El Gobierno pacta con ERC sacar el «procés» de la Justicia y acepta la ley que prima el catalán
ESPAÑA
El Ejecutivo apoya suprimir que un 25 % de las clases sean en castellano, defiende el uso en el Senado de las lenguas cooficiales y pedirá a la Eurocámara su utilización
28 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La tercera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat concluyó ayer en el palacio de la Moncloa con la rúbrica de dos acuerdos: uno más detallado sobre el impulso del catalán por el que, entre otras cosas, el Ejecutivo renuncia a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula su uso en las aulas, y otro, más vago pero no menos relevante, para «superar la judicialización» del conflicto político catalán, el gran caballo de batalla de Esquerra ante las muchas causas relacionadas con el procés aún pendientes.
Enterrada la reciente crisis del espionaje, en las últimas semanas, el Gobierno catalán había apuntado a algunas reformas legales como vía para encauzar lo que se empeña en denominar «represión» del Estado, entre ellas, la reforma del Código Penal para rebajar las penas de los delitos de rebelión y sedición, la modificación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas y la ley mordaza. El acuerdo firmado ayer no se refiere de manera específica a ninguna de ellas, pero sí habla de emprender cambios legislativos antes de fin de año.
El texto apunta a una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, podría evitar la entrada en prisión de Carles Puigdemont en caso de ser entregado a España y condenado por sedición.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, argumentó que el Gobierno sigue siendo partidario de «armonizar» la legislación penal con el resto de Europa. Negó que haya un compromiso sobre este asunto y dijo que no hay mayoría para sacarlo adelante. Bolaños no cerró, en todo caso, ninguna puerta. Solo dio a entender que es preciso que ambas partes se pongan de acuerdo sobre el contenido del futuro texto. En su intervención, en todo caso, trató sobre todo de hacer hincapié en otro punto del acuerdo, el que habla de respetar «el ordenamiento y los principios democráticos». La consejera Vilagrà lo expresó con resignación de otro modo: «Que la ciudadanía no pueda votar su futuro político en libertad es algo que estamos lejos de resolver».
ERC, sometida a una enorme presión de Junts, sí presumió, en cambio, del acuerdo «esencial y nuclear» en torno al catalán, que además de validar una norma autonómica aprobada para tratar de esquivar la sentencia que impone un 25 % de las clases en castellano y que fue cuestionada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, implica que el Gobierno impulse el catalán como lengua de uso en el Parlamento Europeo, su utilización más amplia en el Senado y se reconozca el derecho a ser «correspondido oralmente y por escrito en catalán en la Administración periférica». Con todo ello, la posibilidad de que el Gobierno recurra esa ley, de la que el TSJC había planteado dudas sobre su constitucionalidad, ha desaparecido.
«Es perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario», alegó Bolaños.
Bendodo tilda de «gran error» ceder ante el independentismo y recuerda que Moreno, Mañueco o Rueda merecen el mismo trato.
El PP aprovechó la reunión entre el Gobierno y la Generalitat para exigir a Pedro Sánchez dar el mismo trato a los barones populares con los que el presidente del Ejecutivo se reunirá hoy en el palacio de la Moncloa: el andaluz Juanma Moreno, el gallego Alfonso Rueda y el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco. Según el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, las reuniones con los distintos Ejecutivos autonómicos deberían transcurrir en los mismos términos y la que atañe al Gobierno catalán no debería suponer una «coartada» para «nuevas concesiones a Cataluña».
En este sentido, Bendodo apuntó que «el chantajista nunca se conforma con el primer pago» y que, por lo tanto, «ceder más» al Gobierno catalán sería «un gran error». Lo hizo antes incluso de trascender que los acuerdos alcanzados entre Gobierno y la Generalitat afectan a lo que PSOE y ERC han denominado «desjudicialización de la política» y «compromiso por impulsar la lengua catalana». No obstante, el coordinador general popular apuntó que los debates que giran alrededor de la mesa «no interesan en el fondo a la sociedad catalana». Y no lo hace, apunta Bendodo, porque «las prioridades de Sánchez no coinciden con la de los españoles ni las de la Generalitat con las de los catalanes».
En lo que a la lengua respecta, uno de los puntos a los más importancia se le dio por parte del independentismo al término de la reunión, Bendodo cree que el Gobierno lleva tiempo dando por bueno un planteamiento que es «erróneo desde la base». «España es una tierra rica en muchas lenguas y ninguna puede ser excluyente». En la misma línea se pronunció el alcalde de Madrid y exportavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, quien afirmó que, a su juicio, «es surrealista reunirse en una mesa de diálogo para prohibir el diálogo de los catalanes en castellano».
Vox también exteriorizó su disconformidad con la tercera mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó que lo acaecido entre ambas delegaciones supone la rendición a «los enemigos de la nación» por parte de Sánchez, a quien instó una vez más a dimitir y convocar comicios. «España no puede estar en sus manos ni un minuto más». Ciudadanos, por su parte, aludió a cómo Sánchez ya concedió el indulto a los líderes independentistas encarcelados hace ya un año y recalcó que ahora ERC lo que está pidiendo ERC es la «amnistía».