Los mapas enviados por el Gobierno al Congreso sitúan en territorio español la tragedia de la valla de Melilla
10 nov 2022 . Actualizado a las 19:07 h.El Gobierno, con su presidente a la cabeza, cierra filas con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En pleno recrudecimiento de la tormenta generada por la gestión de la tragedia que tuvo lugar en la valla de Melilla el pasado 24 de junio y en la que fallecieron al menos 23 personas, según Marruecos —72, según las oenegés—, Marlaska advirtió este jueves de que en ningún momento se ha planteado dimitir. Y el ministro de la Presidencia y mano derecha de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, confirmó que su destitución tampoco está sobre la mesa.
En el Ejecutivo reconocen implícitamente que, en general, ha faltado sensibilidad a la hora de referirse al dramático episodio. El mismo día en el que se produjo el asalto a la valla, cuando ya se conocía que había al menos 18 fallecidos, Sánchez afirmó que el asunto se había «resuelto bien» por parte de la Gendarmería marroquí. Tardó cinco días en rectificar esa afirmación, pese a haber tenido la oportunidad de hacerlo en una rueda de prensa en la Moncloa en la que se le preguntó específicamente sobre ello. Pero el discurso siempre cargó las tintas sobre las «mafias y delincuentes que organizan acciones violentas» en las fronteras.
Ahora el tono es algo distinto. En un goteo de declaraciones, cercados por los reproches y la exigencia de responsabilidades tanto del primer partido de la oposición como de sus socios, distintos miembros del Gobierno se están afanando en dejar constancia de su «consternación» por lo ocurrido. Incluido el propio ministro del Interior. «Lo primero —dijo en una comparecencia improvisada ante la prensa minutos antes de la toma de posesión de la nueva presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio— es que vivimos el 24 de junio una tragedia humana que a nadie nos hubiera gustado vivir».
Marlaska insistió, en todo caso, en la correcta actuación de la Guardia Civil frente a un «ataque violento» («muy violento») a las fronteras españolas y de la UE, «con instrumentos peligrosos como hachas, palos, radiales, etcétera». «Obedeció la orden de proteger las fronteras de España y la Unión Europea —reiteró—, y lo hizo según la legislación internacional y el respeto a los derechos». El ministro admitió que «esas 23 muertes no debieron nunca de acontecer», pero subrayó que más de 50 guardias civiles también resultaron heridos, dos de ellos de «determinada gravedad». Y añadió, en línea con lo dicho en los últimos días, que está dispuesto a volver comparecer en el Congreso en cuanto sea llamado.
El ala socialista del Gobierno trata de sortear la comisión de investigación con la que sus socios, empezando por Unidas Podemos, presionan al titular de Interior para que aclare las circunstancias de la tragedia y remite a las investigaciones, de distinto tenor y alcance, iniciadas por la Fiscalía y el Defensor del Pueblo para aplacar a sus aliados, uno de los cuales —Esquerra— coincide ya con las peticiones de la derecha para que Grande-Marlaska dimita. El malestar, no obstante, hacia Unidas Podemos es notable en el Consejo de Ministros. «El Gobierno en su conjunto está comprometido con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos», quiso constatar Bolaños, en alusión implícita a una declaraciones efectuadas este miércoles por Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda incidió en que con «los derechos humanos no se juega» para exigir una «investigación profunda» de los hechos del 24 de junio.
Presión del PP
Alberto Núñez Feijoo ya avisó la semana pasada de que si Fernando Grande-Marlaska no ofrece las máximas explicaciones sobre la muerte de los 23 inmigrantes en la valla de Melilla exigiría a Pedro Sánchez que dé cuenta él mismo de lo sucedido durante aquel fatídico salto masivo a la valla.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, consumó este jueves la amenaza. «Cómo mínimo fallecieron 23 personas. ¿Es que Pedro Sánchez no va a cesar al ministro del Interior?», preguntó Gamarra después de acusar de nuevo a Grande-Marlaska de mentir y de ocultar pruebas sobre la tragedia. La también número dos de los populares añadió que su partido no descarta ninguna posibilidad en caso de que Sánchez y el titular del Interior no den la cara. Esas opciones pasan por forzar una nueva reprobación parlamentaria de un ministro que ya se ha visto en esa tesitura esta legislatura y por plantear una comisión de investigación propia. Aunque el partido que comanda la oposición está dejando, incluso, la puerta abierta a apoyar la comisión de investigación impulsada por Unidas Podemos y EH Bildu y respaldada, además, por el resto de socios parlamentarios de Sánchez.
