ERC desvela que ya negocia con el PSOE una reforma de la malversación exprofeso
ESPAÑA
El Ejecutivo evita aclarar si apoyará la enmienda de los republicanos
15 nov 2022 . Actualizado a las 20:21 h.El Gobierno juega al despiste igual que hizo con la reforma de la sedición hasta que, el pasado jueves por la noche, Pedro Sánchez anunció que ese tipo penal, por el que fueron condenados principalmente los líderes del procés, desaparecería del ordenamiento jurídico español como llevaba meses demandando ERC. La formación de Pere Aragonès, sin embargo, desveló ayer que los socialistas ya están hablando con ellos del siguiente paso para exonerar a quienes, como su propio jefe de filas, Oriol Junqueras, aún se enfrentan a penas vinculadas con otro de los delitos considerados en las causas del 1-O, el de malversación. Tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como la de Hacienda, María Jesús Montero, dieron el lunes muestras de estar preparando el terreno a esa otra modificación a la medida de los republicanos catalanes al defender que la actual regulación, impulsada en el 2015 (junto con la prisión permanente revisable) con los únicos votos del PP, no es «proporcionada», o incluso que «no es justa», porque no distingue entre quienes desvían fondos públicos para su enriquecimiento y quienes incurren en una administración desleal sin llevarse dinero «a su bolsillo»; el caso, por ejemplo, del expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán.
Robles y Montero aseguraron, sin embargo, que la cuestión no se ha abordado aún. Y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, arguyó que su «compromiso» con ERC se circunscribe a la rebaja de la sedición y que ahora «no se están valorando» más iniciativas. Matizó que eso no es incompatible con que en la tramitación parlamentaria que empezará la semana próxima se abran otros debates. El tema es espinoso porque, así como el PSOE cuenta con el apoyo cerrado de la mayoría de sus socios para derogar la sedición, la reforma de la malversación suscita en el bloque de la investidura muchas más dudas, como advirtieron el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, y el de Compromís, Joan Baldoví. Incluso en las filas socialistas hay quien admite que un cambio a la baja en un delito relacionado con la corrupción puede ser difícil de explicar.
Reforma «quirúrgica»
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, admitió que su propuesta puede tener la deriva inconveniente de beneficiar a condenados por causas como la de Gürtel, Kitchen o los ERE. «Por eso hay que ser quirúrgico en la articulación de estas enmiendas», adujo. El texto «tiene que ir ligado a lo que significa la sedición; se trata de que no se utilice el Código Penal como un castigo ideológico». Los socialistas guardan de momento con celo hasta dónde están dispuestos a llegar. El dirigente independentista, sin embargo, dejó claro que la reforma del Código Penal no ha sido improvisada y que «viene de lejos».
Griñán, Urdangarin, Matas, Correa y Junqueras, entre los favorecidos
m. balín
La eventual modificación del delito de malversación de caudales públicos obligaría a revisar la situación de 40 reclusos que cumplen penas de prisión por este delito o los 49 castigados en firme por este tipo penal solo en lo que va del 2022, según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial. Además, la Fiscalía debería examinar los 68 escritos de acusación que ha presentado entre el 2019 y el 2021, por ejemplo, en los que se incluye la imputación de malversación a personas físicas.
Pero, ¿cómo está recogido este delito en el Código Penal? Se trata de un tipo especial de apropiación indebida del patrimonio público o administración desleal del mismo que tiene que ser cometido por una autoridad o funcionario público. Recoge penas de prisión de dos a doce años e inhabilitación de hasta diez, en virtud de si hubo lucro personal superior a los 250.000 euros.
La reforma del PP
La reforma que impulsó el PP en el 2015, durante la mayoría absoluta del Gobierno de Rajoy, hizo desaparecer el «ánimo de lucro» para ser castigado por malversación con la vista puesta entonces en castigar conductas como la convocatoria de la consulta popular de noviembre del 2014 en Cataluña, bajo la presidencia de Artur Mas. Ahora, la modificación que introdujo el PP podría ser enmendada. Los socialistas ya defendieron en el 2015 suavizar las penas de este delito cuando no comportase lucro personal.
En el capítulo de beneficiarios estaría el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que una vez anulada la pena de prisión por el indulto mantiene la inhabilitación de 13 años, es decir hasta el 5 de julio del 2031. De rebajarse el delito de malversación, vería reducida su inhabilitación entre tres y nueve años, abriendo la puerta a que pudiese concurrir a los comicios del 2025.
Otro afectado sería el expresidente andaluz Jose Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel, y el resto de sentenciados a prisión por malversación en la pieza de los ERE. También se podrían beneficiar el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. Afrontarían un juicio por desórdenes públicos agravados y malversación.
Algunos de los condenados por el caso Nóos podrían verse agraciados con la medida, incluido Iñaki Urdangarin, condenado a cinco años y diez meses de prisión, y siete años y seis meses de inhabilitación. En este proceso también fue condenado por malversación el expresidente de Baleares y exministro del PP Jaume Matas: tres años y ocho meses de cárcel.
Además, se trata de un delito relevante en macrocausas como Gürtel, Púnica, Lezo o Erial en Valencia, que afecta al exministro popular Eduardo Zaplana.
En lo relativo a Lezo, este cambio legal podría beneficiar a los acusados que serán juzgados a partir de mayo del 2023 en la causa que afecta a la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. Entre ellos, los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, excolaboradores del que fuera alcalde de Madrid, presidente regional y ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.