La Guardia Civil registra varias empresas en Madrid y Valencia por posible financiación ilegal del PSPV
ESPAÑA
Los agentes se personaron en Acciona tras el análisis de la documentación incautada al histórico socialista Pepe Cataluña
19 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Agentes de la Guardia Civil realizaron este martes varios registros en Madrid, Valencia, Castellón y Alicante relacionados con el caso Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones millonarias a cambio de favores urbanísticos y que salpica a ex cargos de PP y PSPV.
Otra de las vías que se exploran es la presunta financiación ilegal del partido socialista en la Comunidad Valenciana en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Esto se habría articulado a través de un supuesto amaño de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas. Este dinero, siempre supuestamente, iría a parar a una caja B de los socialistas.
Se trata de un modelo de financiación que no es ajeno a la historia más reciente de la Comunidad, donde el PP ya admitió una financiación ilegal en los comicios autonómicos y nacionales del 2007 y el 2008. Uno de los contratos investigados es una obra del trasvase Tajo-Segura.
La operación consta de menos de una decena de registros y toma de declaración a imputados y testigos. Se investigan delitos de prevaricación, cohecho y malversación. El objetivo sería la búsqueda de intermediarios entre las Administraciones públicas y los empresarios a los que se les adjudicaban contratos o servicios.
No se prevén detenidos, tal y como sí ocurrió, en las dos fases anteriores de esta macroinvestigación. En la primera, se arrestó al cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, José María Corbín, además de algunos empresarios. En el segundo dispositivo, se retuvo a Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y al socialista Rafa Rubio, exsubdelegado de Valencia.
El pasado julio, varios funcionarios comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, en una ronda de declaraciones relacionadas con la adjudicación a Acciona de un contrato de 125 millones de euros, más el mantenimiento, del sistema de alcantarillado de la ciudad. Corbín cobró dos millones de euros de esta operación. Esta es una de las empresas registradas este martes.
No obstante, la actuación policial en esta ocasión no estaría relacionada directamente, o no al menos en su totalidad, con ese megacontrato. Los registros y la búsqueda de información están vinculados con la prórroga del secreto de varias piezas separadas en Azud, tal y como publicó Las Provincias.
Otro de los registros practicados este martes fue en la antigua Construcciones Luján, que desde hace cinco años cambió su marca para desligarse del estigma de una investigación por corrupción. Una de las anotaciones halladas en casa del histórico dirigente socialista Pepe Cataluña aludía a esta mercantil respecto a la citada obra hídrica.
La jueza del caso Azud vinculó en su día a Pepe Cataluña, el histórico dirigente de las finanzas socialistas, con el pago de 400.000 euros por parte del entorno del empresario Jaime Febrer a sociedades que habitualmente trabajaban en campañas de publicidad del PSPV.
Uno de los vértices de la investigación, sin duda el que más preocupa al PSPV, es el de la presunta financiación ilegal del partido, articulado en esta ocasión como un cohecho. Cataluña, que no ocupaba ningún cargo público y pese a haberse desligado de la formación con anterioridad, sería el «intermediario» de esa ilícita transacción.