Sánchez abre la puerta también a revisar la malversación a los líderes del «procés»

Javier Arias MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Pedro Sánchez, en una imagen de archivo
Pedro Sánchez, en una imagen de archivo Rober Solsona | EUROPAPRESS

Insiste en que Carlos Puigdemont deberá rendir cuentas ante la Justicia

14 nov 2022 . Actualizado a las 16:48 h.

Apenas dos días después de la presentación en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para reemplazar el delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados en el Código Penal, el presidente del Gobierno se mostró dispuesto también a una eventual modificación del capítulo de la malversación.

Pedro Sánchez dice que deja tal decisión en manos de los grupos parlamentarios durante la tramitación de la citada proposición de ley, pero lo cierto es que cuenta con el apoyo necesario para acometer una reforma que ensancharía más aún si cabe la grieta abierta con el PP.

La derogación del delito de sedición supone el grueso del acuerdo alcanzado entre Gobierno y Esquerra —algo que ambos se resisten a confirmar— por el apoyo de los republicanos a los Presupuestos, pero una posible reforma de la malversación apuntalaría la alianza tejida por los socialistas con los de Oriol Junqueras.

El presidente de ERC es uno de los líderes independentistas a los que, además de por sedición, se les condenó por desfalco tras el 1-O, al igual que los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. «Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación parlamentaria», respondió ayer Sánchez en una entrevista con el diario La Vanguardia. El jefe del Ejecutivo aprovechó la ocasión para defender la modificación del delito de sedición, asegurando que se trata de «un paso por la concordia en Cataluña» y que «nos homologa en este tipo de delitos a otras democracias europeas» como Suiza, Alemania y Francia. «Una de mis mayores satisfacciones como presidente es ver que hoy en Cataluña prima la convivencia y no la confrontación».

Sánchez negó, tal y como le recriminan PP, Vox y Ciudadanos, que con esta decisión desmantele al Estado ante un hipotético nuevo golpe como el intentado en el 2017. Si una situación similar llegase a producirse, sostiene, el Gobierno podría hacer uso del artículo 155 —como hace cinco años con Mariano Rajoy en la Moncloa y cuya aplicación apoyó el propio secretario general del PSOE—. No obstante, Sánchez asegura que eliminar el delito no impedirá que los fugados del procés tengan que rendir cuentas ante la Justicia española, incluido el entonces presidente de la Generalitat. «Cuando Carles Puigdemont tenga que comparecer ante la Justicia, que comparecerá, estoy seguro de ello, tendrá que rendir cuentas de los delitos cometidos en el 2017», aseguró el presidente del Gobierno.

El PP, por su parte, instó ayer a los diputados y senadores socialistas de regiones cuyos barones se han manifestado contra el fin del delito de sedición que voten en contra de esta reforma. Un intento de trasladar toda la presión a ese sector del PSOE alejado de las tesis sanchistas al que desde Ferraz responden con acusaciones de «azuzar el enfrentamiento». Así se pronunció en Segovia el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien aseguró que el modelo del PP en Cataluña se basa en que «le convoquen referendos y aprueben leyes de desconexión». «Todas las semanas escuchamos que España se rompe. Cómo no les va a gustar una ley del siglo XIX», aseguró.

Actualmente, el delito de malversación, recogido en los artículos del Código Penal que van del 432 al 435 está castigado con penas de prisión de entre 2 y 6 años e inhabilitación de 6 y 10 años. La reforma del de sedición plantea reducir las penas de 15 a 5 años.

Otegi dice que el siguiente paso será dejar de perseguir a quienes ponen urnas

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, calificó ayer de «noticia positiva» la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados y consideró que el siguiente paso en favor de la «convivencia» será dejar de «perseguir» a quienes ponen urnas para el «derecho a decidir». En una entrevista en Radio Euskadi, Otegi valoró la rebaja de penas que supone el cambio de tipo penal y afirmó que, «como cliente habitual de las cárceles españolas», sabe «cuál es la diferencia entre 15 y 5 años». Para él, la reforma de la sedición es un «primer paso» en favor de la «convivencia». El segundo, dice, es «entender que no se puede perseguir a nadie que pone urnas para que su pueblo pueda decidir su futuro».

