La Fiscalía Europea investiga si Sanidad pagó 10 millones de sobrecoste por batas hospitalarias
ESPAÑA
Anticorrupción dice que hubo alternativas para comprarlas por entre 0,28 y 0,33 céntimos la unidad en vez de a 16,7 euros
24 ago 2022 . Actualizado a las 14:18 h.Medio millón de batas hospitalarias desechables valoradas a priori en un millón de euros, pero que se acabaron pagando once sin justificación aparente. Un nuevo contrato bajo sospechosa tramitado durante la primera ola de la pandemia, en marzo del 2020, vuelve a saltar a la palestra. La Fiscalía Europea abrió una investigación para conocer por qué se produjo un sobrecoste de diez millones en la adjudicación del Ministerio de Sanidad bajo la etapa de Salvador Illa, y si estos hechos constituyen delitos de prevaricación y malversación de fondos comunitarios, ya que la totalidad del contrato fue abonado con una partida procedente de la UE.
La delegación española de la Fiscalía Europea reclamó ayer la competencia de estas diligencias después de que la Fiscalía Anticorrupción española, bajo la batuta de Luis Pastor, asumiera estas pesquisas tras una denuncia del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid el pasado 22 de abril. Se trata de la compra de 500.000 batas desechables a la sociedad Weihai Textile Group por un precio que sería «notoriamente superior» al de mercado por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), del Ministerio de Sanidad.
Se pagaba por adelantado cada unidad a 16,7 euros y a cambio se entregarían 100.000 batas por semana a partir del 2 de abril siguiente. La Fiscalía Europea, que el pasado mes de julio recibió toda la documentación que tenía Anticorrupción, se hizo eco de los hechos que denunciaron los populares madrileños en relación al precio: que en esas fechas había otras dos empresas suministrando batas desechables que, en lugar de los casi 17 euros la unidad, costaban entre 0,28 y 0,33 céntimos de euro cada una.
El decreto llama la atención, además, sobre otros detalles de aquella adjudicación. Señala que en un recibo proforma expedido por la empresa china a Ingesa constaba su identificación completa y su domicilio social, pero en la firma del contrato no aparece nada más que el nombre de la mercantil. «Se omitió cualquier circunstancia sobre la sociedad, incluso su domicilio, reflejándose únicamente que estaría ubicada en España», expuso la Fiscalía Europea.
Respecto al pago, el decreto se detiene en las condiciones que recogía el recibo emitido por la empresa a Sanidad y la memoria justificativa del contrato, que añade una cuantía sin justificar dentro del monto de 11.034.969,49 euros pactado. En concreto, refleja que el precio ofrecido por Weihai era de 8.423.640,83 euros por las batas y un IVA de 1.768.964,58 euros, más un total de 842.364,08 euros en concepto de «tasas, aranceles y otros 10 %». «No consta en la memoria justificación, aclaración o soporte documental alguno sobre este último importe, no permitiendo, por tanto, determinar qué servicios en concreto se incluían en ese pago», sentencia el decreto.