En pleno pulso entre PSOE y PP, Podemos no renuncia a tener un vocal en el CGPJ
ESPAÑA
Feijoo quiere que el pacto con el Gobierno incluya excluir los «perfiles políticos» del consejo
14 oct 2022 . Actualizado a las 20:09 h.La negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) transcurre entre la más absoluta discreción. Mientras PSOE y PP siguen acercando posturas en torno a nombres o a la eventual reforma del sistema de elección, en Unidas Podemos ya han asumido que su papel no será protagonista en las conversaciones. Eso no significa que la organización coordinada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, esté dispuesta a renunciar a situar un candidato de su elección en el órgano de gobierno de los jueces. Desde un segundo plano y en coordinación directa con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el interlocutor del Ejecutivo, los morados ven con recelo la oferta de Alberto Núñez Feijoo de acordar por escrito que sean los propios jueces los que elijan a los futuros vocales y avisan, según apuntan fuentes de Podemos, que esto podría derivar en un nuevo conflicto interno en la coalición.
«Tendencia conservadora»
En la formación que lidera Ione Belarra consideran que la carrera judicial está dominada por «una tendencia conservadora». Por ello, Podemos exigió tener presencia directa en las negociaciones para renovar el caducado órgano judicial. El mismo protagonismo que tenían en la época de Pablo Iglesias como vicepresidente, cuando el Gobierno y el PP estuvieron a punto de cerrar una renovación que sigue atragantándose a día de hoy.
Los morados lograron entonces situar en la mesa dos nombres, los de la jueza Victoria Rosell y el magistrado José Ricardo de Prada. El primero fue descartado por el PSOE por cercanía a los morados (acudió en sus listas electorales) y Unidas Podemos aceptó el veto. Pero fue el caso de De Prada, el juez encargado de redactar la sentencia del caso Gürtel que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa, el que hizo descarrilar las conversaciones con el PP.
En esta ocasión no han trascendido los candidatos de Podemos, ni si se trata una vez más de Rosell o De Prada, porque Díaz lleva las riendas con más cautela que su antecesor. El pasado lunes por la tarde, reunió a los actores principales del grupo confederal para coordinar su acción: Irene Montero (Podemos), Alberto Garzón (IU), Jaume Asens (En Comú) y Enrique Santiago (el negociador designado para esta cuestión). La consigna era fijar una postura común y frenar el ruido interno. Mientras tanto, en la mesa de negociación y a cuatro días del cara a cara entre Sánchez y Feijoo, que se adivina tenso, los contactos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición continúan «con discreción y tiento», según reconocen las fuentes consultadas. El escollo para el acuerdo sigue siendo la reforma legal para cambiar el sistema de elección para que sean los jueces y no el Parlamento los que elijan a los futuros vocales. El PP sostiene la idea de pedir al órgano ya renovado una propuesta de reforma del método actual para «despolitizar» el consejo siguiendo las recomendaciones de Europa.
Puertas giratorias
En aras de esa despolitización, los populares quieren que el pacto incluya el compromiso de no elegir «perfiles políticos» entre los aspirantes para acabar con las «puertas giratorias». «No tiene ningún sentido que un ministro que es magistrado pueda cesar y ser nombrado miembro del CGPJ o volver a su juzgado, a la Audiencia Nacional o a una sala del Tribunal Supremo», reflexionó este viernes Feijoo en un foro organizado por Las Provincias.
Los conservadores quieren también que todos los nombramientos en el seno del consejo sean por mayoría reforzada y no simple como hasta ahora. Un compromiso que en el entorno del líder del PP aseguran haber arrancado al Gobierno y con el que se asegurarían que la nueva mayoría progresista del órgano constitucional tuviera que pactar además con la parte conservadora cualquier dictamen o resolución. El Gobierno prefiere guardar silencio e insiste en que «hasta que no esté pactado todo, no estará pactado nada». Lo único que en la Moncloa han avanzado es que, de llegar a un acuerdo, «habrá un documento por escrito», como reclama desde hace días Feijoo.