Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia, se enfrenta a ocho años por corrupción
ESPAÑA
El asunto se enjuicia cuatro años después de que estallara el conocido como caso Alquería relativo a contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos
20 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El caso Alquería es el primer asunto de corrupción que afecta de lleno al PSPV y Compromís. Y de nuevo el epicentro es la empresa Divalterra, sociedad que se vio obligada a cambiar su denominación tras el escándalo de Imelsa, con el exgerente Marcos Benavent a la cabeza. Anticorrupción sostiene que una red clientelar se asentó en la mercantil donde se contrató a altos directivos, todos afines al PSPV y Compromís, sin atribuciones para ese nivel salarial.
La vista arrancó ayer y en el banquillo, se sienta el expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez. El dirigente abandonó el partido, montó su propia formación política y ganó las elecciones con mayoría absoluta.
El alcalde aprovechó para hacer declaraciones. «Esto no es agradable, pero después de cuatro años llega el momento de tratar de hacer Justicia. Estamos hablando de la posibilidad que haya siete contratos irregulares y termina siendo uno penal por el sueldo que hemos cobrado». Rodríguez manifestó a las puertas de la Ciudad de la Justicia que por fin empieza «a ver la luz al final del túnel». La empresa era un «caos» y siempre «quisimos poner orden y de ahí la reestructuración de la sociedad».
Le acompañarán otras 13 personas. Entre ellas, el que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, el letrado asesor Jorge Cuerda, el asesor Manuel Reguart y los dos exgerentes de la empresa: Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). Rodríguez se enfrenta a ocho años de cárcel, según la Fiscalía Anticorrupción. El PP, en cambio, eleva la petición de pena para el dirigente hasta los 18 años. Acción Cívica, por su parte, ejerce la acusación popular. El entorno de los acusados confía en que todo terminará de forma satisfactoria y que esta controversia —contratos correctos o no— es una cuestión administrativa que nunca debió llegar a la esfera penal.
El asunto se enjuicia cuatro años después de que estallara el conocido como caso Alquería relativo a contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en Divalterra. La defensa del expresidente recordó cómo se cimentó toda la investigación, con la entrada a domicilios y el acopio de material, así como las detenciones de los investigados. Rodríguez estuvo 31 horas detenido en junio del 2018. ¿«Era necesaria la detención?», se pregunta la representación legal.