El expresidente catalán carga contra el PSOE y ERC por negociar sobre su situación sin que él se lo haya pedido
31 oct 2022 . Actualizado a las 12:40 h.El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont rechazó de plano la reforma del delito de sedición que negocian el Gobierno y el Ejecutivo catalán. En el quinto aniversario desde que huyó a Bruselas, descartó una solución «personal» para su causa judicial, pues considera que sería una «renuncia política». «Nunca lo pediré de rodillas», advirtió. El dirigente nacionalista, que se opone a la mesa de diálogo y que carga contra la estrategia pactista de ERC, reveló que emisarios del PSOE le han visitado para ofrecerle «expectativas de un buen trato» judicial a través de una reforma del Código Penal o de un indulto si comparece ante el Tribunal Supremo.
El caso de Marta Rovira
Puigdemont atacó a PSOE y Esquerra por negociar sobre su situación cuando él no lo ha pedido ni lo ha «autorizado». No está claro cómo le afectaría la reforma del delito de sedición. Y es que está acusado de sedición y también de malversación. Por tanto, aunque se reduzcan las penas a la mitad para el primer delito (de 5 a 7 años), aún tendría mucho riesgo de ser condenado a prisión con condenas elevadas.
El caso sería distinto para Clara Ponsatí y Marta Rovira, acusadas únicamente de sedición. El regreso a España, en cualquier caso, siempre será una decisión personal de cada uno de ellos, salvo que la justicia europea fuerce a Bélgica a extraditarlos.
Puigdemont fía toda su suerte judicial a lo que dictaminen los tribunales europeos. Su objetivo es regresar por la puerta grande, tras derrotar al Estado en las cortes de justicia europeas.
El efecto de una amnistía
La negociación de la reforma del delito de sedición ha entrado en una fase nueva. Todas las partes se han movido. ERC afirmaba que la única salida era la amnistía. Luego pasó a defender la derogación del delito de sedición y ahora ya acepta su reforma. El presidente del Gobierno pasó de asegurar que traería a Carles Puigdemont y que volvería a tipificar como delito la convocatoria de un referendo a anunciar que llevará al Congreso la reforma de la sedición. La Generalitat aprieta al Gobierno. Le advierte de que tiene dos meses para cerrar el acuerdo, que sería el primer gran logro para los republicanos en la mesa de diálogo, que debe reunirse, según acordaron en julio, antes de final de año. En realidad sería la segunda gran concesión a los independentistas, porque la primera fueron los indultos.
El Ejecutivo catalán avisa además al Gobierno de que con la reforma de sedición no basta. También pide cambios en el Código Penal en el delito de malversación y en el de desórdenes públicos. Y que el Gobierno ejerza su influencia en la Fiscalía y en la Abogacía del Estado para que se rebaje la petición de penas en algunas de las causas pendientes. Todo ello, a cambio del apoyo de ERC a los últimos Presupuestos Generales del Estado de la legislatura.
El objetivo, resumen en las filas independentistas, es conseguir los efectos de una amnistía, sin aprobarla, de tal manera que los líderes huidos en el extranjero puedan regresar y los que están pendientes de juicio no entren en prisión.