El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE respalda a Llarena y abre la puerta a la entrega de Puigdemont
ESPAÑA
Pide que Bélgica extradite al exconsejero Puig si no prueba anomalías en el sistema español
31 ene 2023 . Actualizado a las 10:46 h.El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció ayer sobre las euroórdenes pendientes contra los exdirigentes catalanes fugados tras el referendo ilegal del 2017. El francés Richard de la Tour asegura que una autoridad judicial «no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea» alegando el riesgo de que la persona reclamada no tenga un juicio justo «si no demuestra la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al sistema judicial del Estado emisor», en este caso España.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena trasladó a la Justicia europea esta cuestión prejudicial después de que Bélgica se negara en enero del 2021 a extraditar a los encausados por el 1-O. Ahora, el abogado del alto tribunal europeo pide que Bélgica extradite al exconsejero Lluís Puig, si no dispone de datos que permitan demostrar la existencia «de un riesgo real de vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo ante un juez». Recuerda, del mismo modo, que el derecho fundamental a un proceso equitativo «no es absoluto y puede ser objeto de limitaciones». Apela también al principio de confianza mutua entre los Estados miembro, de modo que «se pueda acelerar y simplificar la cooperación judicial» para «evitar la impunidad». Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero guían con frecuencia las decisiones del TJUE.
Este caso marcará también el futuro del resto de políticos catalanes fugados, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont. La petición de extradición de Puig fue la única que tuvo recorrido, ya que las de Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín quedaron paralizadas al ocupar su escaño en la Eurocámara.
Pesimismo en el Supremo
Pero en el Tribunal Supremo no se llaman a engaño. El dictamen del abogado general del TJUE respaldando las euroórdenes del juez Pablo Llarena contra Carles Puigdemont es solo una «pequeña victoria» en un proceso que dista mucho de estar cerca de su fin. Ni mucho menos dan por seguro que el expresidente catalán vaya a acabar en el banquillo después de casi cinco años de huida, dos detenciones en Alemania e Italia e infinidad de bofetadas de los tribunales belgas durante los últimos cuatro años.
En primer lugar —explican en el entorno del instructor del procés— hay que ver qué falla el TJUE. Es cierto, recuerdan, que en cerca del 70 % de las ocasiones el tribunal acoge como suyos los argumentos del abogado general.
En el Supremo esperan que el TJUE falle entre noviembre y diciembre. Si no atendiera los argumentos del abogado general, las esperanzas de conseguir la entrega de Puigdemont se disolverían para siempre.
En el caso de que se pronuncie a favor de la entrega, como propone el abogado general, lo que supondría sería «volver a la casilla de salida», dicen en el Supremo. O sea, volver a plantear un nuevo proceso de petición de entrega basado en las euroórdenes que Llarena dictó contra Puigdemont y el resto de huidos, y que nunca se han retirado. En realidad, están «congeladas» desde que la Justicia europea aceptó estudiar la «cuestión prejudicial» de la competencia del Supremo para exigir la entrega de Puigdemont.
La única ventaja que el Supremo tendría en el nuevo proceso es que los jueces belgas no podrían alegar sus dudas sobre la supuesta falta de garantías procesales en España dejando entender que se trataba de una persecución política. Y eso siempre que Puigdemont siguiera viviendo en Bélgica. Si cambiara de país, el abanico de trabas podría volver a comenzar.
Pero hay otra cuestión que hace casi imposible hacer un pronóstico sobre la suerte judicial de Puigdemont. El pasado 22 de mayo, el TJUE acordó devolverle de forma cautelar la inmunidad de la que gozaba como eurodiputado hasta marzo del 2021, cuando la Eurocámara atendió el suplicatorio del Supremo y le quitó el aforamiento. O sea, que queda un proceso pendiente para decidir sobre su inmunidad.