El Gobierno acelera la cumbre con las autonomías para pactar el recorte eléctrico

miguel ángel alfonso MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Mariscal | EFE

Ribera dice que no van a ceder y Feijoo pide una conferencia de presidentes

08 ago 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Como en los tiempos más convulsos de la pandemia, el Gobierno está manejando la entrada en vigor del plan de ahorro energético a golpe de circunstancias. Ayer, el Ministerio de Transición Ecológica volvió a cambiar de planes y cedió ante la avalancha de críticas del PP. Adelantó a hoy la Conferencia Sectorial de Energía con las comunidades autónomas que en principio estaba convocada para mañana, a pocas horas de la entrada en vigor de las medidas.

El objetivo del encuentro es el mismo, intentar zanjar todas las dudas y la polémica que ha suscitado el decreto, pero tiene varias novedades que coinciden con lo exigido el sábado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: la nueva convocatoria estará presidida por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y contará con la presencia de todos los consejeros autonómicos del ramo. Conscientes del «ruido» que se está generando, Moncloa ha querido reforzar el carácter la cita, que ahora será más política que técnica (como era la idea en un primer momento). Se celebrará a las 10.00 horas de forma telemática y contará también con la presencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.

El Ejecutivo de coalición no había medido bien las consecuencias de la reacción airada especialmente por parte del PP, pero también del PNV. El lunes pasado, cuando se aprobó el decreto-ley en el Consejo de Ministros, calcularon que el asunto candente iba a ser la nueva Ley de Secretos Oficiales, ya que el plan de ahorro energético, en definitiva, era un compromiso adquirido con Bruselas para reducir un 7% el consumo de gas. Pero la ofensiva liderada desde Madrid por Ayuso y desde el País Vasco por el lendakari, Íñigo Urkullu, provocó que Moncloa diera rango de máxima prioridad a este asunto, sobre todo tras la obsesión reconocida por el propio PSOE en su último comité federal de que no se están comunicando bien las medidas a los ciudadanos. 

Medidas consensuadas

Desde Cambados (Pontevedra) el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, pidió ayer «parar» la aplicación del decreto ley y convocar esta semana una conferencia de presidentes en la que se consensúen las medidas. «Lamentablemente, una vez más, estamos ante una improvisación de algo que no es menor, la necesidad de ahorrar energía», zanjó.

Pero una cosa son las formas y otra el contenido. Tanto Maroto como Ribera insistieron ayer en que el plan de ahorro energético no va a sufrir cambios, y que «no valen excusas» a la hora de aplicarlo por parte de las Administraciones Públicas. También recordaron que es un mandato de la Unión Europea y que en otros países, aseguran, las medidas van a ser «más estrictas». 

La ofensiva de Ayuso

Al mismo tiempo, la ministra de Industria acusó al PP de ser el responsable de «generar todas las dudas, la desconfianza y el ruido que se ha producido ante una norma necesaria» y volvió a pedir a Feijoo que «ponga orden en su partido», en referencia a la ofensiva lanzada por la baronesa madrileña desde la misma noche en la que se conoció el contenido del decreto ley. «Madrid no se apaga», publicó en sus redes sociales.

El ruido no evitará que todos los Gobiernos acaben cumpliendo con la norma. Sin embargo, tanto el PP como el PNV van a llevar todas las dudas derivadas de la redacción de la misma. Por ejemplo, se fija a las 22 horas el horario de apagado de los escaparates con salida a la vía pública, pero no se concreta cuándo se puede volver a encender o qué pasa en el caso de los locales con cierre más allá de esa hora. Tampoco se diferencia entre tipo de negocios o su localización geográfica para fijar una temperatura mínima, que se establece por norma general en 27 grados. Ribera ya concedió que habría «flexibilidad», pero no ha concretado.