Las instituciones encaran el nuevo curso judicial con el CGPJ camino de 4 años caducado
ESPAÑA
De las 64 plazas de magistrado vacantes en altos tribunales, 29 son en autonómicos
04 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.«La única anomalía democrática que existe hoy en España es la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial». Con una rotundidad inusitada, el pasado 15 de junio, el presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, señaló a los partidos por incumplir su responsabilidad constitucional de renovar el CGPJ, que camina hacia el cuarto año de interinidad en diciembre. Un récord desde su nacimiento hace casi 42 años. Lesmes se despachó así tras reunirse con la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de derecho, Vera Jourova, que viajó a España para poner en tela de juicio la politización del CGPJ y reclamar cambios para ajustar el nombramiento de sus vocales a los estándares europeos (que los jueces designen directamente a sus pares).
Estas declaraciones no generaron ningún impacto en los dos actores que imposibilitan el desbloqueo: PSOE y PP, que siguen sin ponerse de acuerdo para nominar a los 20 vocales del Consejo. Lo peor es que «todos los puentes están rotos», admite un conocedor de las negociaciones. Lejos de pensar que con Alberto Núñez Feijoo iban a desaparecer los obstáculos que impidieron concluir la negociación iniciada con el PP de Pablo Casado, las posturas entre los dos negociadores, el socialista Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons, están alejadas y ellos no hablan desde antes del verano.
Esta «grave situación» —reconocida desde los estamentos de la judicatura— marcará la apertura del año judicial, el solemne acto que presidirá el rey el miércoles. Será otra ocasión para que Lesmes recuerde la obligación constitucional de renovar el órgano de gobierno de los jueces, responsable entre otras tareas de hacer nombramientos, imponer sanciones y elaborar informes sobre proyectos legislativos.
El Supremo, en «dificultades»
El presidente del CGPJ considera que esta interinidad erosiona también el normal funcionamiento de los altos tribunales. El motivo es una norma impulsada por el Grupo Socialista y Unidas Podemos en el Congreso, que entró en vigor en marzo del 2021 y amputó la capacidad del Consejo de realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras estuviera en funciones. Una restricción pensada para presionar al PP, pero que ha acabado por afectar a las plazas de magistrados que se han jubilado a los 72 años o han terminado su mandato en estos 17 meses. Así, el número de vacantes alcanza ya las 64 plazas. De ellas, 29 en tribunales superiores autonómicos (siete de ellas son presidencias), 14 a puestos de magistrados en el Supremo (cerca del 20 % de la plantilla), la jefatura de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y 20 presidencias de sala en las audiencias provinciales.
En dos ocasiones, octubre del 2021 y junio pasado, la Sala de Gobierno de Supremo ha transmitido al Congreso su «honda preocupación» por las «graves dificultades» que atraviesa el alto tribunal, que de continuar el bloqueo dictará unas mil sentencias menos cada año, según se estima.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, en respuesta a unas declaraciones de Núñez Feijoo, cuantificó el pasado martes el dinero que le está costando a los españoles la falta de renovación. El gasto en refuerzos en el Supremo alcanza ya los 1,3 millones de euros. Una cifra que asciende a 12,5 millones en el conjunto.
Al desacuerdo para poner fin a la caducidad del Consejo se sumó a mediados de junio la renovación de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) —cuatro de sus 12 miembros—, cuyo mandato venció antes de verano.
La contrarreforma socialista
Ante la posibilidad de que se perpetuase la composición de la corte de garantías, con claro dominio conservador, PSOE y Unidas Podemos han promovido una modificación exprés de la ley para que el CGPJ sí pueda nombrar a sus dos magistrados al TC. Las otras dos designaciones corresponden al Gobierno. La fecha límite para consumar este proceso es el lunes 12 de septiembre. Pero antes, este jueves, está convocado un pleno extraordinario en el Consejo para examinar la lista de candidatos. El intento de Lesmes de buscar el mayor consenso posible entre los vocales está siendo por ahora en balde.
El ambiente en el Consejo está muy viciado por la larga interinidad y la contrarreforma socialista ha acentuado la división entre los vocales.
El final de Gürtel y de varios casos de corrupción marcan la agenda
Las grandes causas de corrupción que se abrieron en la década pasada se acercan en este curso a su final: Gürtel, Púnica, Lezo, los Pujol o el 3 % se someterán al escrutinio de la Audiencia Nacional en los próximos meses. Otros procedimientos como el caso Villarejo afronta decisiones de calado político, como la reapertura o no de la investigación de Kitchen tras los últimos audios difundidos. En Valencia continúan investigaciones como Erial (Eduardo Zaplana) y el caso Oltra. Los asuntos de Neurona y Dina, que afectan a Podemos, deberían resolverse en próximas fechas. Más inmediata será la sentencia del caso de los ERE y la polémica del indulto a José Antonio Griñán.
Gürtel y Camps. El último juicio de Gürtel que está previsto celebrar, si la segunda pieza de los papeles de Bárcenas acaba archivada, tiene que ver con una rama valenciana liderada por Francisco Correa: la adjudicación del puesto de la Generalitat en Fitur y se sienta en el banquillo el expresidente Francisco Camps.
Los papeles de Bárcenas. También en Gürtel. Hace referencia a la sospecha de que las anotaciones del extesorero del PP recogían donaciones finalistas de empresas contratistas; es decir, estas daban dinero negro al partido a cambio de la obra pública.
Audios de Cospedal y Kitchen. Relacionada con Gürtel es la pieza del caso Villarejo referida a la operación Kitchen, el espionaje parapolicial a Bárcenas. Afecta al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, ya exonerada.
Púnica y Aguirre. Esta trama de tráfico de influencias se inició en el 2014. Se espera la exoneración de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que lleva tres años investigada.
Lezo entra en escena. Se investiga la corrupción en torno a la empresa pública madrileña Canal de Isabel II y las actividades del que fue presidente de la Comunidad, Ignacio González.
Los Pujol y la trama del 3 %. Está a falta de fecha de juicio. El expresidente catalán afronta nueve años de cárcel y su primogénito, 29, por liderar una presunta trama para percibir dinero de las empresas contratistas de la Generalitat. Sobre la causa del 3% (la comisión por obra pública), la instrucción en la Audiencia Nacional está en su fase final.
La financiación de Podemos. Se espera el final de la instrucción del caso Neurona. Solo el contrato de consultoría para las elecciones de abril del 2019, está a falta de un informe pericial.