En ambos casos se impondrá, además, la «inhabilitación absoluta por el mismo tiempo».
Además, el Gobierno cae en contradicción porque la ley del indulto a la que se acogió para conceder la medida de gracia a los independentistas condenados por el Tribunal Supremo el 22 de junio del 2021 en el juicio del procés se estableció en el Código Penal el 18 de junio de 1870 y no ha sido alterada desde entonces. En este caso, no se ha puesto en cuestión la norma.
El Gobierno lo desliga de los Presupuestos, pero ERC lo vincula
Sánchez utilizó como argumento para justificar la reforma del delito de secesión que inversiones como las de Seat y Cisco no hubieran llegado en la Cataluña del 2017. Lo cierto es que son miles las empresas que abandonaron Cataluña o cambiaron su sede tras el procés y que la gran mayoría, entre ellas las más importantes, no han regresado. Caixabank mantiene su sede social en Valencia desde el 2017 y Banco Sabadell en Alicante .
Presupuestos
El Gobierno lo desvincula y ERC lo liga. Pedro Sánchez asegura que la decisión de rebajar el delito de sedición derogando esa figura y creando la de desórdenes públicos agravados no tiene que ver con la negociación con ERC sobre los Presupuestos del 2023. Sin embargo, los líderes del partido republicano hablan abiertamente de una negociación con el Ejecutivo paralela a su apoyo a las cuentas públicas. ERC ha forzado que la aprobación de la rebaja en la sedición se produzca de manera inmediata para que coincida con la votación de los Presupuestos. El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras no solo ligó esta negociación a la de las cuentas públicas del Estado, sino que advirtió al PSC de que si quiere pactar con ellos para aprobar los Presupuestos de la Generalitat antes tiene que «comprometerse» con la reforma a la baja del delito de malversación por el que él fue condenado. Y eso, a pesar de que ERC ha perdido la mayoría parlamentaria tras romper con Junts.
La aplicación del artículo 155 y las penas de cárcel son las que redujeron el desafío independentista
Otro de los razonamientos, más político que jurídico, utilizado por Pedro Sánchez para justificar la derogación del delito de sedición por el que fueron castigados los líderes del procés es el de que Cataluña está ahora mejor que en el año 2017 gracias a las cesiones que el Gobierno ha ido haciendo a los independentistas, desde la concesión del indulto a la creación de una mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat.
Lo cierto es que si en Cataluña no se repiten los actos perpetrados por los condenados por sedición es gracias a que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó, con el apoyo explícito de Pedro Sánchez, el artículo 155 de la Constitución, que permitió al Ejecutivo asumir el Ejecutivo de Cataluña hasta la celebración de unas nuevas elecciones ante la desobediencia reiterada a la Constitución del Gobierno de la Generalitat. En el hecho de que no se repitan actos como los acaecidos en octubre del 2017 influye también decisivamente el que los protagonistas de aquellos actos fueron condenados a penas de cárcel e inhabilitados para ejercer cargos públicos. Los dirigentes de la Generalitat mantienen ahora su reivindicación independentista, pero se cuidan de cometer actos que puedan llevarlos a la cárcel.
Desinflamación
Menos apoyo. La inflamación de los líderes independentistas en lo que afecta a su discurso reivindicativo sigue igual que hace cinco años. Incluso se ha recrudecido porque los dirigentes de los partidos secesionistas se han crecido al comprobar que el Gobierno ha accedido a algunas de sus exigencias, como crear una mesa de negociación; afirmar que lo que hay en Cataluña es un «conflicto político» o sostener que es necesaria la desjudicialización de ese conflicto. Lo que sí ha descendido en Cataluña es el apoyo a las posiciones más extremas de los partidos independentistas, como se demuestra en la celebración de la última Diada el 11 de septiembre, que solo reunió a 150.000 personas. Es la cifra más baja de la última década. En el año 2018, en pleno auge del procés, la manifestación en Barcelona reunió a cerca de un millón de personas para reclamar la independencia, cifra similar a la del 2017, apenas semanas antes del referendo del 1-O.