El juez responde a la Abogacía que estos hechos son propios de un delito público que afecta a los intereses generales y no un ilícito privado. La presencia de información sustraída que afecta a la seguridad nacional explicaría que el Consejo de Ministros autorizase a finales de mayo la desclasificación de documentos y el conocimiento de su contenido para facilitar el trabajo del juez. Uno de los asuntos que pretende aclarar Calama es el funcionamiento de Pegasus, el programa israelí a cuyo responsable pretende interrogar, al igual que al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en este caso por escrito.
