Entre los principales agraciados estarían Oriol Junqueras y José Antonio Griñán
17 nov 2022 . Actualizado a las 09:11 h.Hasta medio millar de políticos y funcionarios condenados por malversación podrían beneficiarse de una futura reforma de este tipo delictivo en el Código Penal. El presidente de la Generalitat y dirigente de ERC, Pere Aragonés, anunció, tras conocerse la propuesta de Pedro Sánchez de derogar el delito de sedición y cambiarlo en la legislación por uno de «desórdenes públicos agravados» con una notable reducción de penas, que «la siguiente batalla» que va a librar el independentismo es exigir un recorte en el castigo de la malversación, que tras la remodelación de las penas de sedición pasa a ser el delito más grave por el que el Supremo condenó en su día a líderes del proceso secesionista como Oriol Junqueras.
Pero esta reforma legislativa, hecha a medida de los condenados por el 1-O, beneficiaría de paso a otros políticos sentenciados por hacer un mal uso de los dineros públicos. Es el caso del socialista José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía condenado por el caso de los ERE fraudulentos, pero también de los implicados en la trama Gürtel, como Francisco Correa, en el caso Nóos, como Iñaki Urdangarin y Jaume Matas, o los condenados por los casos de corrupción Púnica y Lezo.
Inhabilitación de 6 a 20 años
Desde el año 2016 hasta la actualidad, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, 526 personas fueron condenadas por malversación, tipo recogido en los artículos 252 y 253 del Código Penal, donde se fija el abanico de penas por administración desleal o apropiación del patrimonio público. Según la normativa en vigor, las penas por malversación van desde dos a ocho años de cárcel y conllevan una inhabilitación para ejercer cargos públicos de 6 a 20 años, por lo que los 526 condenados desde el 2016 estarían todavía cumpliendo esa pena mínima de 6 años de inhabilitación.
La reforma estaría pensada exprofeso para el exvicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras, que una vez anulada la pena de prisión por el indulto mantiene la inhabilitación de 13 años. El Supremo fijó hasta julio del 2031 la prohibición de ser elegido para un cargo público. Pero de recortarse el delito de malversación, vería reducida su inhabilitación entre tres y nueve años, abriendo la puerta a presentarse a los comicios catalanes del 2025.
Otro beneficiado sería el socialista Jose Antonio Griñán y el resto de condenados a prisión por malversación en la pieza política de los ERE. El propio Pedro Sánchez ya preparó además el terreno del indulto haciendo hincapié en que no hubo enriquecimiento de Griñán, condenado a seis años de cárcel.
También se podrían beneficiar el expresidente catalán y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. De regresar a España o ser extraditados, se enfrentarían a un juicio por los delitos de desórdenes públicos agravados y malversación. Los condenados por el caso Nóos podrían verse agraciados con la medida, incluido Iñaki Urdangarin, sobre quien pesa una condena de cinco años y diez meses de prisión, y siete años y seis meses de inhabilitación absoluta, o el exministro del PP Jaume Matas, sentenciado a tres años y ocho meses de cárcel por malversación.