El Gobierno propone en su ley de secretos de Estado ocultarlos hasta medio siglo

M. Saiz-Pardo / P. de las Heras MADRID, TIRANA / COLPISA

ESPAÑA

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tendrá la responsabilidad de la desclasificación de la información considerada secreto de Estado
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tendrá la responsabilidad de la desclasificación de la información considerada secreto de Estado Eduardo Parra | EUROPA PRESS

El anteproyecto que se aprueba hoy es de los más restrictivos de la UE

01 ago 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Los grandes secretos de Estado, esas materias que si vieran la luz antes de tiempo podrían provocar daños «excepcionalmente graves» para los intereses de España, estarán en disposición de permanecer ocultos hasta medio siglo. Así lo determina el texto del anteproyecto de la ley de secretos oficiales que el Consejo de Ministros aprobará hoy, en su última reunión antes de las vacaciones.

El Gobierno se ha decantado por situarse en la franja más restrictiva de la UE y de los socios de la OTAN fijando un marco temporal para la desclasificación de los asuntos más sensibles —defensa y seguridad nacional— equiparable a los de los países occidentales más reticentes a levantar el velo como Francia y Alemania. El Estado galo se mueve también en un límite de 50 años para cuestiones que vulneren la defensa, aunque pueden llegar a 100 si conciernen a personas concretas. En el caso alemán, la confidencialidad va hasta los 60. España se colocará, no obstante, muy por encima de los 20 años de máximo con que el Gobierno puede blindar la información delicada en el Reino Unido, los 15 que determina la ley en Italia o los 25 de Estados Unidos.

La nueva normativa, que se llamará Ley de Información Clasificada, sustituirá a la franquista de secretos oficiales de 1968 y que faculta al Ejecutivo a mantener eternamente oculta cualquier materia que considere. 

Cuatro niveles

Según altos responsables de la Moncloa, el texto que llega hoy al Consejo de Ministros no distar mucho del borrador que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, elaboró el pasado octubre. El anteproyecto establece que la desclasificación irá de los cuatro a los 50 años dependiendo de la sensibilidad de la materia y «pudiendo prorrogarse esos plazos en algunos casos». Habrá cuatro niveles: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Se fijarán en función de la gravedad del daño que para los intereses de España pudiese provocar la difusión de los datos (extraordinariamente grave; grave; perjudicial; o desfavorable para el país).

En la actualidad, España solo regula dos categorías de materias —secretas y reservadas—, por lo que las autoridades vienen intercambiando información sensible con sus socios de la OTAN desde 1982 y con los de la UE desde 1985 sin amparo legal, usando simplemente los sellos de «confidencial» o «difusión limitada».

Los plazos del anteproyecto están muy por encima de las propuestas iniciales del PSOE, que situaba 25 años para el secreto, prorrogables a otros diez. Ahora, el texto de Bolaños es más restrictivo que el primer borrador del PP, que fijaba 25 años, y en cuestiones excepcionales, 50. 

Del agrado de Robles

El anteproyecto, según fuentes del Ejecutivo, es del agrado de la titular de Defensa, Margarita Robles, y de los altos cargos de su departamento. Aunque Defensa, como el resto de ministerios, fue apartada de esta reforma tras la llegada de Bolaños al Ministerio de la Presidencia en julio del 2021, ha sido la que más ha seguido participando y presionando para elevar los plazos.

Otra de las grandes novedades que incorporará la propuesta que comenzará su andadura parlamentaria en otoño será la creación de la figura de la «autoridad nacional para la protección de la información clasificada», que recaerá, también, en el ministro de la Presidencia, porque su departamento es de «coordinación» y «transversal». La vigente ley de 1968 dejaba la desclasificación en aquel departamento que la declaraba secreta.

Será por tanto el equipo de Bolaños el que analice las peticiones de desclasificación y el que decida sobre el levantamiento total o parcial del secreto.