Los mapas enviados por el Gobierno al Congreso sitúan en España la tragedia de Melilla
Son, en palabras textuales del propio Gobierno en su carta al Congreso, la «información cartográfica de mayor resolución» que dispone el Estado sobre los límites fronterizos de Melilla con Marruecos. Es el Mapa Topográfico Nacional del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Ministerio de Transportes. El Ejecutivo subraya, además, que esos mapas son en «formato ráster», o sea, unos planos en los que se pueden superponer fotografías aéreas digitales, imágenes de satélite, imágenes digitales o incluso mapas escaneados.
Pues bien, esos mapas extremadamente precisos que la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha remitido al Parlamento certifican sin género de dudas que el patio del puesto fronterizo de Barrio Chino donde el 24 de junio murieron entre 23 y 72 inmigrantes está completamente en territorio español. Y no solo. También el área que el Ministerio del Interior viene denominando «zona de tránsito» o «zona de nadie», la explanada anterior al patio y en la que se agolparon los subsaharianos a la espera de que hicieran saltar la cerradura de la cancela, también aparece en territorio nacional en esos planos del Instituto Geográfico Nacional.
Fue el pasado 6 de octubre cuando el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu reclamó a la a Administración General del Estado el «plano o mapa de la delimitación terrestre de España con Marruecos». Los diputados, conforme el artículo 7 del reglamento del Congreso de los Diputados, pueden «recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de estas» para «el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias». Y el pasado 2 de noviembre, el Ejecutivo envió al Congreso los mapas que ponen en duda la versión de Fernando Grande-Marlaska de que las muertes no tuvieron lugar en territorio español.
La información del IGN remitida al Congreso es totalmente coincidente con la de la Dirección General del Catastro (DGC). Según los mapas y documentos de la DGC, tanto el patio como la explanada previa están dentro de la parcela número 56101A003000770000RB, polígono 3, parcela 77, en el área de Molares de Melilla. El Catastro, que califica esa parcela de rústica-agraria, afirma que tiene 13.097 metros cuadrados y está catalogada como «improductiva».
La Guardia Civil y el Catastro coinciden
Según ha podido saber este periódico, se da la circunstancia de que la Guardia Civil, el pasado lunes, durante la visita de los diputados a Melilla, utilizó precisamente el mapa del Catastro que también sitúa la tragedia en lado español para ilustrar a los parlamentarios. En el edificio de la Comandancia, la Guardia Civil, en una sala de reuniones de la primera planta del acuartelamiento, hizo una extensa presentación de dos horas con una proyección de un powerpoint a la que asistieron solo una veintena de personas: los diputados de la Comisión de Interior , el l teniente coronel Arturo Ortega, jefe en funciones de la Guardia Civil en Melilla, un par de asesores del Ministerio del Interior, mandos de paisano del instituto armado y personal de la Delegación del Gobierno.
Ante ese selecto grupo la presentación intercaló mapas, datos y vídeos del salto del 24 de junio, pero también de otro de marzo. Una de las primeras páginas de ese powerpoint se titulaba «situación geográfica de España y Marruecos» y ahí saltó la polémica. En esa imagen, con el membrete oficial de la Guardia Civil y con el escudo de la institución, la Comandancia, para situar el lugar exacto de los hechos, reprodujo los planos y las vistas aéreas oficiales del de la Dirección General del Catastro (DGC), que como el IGN sitúa el famoso patio donde se produjo la avalancha mortal y la totalidad de las infraestructuras del paso de Barrio Chino en suelo español.
