Los facultativos critican las dificultades de las autonomías para garantizar un buen servicio de salud
11 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.En España no hay médicos para cubrir la asistencia primaria en los centros de salud. Este hecho, que han utilizado PP y PSOE como arma para acusarse mutuamente de las carencias de la gestión sanitaria, se ha traducido en la convocatoria de huelgas especialmente relevantes en la Comunidad de Madrid, el País Vasco y Cantabria. Y, con todo, fuentes del PP ya han asegurado que harán un frente autonómico común contra el partido mayoritario del Gobierno en torno a la sanidad.
Un informe publicado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada indica que entre 7.000 y 8.000 médicos se jubilarán anualmente durante los próximos diez años. Pero no hay doctores residentes suficientes para reemplazarlos.
El efecto se nota desde la pandemia, cuando los enfermos de covid-19 colapsaron los ambulatorios de todo el país. Los centros de salud carecen de personal suficiente para prestar su servicio profesional a todo aquel que lo requiere, por lo que la carga de trabajo se acumula. Esto se traduce en dos colapsos. El primero, del personal, que ve demasiadas horas trabajadas con una pésima remuneración —entre 900 y 1.000 euros al mes para los residentes, sin contar con las guardias— y que, por lo general, prefiere trabajar en el extranjero; el segundo, del sistema sanitario, que ve imposible reponer al personal jubilado.
Con todo, el sector de la salud se prepara para entonar un «basta ya» generalizado en una gran parte de las comunidades autónomas. Sin importar el color del gobierno regional.
Desde la Comunidad de Madrid, con un Ejecutivo conservador capitaneado por Isabel Díaz Ayuso, hasta Aragón, regida por el socialista Javier Lambán, todas tendrán que responder a la demanda colectiva de los médicos para que se contrate a más personal y se mejoren las pésimas condiciones laborales en las que llevan años instalados.
Un camino que ya recorrió el fallecido médico granadino Jesús Candel, apodado Spiriman, en Andalucía, donde pidió, durante el mandato de Susana Díaz, «vigilar las actuaciones de los gestores públicos» y «denunciar aquellas que pudieran afectar negativamente a los del Sistema Nacional de Salud». Candel movilizó a la ciudad nazarí para pedir «una sanidad pública digna y completa».