Los conservadores tantean para el Constitucional a la magistrada de los indultos del «procés»
ESPAÑA
Se trata de Inés Huerta, cuyo voto cambió el criterio de su sección sobre la legitimación de las partes para recurrir la medida de gracia
21 sep 2022 . Actualizado a las 19:11 h.Los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunieron este miércoles de forma presencial para continuar con las negociaciones destinadas a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde. Ello pese a superar ampliamente la fecha tope del 21 de septiembre, según marca la ley impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista para cumplir con este cometido.
La novedad es que por vez primera un vocal del bloque conservador admitió contactos con una magistrada para ocupar una de las plazas al TC. Se trata de Inés Huerta, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo e integrante de la sección que analizará la legalidad de los indultos concedidos a los presos del procés, según confirmaron fuentes del Consejo.
Los vocales conservadores José Antonio Ballestero y Carmen Llombart y los progresistas Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach se reunieron durante más de dos horas como parte de este segundo encuentro, al que acudían ya con un primer acuerdo por el cual decidieron que los dos candidatos al Constitucional saldrían de entre los magistrados del Tribunal Supremo.
Además, este miércoles han concretado la necesidad de buscar «amplias mayorías» entre los elegidos y los integrantes del bloque conservador se han citado para el próximo miércoles para una nueva reunión, un día antes del pleno que celebrará el CGPJ y en el que no se llegará casi seguro a un acuerdo para votar a los candidatos definitivos.
En un comunicado, los integrantes del sector progresista señalaron que sus interlocutores no están en condiciones ahora mismo de presentar candidatos ni que deban hacerlo antes del pleno del jueves 29 de septiembre. También revelaron que no ha sido posible fijar una fecha para un nuevo encuentro entre las partes. Por este motivo, concluyen, no se hacen responsables de la «dilación» que se está produciendo en el proceso de renovación del Tribunal Constitucional.
Lista preliminar
Los representantes progresistas tenían previsto acudir este miércoles con una lista preliminar de nueve aspirantes, entre los que destacan Pablo Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una Sala (la de lo Social) del alto tribunal; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga. Completan el grupo los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet, así como el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde y la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles.
No obstante, los portavoces conservadores aseguraron que no recibieron ninguna candidatura de magistrado del Supremo y revelaron que, en su caso, se ha producido un «contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual».
Se trata, como decimos, de la magistrada Inés Huerta, de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo). Huerta forma parte del tribunal que verá finalmente los recursos contra los indultos a los presos del procés catalán tras un cambio de criterio de la sección. Su presencia en esta Sala de cinco magistrados se presupone clave para el devenir de los recursos y la posibilidad de revocar la medida de gracia a Oriol Junqueras y demás condenados a penas de cárcel.
En mayo pasado, además, la Sala Tercera rechazó apartarla de este asunto a petición de una fundación independentista al considerar que su imparcialidad sigue intacta. El motivo de la recusación fue que Huerta formó parte de la Junta Electoral Central cuando, el 17 de octubre del 2019, dicho órgano dictó un acuerdo por el que los candidatos a las elecciones generales de noviembre del 2019 que hubiesen sido condenados a prisión en la sentencia del procés debían ser excluidos de las listas, en ejecución de dicha sentencia.
Con el incidente esta parte pretendía anular la posibilidad de que Huerta, a la que presume una sensibilidad conservadora, se uniera a los dos magistrados que quedaron en minoría cuando la Sala negó legitimación para impugnar los indultos, lo que suponía que estos se mantuvieran sin necesidad de que el tribunal entrara al fondo del asunto. Si ella se suma a la posición de Wenceslao Olea (vocal además del CGPJ) y Fernando Román, serían al menos tres los magistrados que consideran que no puede rechazarse la legitimación de los recurrentes en este momento procesal y se vería ya en sentencia.