El Congreso podría permitir que criticar la política de Israel sea antisemitismo

Pablo Medina MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Una pintada antisemita en el pueblo burgalés de Castrillo Mota de Judíos,
Una pintada antisemita en el pueblo burgalés de Castrillo Mota de Judíos, LORENZO RODRÍGUEZ | EFE

La nueva norma persigue cortar las subvenciones a asociaciones antisemitas

17 oct 2022 . Actualizado a las 10:11 h.

El pasado 4 de octubre, el Congreso aprobó la tramitación de la ley para combatir el antisemitismo a iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La propuesta, planteada por PP, Ciudadanos y Vox, busca «la eliminación de las subvenciones y ayudas públicas a entidades que fomentan el odio antisemita». Todos los partidos le dieron luz verde, a excepción de Podemos, que se abstuvo y argumentó que el verdadero objetivo de la ley es «cortar la financiación a la mayor parte de ONG de este país que dedican su día a día a responder a la vulneración de derechos humanos en territorios palestinos».

Pendiente de su votación final, la ley resucitó el debate sobre si el antisionismo —la oposición a la creación y mantenimiento de un Estado nación de dicha comunidad (Israel)— es antisemitismo (odio a los judíos) o no lo es. Y además, si esta ley es necesaria, puesto que en España ya se pena la discriminación por cualquier razón de raza, género o credo sin necesidad de especificaciones.

Maxo Benalal, secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, asegura que «la excusa de la existencia de Israel ha llevado a intolerables violaciones de los derechos fundamentales de ciudadanos españoles» y, además, señala que las agrupaciones de la izquierda son responsables de estos casos. «Todos estos grupos del entorno de la izquierda y el separatismo se han beneficiado durante años de millonarias subvenciones para promover su odio», afirma.

Las cifras de casos de antisionismo son muy bajas en España. El Ministerio del Interior documentó en el 2019 solo 5 casos; en el 2020, solo 3, y en el 2021 repuntó hasta los 11, lejos de los más de 600 casos de xenofobia documentados en total. Para Benalal, estas cifras no corresponden con la realidad porque «la Comisión Europea considera que más del 80 % de los actos de antisemitismo nunca son denunciados» y que esto se da por el «miedo a crear un efecto llamada» para violentar a los judíos. «El antisionismo es el antisemitismo de nuestro tiempo», concluye el secretario general. 

«El PSOE ha caído en la trampa»

Isaías Barreñeda, Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y especializado en los procesos de cambio político en los países árabes y el conflicto entre Palestina e Israel, toma una consideración contraria a la de Benalal. Según él, el antisionismo no puede considerarse antisemitismo, una forma de expresión racista hacia los judíos. «Primero porque Israel es un Estado, no son los judíos; y segundo, porque esta ley criminaliza a los que hacen otra lectura de las políticas israelíes».

Para el académico, las comunidades y organismos proisraelíes, le han marcado un gol al Gobierno, que apoyó la tramitación de la ley. «Con el miedo de poner en duda el antisemitismo, el PSOE ha caído en la trampa. Esta jugada fundamentalmente sirve para meter en el mismo saco a los críticos con Israel. Por ejemplo, Amnistía Internacional, bajo estos criterios, sería antisemita. O UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina). Ambas podrían verse sin capacidad de recibir fondos públicos», recoge.

Además, Barreñeda señala que «antes de marcharse cumplidos sus mandatos, los embajadores de Israel siempre han dicho en sus discursos de despedida que España siempre tiene cierto ADN antisemita. Eso pone nervioso a todo el mundo, especialmente al PSOE». El profesor de la Complutense asegura también que, ocurra lo que ocurra en la votación, la ley podría no validarse si se presentan recursos contra ella. «España podría estar en una situación embarazosa si se lleva al Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta ley está desubicada y busca criminalizar a ciertos actores políticos», asegura.

«Las ideas del antisionismo son una cuestión política y, por ello, son criticables» 

P. M.

Uno de los propósitos de la ley antisemita es que se reconozca la definición de dicha forma de discriminación racial según la que establece la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que reza: «El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto».

Maxo Benalal refuerza la idea argumentando que «el nuevo antisemitismo ha mutado, de modo que cualquier practicante puede negar que él o ella es antisemita». Sin embargo, Isaías Barreñeda opina que «esta definición de antisemitismo que fijó la IHRA es una trampa. Es indiscutible que las formas de antisemitismo y racismo son condenables, pero luego dice que el antisionismo es una forma de rechazo a los judíos y eso no es así», puesto que es una postura política y no racial.

Hace dos años, más de 200 investigadores, periodistas y personas influyentes y expertas en la cuestión firmaron un manifiesto rechazando que se debiera asumir la definición de la IHRA. Argumentaron que «dicha definición tiene un sesgo que busca criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino y contribuye además a reforzar el antisemitismo y otras formas de racismo y exclusión». Entre otras cuestiones, porque «la mayoría de judíos son ciudadanos de sus países y no de Israel» y las consideraciones ideológicas son «legítimamente criticables» al ser «política».