Díaz Ayuso planta batalla a Sánchez con seis procesos judiciales en dos años
ESPAÑA
La Comunidad de Madrid suma una nueva causa contra el Gobierno de coalición con su decisión de llevar ante el Constitucional el decreto energético
10 ago 2022 . Actualizado a las 20:51 h.«Iremos a todos los tribunales habidos y por haber cada vez que se inmiscuyan en las competencias de la Comunidad de Madrid». Isabel Díaz Ayuso ya avanzó el pasado junio su intención de seguir liderando la oposición a Pedro Sánchez en los tribunales. Los letrados de la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo madrileño, abrieron hasta cinco procedimientos judiciales contra el Gobierno central en los dos últimos años, con la pandemia como punto de inflexión, con recursos que abarcan desde los cierres decretados durante la crisis sanitaria a los currículos de Bachillerato.
Una ofensiva con resultados dispares que esta semana sumó un nuevo frente —el sexto— a cuenta del plan de ahorro energético del Ejecutivo, que la Comunidad ha decidido ya llevar ante el Constitucional. «Madrid no se apaga», dijo la mandataria autonómica después de que el Consejo de Ministros diese el pasado 1 de agosto luz verde al real decreto-ley que lo desarrolla. Es Ayuso contra el Gobierno.
La llegada del covid-19, arrasando todo a su paso, enfrentó al Sol y a la Moncloa en numerosas ocasiones a cuenta en su mayoría por los cierres generalizados ordenados desde Sanidad a tenor de las malas cifras de contagios. Así el Gobierno regional interpuso sendos recursos contra el cierre del puente de octubre del 2020, decretado el 30 de septiembre; y el cierre de Semana Santa del 2021, dictaminado el 11 de marzo de ese mismo año. Madrid defendía sus «medidas quirúrgicas» y actuar allá donde la incidencia era mayor mientras el ministerio, dirigido entonces por Salvador Illa, apostaba por echar el cierre y ordenar el confinamiento perimetral.
Los letrados argumentaron que el Ejecutivo de Sánchez carecía de capacidad para imponer el acuerdo de este órgano porque es una institución exclusivamente dedicada a la «coordinación» y porque, según el estado de alarma vigente en ese momento, las «autoridades delegadas» que debían tomar las decisiones sobre las medidas que se ofrecen en ese decreto (entre ellas, los cierres autonómicos) eran exclusivamente las comunidades.
Restricciones a la hostelería
Durante la pandemia, el Gobierno de Ayuso también recurrió ante la Audiencia Nacional la orden del 4 de junio del 2020, sobre las restricciones en la hostelería y el ocio nocturno impuestas por el Ejecutivo central, uno de los principales campos de batalla durante lo peor de la crisis sanitaria y eje de la campaña de la dirigente madrileña en las elecciones del 4-M.
La primera entrega de los fondos europeos a las comunidades dentro del plan para ayudar a la recuperación tras la pandemia acabó igualmente en los tribunales. El Gobierno de Díaz Ayuso denunció ante el Supremo que el reparto fue «arbitrario» por qué se habían elegido a cuatro regiones —País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura— por el procedimiento de concesión directa, supuestamente saltándose los métodos establecidos para favorecer a comunidades en cuyos gobiernos participa el PSOE frente a otras. Según justificó el Gobierno de Ayuso, esa distribución se hizo aplicando «criterios sectarios y partidistas». El proceso sigue abierto.
La conocida como ley Celaá ha sido otro de los caballos de batalla en el continuo choque entre Sol y Moncloa. El Gobierno madrileño recurrió el pasado junio ante el Supremo el currículo académico de Bachillerato solicitando su suspensión cautelar por «la falta de contenidos» del mismo y su «elevada carga ideológica».
Isabel Díaz Ayuso aseguró que usaría «todas las herramientas del estado de derecho» para tratar de frenar la «doctrina» incluida en el currículo de Bachillerato, y no descartó acudir al Constitucional si se demostraba que se invadían las competencias autonómicas.
Pilar Llop advierte a la presidenta madrileña que tendrá que hacer «contorsionismo jurídico»
Un día después de su entrada en vigor el Gobierno está convencido de que el decreto-ley del plan de ahorro energético se cumplirá por parte de las comunidades autónomas pese a las quejas de la oposición y a la amenaza de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de llevar la norma ante el Tribunal Constitucional.
Una ofensiva para la que, según la ministra de Justicia, Pilar Llop, necesitará de «contorsionismo jurídico» para prosperar. Llop se basa en que el decreto aprobado por el Gobierno solo modifica determinados puntos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) relativos a los límites en recintos calefactados por lo que no ve futuro a la vía que anunciada por el Ejecutivo de Ayuso.
La titular de Justicia pidió a las comunidades autónomas estar a la altura de las circunstancias porque «además de la guerra de Rusia se vive una emergencia climática y se debe aplicar el sentido común». Al PP le afeó que no esté de acuerdo en estas medidas de ahorro cuando «el que parece ser su líder», Alberto Núñez Feijoo, «dijo hace unos días que había que adoptar medidas de este tipo», al tiempo que volvía a pedir «que ponga orden en su partido». También dijo que está «echando de menos a Pablo Casado».
En el Partido Popular se apresuraron a responder a la ministra de Justicia, al considerar que sus palabras suponen una «interferencia en una toma de decisión judicial». «Un día sí y otro también que haga estas determinaciones pone de manifiesto que el PSOE y Podemos en modo alguno respetan la separación de poderes», afirmó Pedro Rollán, vicesecretario de Política Autonómica y Local de los populares.