Dos policías de Estepona pactan que los 30 años de cárcel que les pedían por una violación queden en solo 2

No hubo juicio. La acusación contra dos policías locales de Estepona que se enfrentaban a una posible condena a 30 años de cárcel por violar a una joven de 18 años se diluyó en el proceso y acabó en un acuerdo con la víctima que les ha permitido eludir la prisión tras una rebaja considerable de la pena.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la víctima, solicitaban 30 y 33 años de cárcel, respectivamente, al considerar que los hechos constituían una violación y encajaban en los artículos 178, 179 y 180 del Código Penal, que contemplan penas de 12 a 15 años.

Los escritos acusatorios seguían la doctrina del Supremo y consideraban a cada uno de ellos autores de una violación y cooperadores necesarios de la cometida por el otro, lo que suponía doblar las peticiones de condena. La acusación particular añadía un delito contra la salud pública al entender que los agentes obligaron a la víctima a consumir cocaína.

Sin embargo, tal y como recoge la sentencia, las partes llegaron a un acuerdo el 22 de abril y presentaron un escrito conjunto con una nueva calificación jurídica de los hechos, que pasaron de violación a abusos, y de una petición de pena de 30 años a solo 24 meses.

Los dos agentes han aceptado este nuevo relato de los hechos, por lo que se ha dictado sentencia de conformidad -lo que supone una admisión de la culpa- por dos delitos de abusos sexuales del artículo 181.4 del Código Penal, esto es, sin violencia o intimidación y con acceso carnal, que se castiga con penas de 4 a 10 años de cárcel.

La rebaja, hasta quedarse en dos años, surge de aplicar la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que han indemnizado a la víctima con la suma de 80.000 euros que habían ingresado en la cuenta del juzgado durante el proceso, además de no seguir la doctrina del Supremo sobre la figura del cooperador necesario.

La condena lleva aparejada la inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que aparta definitivamente a ambos del cuerpo policial, un período de libertad vigilada de cinco años y una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la víctima, con la que tampoco podrán comunicarse.

Dado de ninguno de ellos tenía antecedentes penales, y como además habían satisfecho la responsabilidad civil, ni la representación legal de la víctima ni la Fiscalía se opusieron a conceder a los agentes la suspensión de la pena por un plazo de tres años.

Programa de educación sexual

La Sección Octava de la Audiencia Provincial accedió a otorgarles el beneficio de la suspensión, aunque condicionado a que no vuelvan a delinquir y a que ambos se sometan a un programa de educación sexual, como indica el auto de ejecución de la sentencia.

No obstante, uno de los magistrados, precisamente el presidente del tribunal, Pedro Molero, emitió un voto particular en el que se despacha contra la decisión de sus compañeros, a los que critica por actuar con «cierto automatismo» sin tener en cuenta la «peligrosidad criminal» de los autores, entre otros aspectos.

Relato de los hechos

El relato definitivo, que emana de los hechos probados en la sentencia, es el siguiente: la víctima, de 18 años, se desplazó a Estepona junto a dos amigos -novios entre sí- para disfrutar de unas vacaciones en el apartamento de sus padres tras acabar la selectividad.

Sobre las 5.45 horas del domingo 10 de junio del 2018, el coche en el que viajaban los tres amigos, todos «afectados por el consumo de alcohol», fue interceptado por una pareja de policías locales cerca de una discoteca de la localidad. La víctima, dice la resolución, no era bebedora habitual y se encontraba especialmente ebria, se tambaleaba y le costaba hablar con fluidez, «extremos todos ellos visibles a ojos de cualquiera».

Los agentes, «uniformados y en el ejercicio de sus funciones», se bajaron del patrulla y les preguntaron si llevaban «drogas o algo», contestando los jóvenes que no. Acto seguido, les pidieron que se apearan del vehículo.

Los policías locales, que acababan su jornada a las 6.30, les dijeron que debían dejar el coche estacionado porque habían bebido y que volvieran a casa en taxi. Luego pidieron el teléfono a la víctima para quedar con ella al terminar el turno, «llegando a manifestarles que tenían dos opciones, ir con ellos o que ellos fueran a su casa».

La joven les dijo que no tenía batería y al final fue un amigo suyo, el conductor del coche, quien les proporcionó su número, que necesitaba para que ellos le enviaran la ubicación exacta donde dejaban aparcado el vehículo (los tres eran de Madrid y no conocían la ciudad).

Los policías se presentaron al cabo de un rato en el portal del edificio de la víctima, donde coincidieron con ella y con sus dos amigos. Ante las reticencias de la joven, «que no desea en modo alguno quedarse a solas con dos policías», uno de los agentes le quitó las llaves del apartamento y del coche y manifestó: «Vale, pues todos para arriba».

La chica, matiza la resolución, no ofreció resistencia y subió de forma voluntaria. Una vez en el apartamento, ambos actuaron en todo momento con «ánimo libidinoso» y aprovecharon la «situación de prevalimiento» que su condición de policías generaba en los tres jóvenes «y especialmente en la víctima».

El tribunal recoge que uno de ellos sacó un envoltorio con una piedra de cocaína y mientras uno de ellos la consumía, el otro colocó a la chica sobre la encima de la cocina y empezó a realizarle tocamientos «sin que mediara consentimiento expreso» por parte de ella. Al ver esa escena, la amiga de la víctima salió corriendo de la vivienda y se refugió en un bar cercano, donde fue asistida por personal sanitario, que a su vez avisó a la Policía Nacional.

Mientras llegan las patrullas, el agente que había cometido los abusos se marchó del domicilio, dejando a su compañero con la víctima, quien también la forzó sexualmente, lo que ella soportó de forma pasiva «bajo la situación de superioridad que la condición de policía le otorgaba a él». La joven ha requerido tratamiento farmacológico y psicoterapéutico al sufrir un síndrome de estrés postraumático derivado de los delitos sexuales que sufrió.

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