Las diferencias entre los socios impiden la reforma prometida por Sánchez en el 2018
04 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.En el Congreso ya nadie da por seguro que la reforma de la ley mordaza vaya a salir adelante en esta legislatura a pesar de que desde las elecciones generales de diciembre del 2015, sobre el papel, ha venido existiendo una mayoría parlamentaria favorable a derogar la norma de seguridad ciudadana. La ley mordaza ha cumplido este 1 de julio siete años en vigor con una mala salud de hierro. En las hemerotecas queda la promesa en el 2018 de Pedro Sánchez en la moción de censura de fulminar esta ley de la etapa de Mariano Rajoy y que fue recurrida por los socialistas ante el Tribunal Constitucional antes de que entrara en vigor.
La polémica normativa sobrevive porque el Gobierno y sus socios están enfrascados desde el 2020 en discusiones interminables sobre borradores en ponencia, sin siquiera haber tratado la cuestión en comisión. No hay avances sustanciales en las cuestiones de enjundia, confiesan algunos de los miembros de la ponencia, a pesar de que los trabajos empezaron hace cuatro años y medio, todavía con el PP en el poder, con textos del PNV y el PSOE.
Tras dos elecciones generales y una legislatura fallida, ahora el punto de partida es el texto de enmiendas que socialistas y Unidas Podemos presentaron en noviembre del pasado año. Pero desde entonces, los avances son mínimos y eso que se suceden las «reuniones preparatorias» de los seis grupos favorables a la reforma —PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts— para intentar presentar un articulado.
El Gobierno y sus socios siguen aplazando los artículos más polémicos. En algunas ocasiones no hay siquiera consenso entre los dos partidos del Ejecutivo.
No hay acuerdo sobre una nueva definición de qué debe ser desobediencia a la policía. La mayoría de los que están a favor de la reforma apuestan por castigarla solo si hay «oposición corporal o fuerza física». Sin embargo, ERC, cuyos 13 diputados son imprescindibles para lograr los 176 votos que necesita la reforma, quiere suprimir este artículo. El uso de las pelotas de goma es otro de los puntos aparcados. ERC y Bildu defienden su prohibición y los socialistas se inclinan por no vetarlas. Tampoco hay entendimiento en las multas por faltas de respeto a los policías. Los socialistas no querían tocar la redacción. Pero el debate sobre qué es «humillante» y qué es «ofensivos» se ha convertido en bizantino, admiten responsables parlamentarios. Otro punto de fricción son las expulsiones en caliente, que el PP introdujo con calzador en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Los socialistas, después de que el Constitucional bendijera estas deportaciones exprés, quieren sacarlas para introducirlas en la ley de extranjería, mientras que sus socios pretenden que desaparezcan de toda norma.
El PSOE no ve con buenos ojos la supresión de la presunción de veracidad de las declaraciones de los agentes que piden sus aliados de la investidura y que ha soliviantado a los policías. Otra batalla es la exigencia de los socios de que se endurezcan las condiciones en las que los agentes puedan realizar identificaciones en la vía pública. Quieren que deban probar antes de pedir el DNI que haya «constancia» de un delito o «claros indicios».
Los minoritarios tienen difícil convencer a los socialistas de que muchas de las faltas tipificadas como leves y castigadas con hasta 600 euros dejen de serlo. Se trata de ilícitos tales como la ocupación de inmuebles, no llevar encima el DNI, la negativa a enseñar la documentación y el escalamiento de edificios, entre otros.