Madrid ve diez causas de inconstitucionalidad en las medidas de ahorro energético
09 ago 2022 . Actualizado a las 19:53 h.Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció el lunes un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas de ahorro energético del Gobierno al considerarlas «una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias». Ayer, dio a conocer los diez puntos en los que ve indicios de inconstitucionalidad.
Temperaturas
«El objetivo del Real Decreto Ley no es garantizar el suministro de gas, ya que el mismo decreto afirma que España no tiene ese problema». Por ello, el Gobierno de Madrid asegura que el Estado no puede fijar topes de temperatura en hogares y comercios.
Obligatoriedad
Al ser un acuerdo europeo que no es obligatorio seguir, la formación de Ayuso considera que puede no implementar las medidas del Gobierno.
Cierre en el trabajo
Choca con la normativa dispuesta por la pandemia del coronavirus que obliga a mantener las puertas de comercios y algunas oficinas abiertas para ventilar el interior.
Carteles informativos
El Partido Popular madrileño considera que fijar carteles informativos sobre el ahorro energético no contribuye directamente a realizar dicho ahorro, por lo que consideran dicho punto una vulneración de competencias injustificada.
Limitaciones en energías renovables y de autoconsumo
Los populares consideran que si el objetivo es ahorrar gas, el decreto se excede extendiendo las prohibiciones a las energías renovables y de autoconsumo.
Escaparates apagados
La Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid permite que estén abiertos las 24 horas del día.
Apagado de edificios públicos
El séptimo punto del documento incide en que esta medida «chocaría con la competencia del cuidado y utilización de los edificios propios de la Comunidad de Madrid».
Eficiencia energética
El Gobierno de Ayuso declara que la próxima inspección de eficiencia energética «podría exceder las bases estatales, toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico».
Duración de las medidas
Bruselas fija la duración de las medidas de ahorro energético en un período máximo de un año, mientras que el decreto aprobado por el Gobierno las extiende hasta el mes de octubre del 2023.
Antecedentes legales
El PP de Madrid estima que la configuración del decreto «puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad» en las sanciones que se puedan imponer, «tal y como sucedió en las derivadas de los estados de alarma», indican.
