El Gobierno cede ante ERC para reformar la malversación sin lucro personal

C. Reino, M. E. Alonso BARCELONA, MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El presidente Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, a su llegada a Bali para participar en la cumbre del G-20
El presidente Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, a su llegada a Bali para participar en la cumbre del G-20 AJENG DINAR ULFIANA | REUTERS

Podría beneficiar a líderes del «procés», Nóos, Gürtel, Púnica, Lezo y a Griñán

15 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, puso ayer el foco en la reforma del delito de malversación, tres días después de que el PSOE y Unidas Podemos registraran en el Congreso su propuesta para modificar el Código Penal en lo que afecta a los de sedición y desórdenes públicos. «Ahora toca abrir la batalla de la malversación», afirmó en RAC-1.

Las enmiendas que propone ERC tratarán de «revertir» la reforma del delito que aprobó el PP en el 2015. Los beneficiados serían los condenados por malversación durante el juicio del procés (Junqueras, Turull, Bassa y Romeva) y la treintena de ex altos cargos del Gobierno catalán que están pendientes de juicio por su participación en el 1-O. Por ejemplo, los dirigentes de ERC, Josep María Jové y Lluís Salvadó, colaboradores de Junqueras en el 2017. El objetivo de los republicanos con el cambio legal es evitar que entren a la cárcel.

Puigdemont, acusado de sedición y malversación, también vería mejorada su situación procesal. ERC querría la derogación de la reforma introducida en el 2015, que penalizó igual la malversación por enriquecimiento que la que causa un perjuicio para el patrimonio. «Lo que no era delito el 9N pasó a ser delito en el 1-O, hay que revertir esa situación», aseguró Aragonès.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, también presionó a los socialistas con el delito de malversación, pero desde otra óptica. Vinculó esa reforma con la posibilidad de pactar los presupuestos catalanes con el PSC.

Junts, tras romper con ERC, hace una oposición dura. Sobre la reforma del Código Penal, dijo que «parece redactada por [el juez] Marchena». Aragonès salió al paso y advirtió de que con el cambio «nadie» en el independentismo «estará peor» que hasta ahora. «No es el cien por ciento de lo que queríamos [la amnistía], pero esto es una negociación», se justificó.

«Cacicada injustificable»

El PP, por su parte, dio un paso más en su ofensiva contra Pedro Sánchez y su Gobierno y anunció que presentará una propuesta en el Congreso para mantener en el Código Penal el delito de sedición y tipificar de nuevo el referendo ilegal, retirado en el 2004 por Rodríguez Zapatero. «No existe un principio democrático capaz de justificar que el independentismo haga un código penal a su medida con la complicidad del mismísimo presidente del Gobierno», afirmó Alberto Núñez Feijoo. El jefe de la oposición acusó a Sánchez de perpetrar una «cacicada injustificable» para contentar a los independentistas a cambio de permanecer unos meses más en la Moncloa. Y dijo que si se modifica también el delito de malversación sería ya «el colmo».

Los casos de corrupción

Una eventual reforma del delito de malversación como la apuntada por Unidas Podemos, al considerar algunos miembros del Gobierno que la regulación actual «no es justa» porque pena igual los casos en los que hay lucro personal y los que no, podría beneficiar a una decena de líderes independentistas, pero también a los condenados por los ERE, incluido el expresidente andaluz José Antonio Griñán, y, en general, a los sentenciados por este delito en los casos Nóos, Gürtel, Púnica, Lezo y otros. Además, el principio de retroactividad a favor del reo obligaría a revisar las condenas dictadas por malversación para estudiar los efectos de la reforma que podrían ir desde una rebaja de las penas por este mismo ilícito al encaje de los hechos delictivos en otros tipos, como los de apropiación indebida o administración desleal, en función de cómo quedara redactada la reforma penal, detalla Europa Press.

ANÁLISIS: LAS CLAVES DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Aliviar condenas al eliminar la sedición y suavizar la malversación de fondos

La reforma del delito de sedición para sustituirlo por uno de desórdenes públicos agravados está en marcha al presentar una proposición de ley los grupos del PSOE y Unidas Podemos. Podría conllevar reformas en el de malversación de caudales públicos.

¿Cómo se ha llegado aquí?

La reforma del delito de sedición fue uno de los compromisos alcanzados el 27 de julio en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat bajo el eufemismo de «desjudicialización» y sin concretar en qué consistía. También entonces se fijó una garantía sobre «el patrimonio de las personas», expresión referida a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés, y que ahora se extiende a la malversación de fondos.

¿En qué consiste el cambio?

Los más importantes son dos. Uno, al eliminarse la sedición se reducen las penas máximas de prisión de 15 a 5 años porque el desafío independentista del 2017 en Cataluña. pasa a ser un delito de desórdenes públicos. Y dos, modificar la malversación de fondos. Con la reforma de la sedición, el desfalco agravado pasa a ser el delito más grave. Está penado con hasta 12 años de prisión y 20 de inhabilitación, por eso el secesionismo reclama que se suavice.

 ¿A quién beneficia?

Ambas reformas, de sedición y malversación, beneficia a todos los reos que estén condenados por esos tipos penales, como Oriol Junqueras, pero también a los que están pendientes de serlo como Carles Puigdemont.

Incomodidad, apoyo y silencio de alcaldes gallegos sobre la reforma de la sedición

La Voz

Las siete principales ciudades de Galicia están regidas por alcaldes del PSOE, BNG y Democracia Ourensana. Ninguno critica abiertamente el plan del Gobierno de reformar el delito de sedición, tal y como exige el independentismo catalán para beneficiar a los nueve líderes que protagonizaron el desafío al Estado en el 2017 y que fueron condenados por el Tribunal Supremo. De ellos, cuatro (Junqueras, Turull, Romeva y Bassa) también lo fueron por malversación. Otros todavía están huidos de la Justicia. Ahora bien, algunos de estos ediles se muestran incómodos al ser preguntados por la cuestión, y otros, como el de Vigo, prefieren no pronunciarse. «Yo no tengo que opinar de cuestiones de partido, soy el alcalde de Vigo aquí. No me pregunte de cosas de mi partido», respondió el socialista Abel Caballero a La Voz. El de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, directamente no contestó.

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