El Partido Popular muestra su «máxima disposición» para pactar la renovación Judicial tras la amenaza de dimisión de Lesmes

P. M. MADRID/LA VOZ

ESPAÑA

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, durante su discurso en la apertura del Año Judicial presidida por Felipe VI.
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, durante su discurso en la apertura del Año Judicial presidida por Felipe VI. J.J Guillén | EFE

Los populares exigen unos «requisitos mínimos de independencia» para efectuarla

07 sep 2022 . Actualizado a las 17:59 h.

El Partido Popular ha asegurado, tras la amenaza de dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que «tiene la máxima disposición para sentarse con el Gobierno, abordar la reforma del Poder Judicial y, bajo unos requisitos mínimos de independencia, la renovación conjunta del TC y del CGPJ».

Según fuentes del partido, «El PP envió en el mes de julio una propuesta al Gobierno en busca de dicha renovación y con la intención de reforzar la independencia de los jueces y de la Fiscalía general del Estado», hoy ausente de la apertura del Año Judicial. «Creemos que dicho documento es la mejor base para buscar un acuerdo que sea aceptable y vaya en consonancia con los parámetros que plantea la Comisión europea», aseguran dichas fuentes.

Por ello, Feijoo se reunió con la titular de Justicia, Pilar Llop, y con el propio Lesmes, para discutir el nombramiento de los vocales que les corresponde durante unos breves diez minutos. Y tal como indican desde Génova, «la ministra de Justicia se ha dirigido hoy al presidente del PP para pedirle que le dé los nombres que propone el PP para afrontar esta renovación».

Sin embargo, el líder del principal partido de la oposición le ha trasladado a Pilar Llop que «no se trata de repartir nombres sino del currículum y los parámetros de experiencia e independencia que deberán cumplir los futuros y posibles candidatos».

Amenaza de dimisión

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, planteó su dimitisión este miércoles para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Según fuentes consultadas por Europa Press, el magistrado está dispuesto a dejar sus responsabilidades, pero las fuentes aclaran que no es una decisión tomada, sino una opción. No obstante, de hacerlo, no dejaría el cargo de presidente del CGPJ hasta que las negociaciones en el Consejo se encaminen a un acuerdo para nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden.

En caso de dimisión le sustituiría en el CGPJ Rafael Mozo, el vocal más antiguo. En el caso del Tribunal Supremo asumiría su cargo el magistrado más antiguo, el presidente de la Sala Primera, Francisco Marín.

Lesmes descartó la posibilidad de una «renuncia colectiva» de los vocales y del presidente del Consejo y criticó a quienes señalaban que, de no llevarse a cabo, se daría un comportamiento «poco responsable». No obstante, el magistrado incidió en que sí sería «admisible» que se dieran dimisiones «individuales» por parte de los vocales.

Reunión de urgencia 

Durante su discurso por la apertura del Año Judicial, Lesmes ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, que se reúnan con urgencia para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones desde el 2018. «Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y pongan fin a esta situación insostenible para que el CGPJ sea renovado esta semana», ha entonado.

El magistrado ha recordado que «la paralización del Consejo se está trasladando a otras ramas judiciales y debe ejecutarse con urgencia su renovación». De no darse el caso, el presidente del Supremo advirtió que el poder Judicial se vería obligado a adoptar «otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan».

El también presidente del CGPJ ha calificado de «insostenible» la situación que atraviesa el tercer poder del Estado y ha recordado que «el Estado de Derecho debe ser preservado por los jueces, pero no solo ellos. Es un deber de todos los poderes públicos», y ha subrayado en su intervención que «el respeto a la ley es inexcusable y compromete a todos los poderes públicos».

Asimismo, Lesmes ha cargado contra la clase política y ha expresado que «el estado político está erosionando la calidad judicial». Ha añadido a este respecto que España cuenta con «una clase política que mantiene sus intereses partidistas en vez de los generales», cuya posición respecto a la no renovación del CGPJ erosiona los intereses de la ciudadanía y daña el buen funcionamiento de las instituciones.

El máximo representante del Alto Tribunal ha sostenido en su discurso que la situación del Supremo también es preocupante porque «tiene 14 vacantes sin cubrir, y en los próximos meses serán 20. Es decir, el 25% estarán vacías». Con todo, ha admitido que «ya no hay confianza» en los poderes políticos para cambiar este contexto y ha admitido que «sería inadmisible mantenerse impávido ante esta situación».

Desjudicialización del procés

Lesmes ha incidido en su discurso en que la neutralización de las sentencias que «no son conformes con el interés político del momento» podría acarrear el riesgo de que los poderes públicos provoquen una «huida de la ley» y los tribunales pierdan autoridad en el ejercicio de sus funciones.

«El respeto al Derecho comporta, ineludiblemente, el respeto a la decisión judicial, pues solo a través de ella se garantiza la efectividad de las normas jurídicas. Entenderlo de otra manera es considerar el Derecho como mera retórica oportunista que puede ser cambiada a conveniencia mediante el simple trámite de neutralizar por diversos procedimientos las sentencias judiciales que no son conformes con el interés político del momento», ha esclarecido.

El presidente del Supremo ha incidido que, además, tomar dichas decisiones podrían acarrear no solo la huida de la ley, «sino lo que es más grave aún, del principio de igualdad en la aplicación de la Ley a todos los ciudadanos, pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política», ha sentenciado.