Los espías robaron del móvil de la ministra de Defensa datos sobre la seguridad nacional

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Margarita Robles, a su llegada a la Comisión de Defensa en el Congreso
Margarita Robles, a su llegada a la Comisión de Defensa en el Congreso Marta Fernández Jara | EUROPAPRESS

El juez Calama sostiene que en el caso de Margarita Robles se sustrajeron datos con Pegasus cuyo propósito no sería favorecer a otro Estado

05 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Fueron apenas nueve megabyte de datos. El volumen de información extraído en junio del 2021 del teléfono de Margarita Robles con el programa Pegasus. A diferencia de las terminales del presidente Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que alcanzaron 2,6 y 6,3 gigas respectivamente, el hackeo del dispositivo de la titular de Defensa parecía insustancial. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de investigar el espionaje a las altas instituciones del Estado, considera que el contenido sustraído a Robles sí tiene relevancia para la seguridad nacional.

«La exfiltración de información del dispositivo de la ministra de Defensa (...) podría integrar, además, algunos de los delitos relativos al descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa nacional», relata el instructor.

La resolución de Calama, en la que rechaza la pretensión de la Abogacía del Estado de oponerse a la admisión de la personación de una acusación popular —el grupo de juristas europeos Pro Lege —, amplía la investigación en el caso de Robles al delito del artículo 598 del Código Penal. Este tipifica la responsabilidad del que, «sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar». Una conducta castigada con prisión de uno a cuatro años.

El juez responde a la Abogacía que estos hechos son propios de un delito público que afecta a los intereses generales y no un ilícito privado. La presencia de información sustraída que afecta a la seguridad nacional explicaría que el Consejo de Ministros autorizase a finales de mayo la desclasificación de documentos y el conocimiento de su contenido para facilitar el trabajo del juez. Uno de los asuntos que pretende aclarar Calama es el funcionamiento de Pegasus, el programa israelí a cuyo responsable pretende interrogar, al igual que al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en este caso por escrito.