Junqueras vincula pactar los Presupuestos con el PSC con reformar la malversación 

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha vinculado la posibilidad de pactar los Presupuestos catalanes para el 2023 con el PSC al compromiso de los socialistas con la desjudicialización del conflicto y con la reforma del delito de malversación. En una entrevista en El Periódico de este lunes recogida por Europa Press, ha diferenciado la posición del PSOE de la de los socialistas catalanes: «El PSC no ha mostrado este compromiso con la lucha contra la represión y, por tanto, es muy difícil ponernos de acuerdo». Ha rechazado que la reforma del delito de malversación pueda amparar la corrupción, sino que con el cambio «lo que se debe evitar es que alguien sea condenado por ´pensar´ en una malversación» como a su juicio ha sucedido en el caso de los líderes del 1-O.

Junqueras ve imposible el retorno de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien reside en Suiza, al estar acusada por de un delito de rebelión: «No se ha allanado el camino de este retorno», ha lamentado. Ha sostenido que «el delito de desórdenes públicos no sustituye en ningún caso el de sedición» al entender que el nuevo tipo penal reforma el delito de desórdenes públicos ya existente, disminuye las penas que acarrea y limitas los casos en los que se puede evitar.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido que el siguiente paso en la negociación con el Gobierno es reformar el delito de malversación durante la tramitación parlamentaria de la modificación del Código Penal que deroga la sedición. En una entrevista concedida a RAC 1 ha sostenido que en 2015 se modificó la malversación y se incorporaron aspectos que hasta ese momento no eran delito, por lo que ha apostado por «revertir esta situación» para que el 1-O no se pueda considerar malversación. Aragonès ha defendido que la reforma del Código Penal logra «reducir el margen de discrecionalidad» de los jueces y que ninguno de los independentistas afectados por la justicia empeora su situación.

Sin relación con los Presupuestos

Sobre la reforma del delito de malversación se manifestó también el ministro de la Presidencia, el socialista Félix Bolaños, que evitó admitir la relación entre la reforma del delito de sedición y la aprobación de los Presupuestos. En una entrevista en la Cadena Ser, la mano derecha de Pedro Sánchez indicó que los cambios en el delito de malversación «dependerán de las enmiendas que se presenten en el trámite en el Congreso». Bolaños no quiso desmentir el apoyo del PSOE a una rebaja del tipo penal que eliminaría prácticamente las consecuencias de las sentencias del 1-O. «Dependerá de los grupos», se limitó a decir el ministro de la Presidencia.  

Podemos estudia la propuesta

 Por otra parte, el portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, no ha descartado que el grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) en la Cámara baja vaya a presentar enmiendas a la proposición de ley de derogación del delito de sedición para también reformar el de malversación, y ha afirmado que el presidente del grupo, Jaume Asens, «está estudiando el redactado»«Hay que acotar el delito de malversación y que no sea utilizado como ha sido utilizado. La reforma debe hacerse con cuidado porque afecta a delitos de corrupción política y económica», ha avisado Mena, que ha afirmado que están trabajando para mejorar al máximo el Código Penal. Preguntado por las posibles enmiendas de UP, el portavoz ha repetido que están estudiando el marco legal, y que Asens es la mejor persona para hacerlo, tras lo que ha añadido que cuando él «tenga la propuesta más trabajada ya la podrá hacer pública». «Es evidente que fue modificado por el PP con intenciones políticas claras. Debemos garantizar que el delito de malversación no sirva para reprimir a quien no ha malversado», y ha defendido que se debe encontrar el mejor encaje jurídico para reformar la malversación.

A su vez, la formación morada ha admitido que no participó directamente en la negociación con el PSOE para esta iniciativa, asumida desde la vicepresidencia segunda que ostenta Yolanda Díaz, y el presidente del grupo parlamentario confederal y representante de los comunes, Jaume Asens. Así lo ha trasladado en rueda de prensa la coportavoz estatal de Podemos, María Teresa Pérez.